Cuatrecasas Wealth Management

¡Feliz OPA, inversor!

Asistimos a un momento en el que las operaciones de fusiones y adquisiciones sobre nuestras empresas empiezan a cobrar un auge desconocido en los últimos años. La paulatina recuperación de la confianza de los inversores internacionales en España por apreciar unas mejores perspectivas económicas, unida a unos precios altamente atractivos en comparación con otros mercados bien podrían ser la causa de ello.

Cuando el objeto de deseo del potencial adquirente es una participación mayoritaria o absoluta en una compañía admitida a negociación en un mercado secundario oficial español, nuestra normativa del mercado de valores (Ley 24/1988 de 28 de julio), impone la necesidad de realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre la totalidad de las acciones de la entidad. Este proceso, regulado, complejo y que puede culminar con mayor o menor éxito, tiene un efecto directo para aquellas personas que finalmente transmiten las acciones de la compañía adquirida (“opada”, en el argot financiero) y que reciben algo a cambio: dinero o acciones de la sociedad adquirente.

Dejaremos a un lado el primero de los casos –la contraprestación en metálico- para centrarnos en aquellos otros en los que los inversores privados e institucionales destinatarios de una OPA, al aceptarla experimentan una mutación en la composición de sus respectivos patrimonios expresada en la sustitución de los títulos de la sociedad adquirida por unos nuevos, representativos de los fondos propios de la adquirente. Este mecanismo suele ser el más frecuente tratándose la adquirente también de una compañía cotizada por dos razones; (i) las nuevas acciones que se entregan a quienes acuden a la OPA, al estar igualmente negociadas, gozan de una liquidez relativamente asimilable al dinero y (ii) facilitan al adquirente la financiación de la operación de adquisición, al autofinanciarse con la emisión de los nuevos títulos. Todos felices. ¿O no?

En principio podemos decir que quien acude a una OPA como la descrita es porque entiende que obtiene algún beneficio en el intercambio accionarial, con lo que algo de felicidad se le puede presuponer. Pero, como casi siempre que se realiza algún negocio jurídico, no debemos olvidar que las distintas normas fiscales prevén hechos imponibles cuyo coste debe medirse en aras de conocer el beneficio realmente obtenido en la transacción. Y el caso de las OPAs no es distinto.

El preceptivo folleto explicativo de la OPA, documento que contiene la información necesaria para que los inversores conozcan los detalles de la oferta, suele incluir un apartado detallando el régimen fiscal aplicable, lo que facilita esta tarea pero, sobre todo, es obligatorio que detalle aquellos acuerdos adoptados por la sociedad oferente respecto de la operación que impliquen la aplicación de un determinado régimen fiscal a la operación. Nos explicaremos.

El régimen general aplicable para quienes acuden –voluntaria o forzadamente- a la OPA e intercambian sus acciones por las nuevas, somete a tributación con carácter general la supuesta renta generada en dicha transacción en sus respectivos impuestos personales (IRPF, Impuesto sobre Sociedades o Impuesto sobre la Renta de los No Residentes, según corresponda). Efectivamente, salvo algunas excepciones para residentes en determinados estados (inversores extranjeros), los tres tributos consideran que existe bien una ganancia (personas físicas), bien una renta (personas jurídicas y fondos), por diferencia entre el coste de las acciones entregadas y el valor de mercado de las recibidas. Consecuentemente, potencialmente puede devengarse un impuesto sin que el sujeto pasivo haya obtenido liquidez alguna con la que atender el pago del tributo.

Ante esta situación y en evitación del efecto que sobre el valor de cotización post-OPA pudiera experimentar la acción en cuestión como consecuencia de ventas masivas por los inversores destinadas al pago de sus tributos, es frecuente que la entidad adquirente acoja la operación al régimen fiscal especial de neutralidad, previsto en la normativa comunitaria y desarrollado en nuestro país en el seno del Impuesto sobre Sociedades (Capítulo VIII del Título VII de la Ley). En tal caso, es obligatorio tanto un acuerdo específico del órgano social de la entidad adquirente competente para ello, como una mención específica en el folleto explicativo. Este régimen de neutralidad, cuando se aplica, tiene un doble efecto:

  • Por un parte, evita que los transmitentes deban integrar una renta como consecuencia de la transmisión, si bien los nuevos títulos conservarán el coste de adquisición y la antigüedad de los transmitidos.
  • Por otra, hace que la sociedad adquirente (la ofertante en la OPA) incorpore a su patrimonio las acciones adquiridas de la sociedad objeto de la oferta (la opada) por un valor fiscal equivalente al que tenían en el patrimonio de sus socios conforme a la normativa de sus respectivos impuestos, excepto que el valor de mercado fuera inferior a aquel, en cuyo caso se valoran por éste. Como fácilmente pueden imaginarse, este es un punto especialmente complejo para la entidad ofertante, por cuanto que las OPAs son procesos en los que confluyen numerosos inversores con carteras de acciones de composición muy diversa, lo que dificulta enormemente dicha acreditación.

Lo anterior nos lleva a concluir que la delimitación del régimen fiscal aplicable a la OPA es un factor fundamental para determinar su impacto económico real y que una adecuada configuración del mismo puede ayudar a que el proceso resulta exitoso tanto para el oferente, como para los inversores que acuden a él. Estén vigilantes. En cualquier caso, les deseo una feliz OPA.


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