Con Lupa

El honor perdido de la banca española y la necesidad de acabar con los abusos de bancos y banqueros

En El honor perdido de Katharina Blum, una de las grandes novelas de la literatura alemana de la posguerra, Heinrich Böll indaga sobre el origen de la violencia y las consecuencias de esa violencia ejercida contra un individuo o un colectivo humano. Böll, un escritor identificado con la causa de los más pobres, cuenta la historia de Katharina, una mujer que, viendo su honor arrastrado por el barro tras la implacable persecución a la que es sometida por un periodista gráfico, termina disparando contra el hombre que ha destrozado su vida. Conceptos tales como el honor o la fama no existen en el negocio bancario, regido por la suprema ley del beneficio. Tampoco la vergüenza, una virtud moral que el banquero pierde en cuanto pone pie en la sala del Consejo de Administración. Sí, existe, en cambio, el miedo, la más temible de las humanas pulsiones. Miedo a perderlo todo como resultado de la venganza de aquellos que, hartos de la violencia ejercida por los dueños de dinero, podrían decidirse un día a terminar con el negocio por las bravas.

La banca española se ha asustado mucho tras la conmoción social provocada por los suicidios ocurridos en el momento de proceder al desahucio de algunas familias que no podían seguir pagando la hipoteca. Asustada por los abusos cometidos. Imposible abordar en el marco de un artículo el papel que la banca ha jugado en la Economía y la Historia de España en los últimos siglos. Si de muestra vale el botón de la actual crisis, baste decir que su protagonismo ha sido determinante tanto en el origen como en el estallido de la burbuja inmobiliaria que la ha provocado. Testimonio, uno entre mil, de un empleado bancario: “Nos citaba el jefe de zona y nos echaba la bronca, muy nervioso, porque el BBVA o el Santander o quien fuere había concedido un 10% más de hipotecas que nosotros el mes pasado y eso no podía ser, que si estábamos dormidos…” Había que presumir de beneficios, maricón el que bajara del 20% anual, y uno hubo que hizo de los 10.000 millones una especie de tótem al que rendir pleitesía. Cuando la crisis ya era una evidencia, muchos de ellos, particularmente en el subgremio de las Cajas, se apresuraron a llevárselo crudo con indemnizaciones y jubilaciones millonarias, en un ejercicio de latrocinio colectivo sin parangón conocido. No se sabe de nadie que a estas alturas esté en la cárcel.

Un solo caso, el suicidio en Baracaldo de Amaia Egaña el viernes 9 ha sido, sin embargo, suficiente para abrir el tarro de las emociones colectivas

Para poder hacer de su capa un sayo, el sector ha dispuesto a voluntad de los buenos oficios del regulador, el Banco de España en este caso –escandalosa la forma en que Alfredo Sáenz, un señor que sigue en la brecha a pesar de estar condenado en firme, mandó en la casa durante la gobernación de Fernández Ordóñez-, dispuesto a consentir todo tipo de trapacerías y mirar hacia otro lado, y de la lisonja, no menos cómplice, del poder político del turno, con Emilio Botín convertido en asesor personal de Rodríguez Zapatero durante años. Cuando la banca financia a fondo perdido a todos los partidos, es difícil que la clase política se decida un día a legislar para poner coto, en defensa de los consumidores, a tantos de sus abusos, y más difícil aún si al presidente del Gobierno de turno le estamos ayudando a financiar su casa a tipo de interés de amigo. Y de repente llegan los desahucios, y alguna gente, pobre gente, decide tirarse por la ventana en un arranque de desesperación incomprensible para un banquero. Y llega el miedo.

Por uno de esos fenómenos de onda expansiva tan difíciles de prever como de explicar en periodismo, resulta que el número de desahucios de primera vivienda realizados en España entre 2008 y 2011 apenas ronda los 5.000, y los de este año no rebasan el millar. La confusión arranca de la estadística que trimestralmente realiza el CGPJ sobre los “Efectos de la crisis en los órganos judiciales”, según la cual, en los cuatro años de referencia se produjeron en España 323.495 ejecuciones hipotecarias y 166.716 “lanzamientos” (desalojos), cifra que incluye inquilinos expulsados por impago del alquiler, locales comerciales, fincas urbanas o rústicas, promociones de empresas en concurso, demandas judiciales culminadas finalmente con acuerdo, etc. Un solo caso, el suicidio en Baracaldo de Amaia Egaña el viernes 9 ha sido, sin embargo, suficiente para abrir el tarro de las emociones colectivas. La propia patronal bancaria se adelantó a anunciar la suspensión temporal de los desahucios, y otrosí hizo el Gobierno, que este jueves aprobó un Decreto en tal sentido, acompañado del anuncio de creación de un parque oficial de viviendas para familias en apuros.

Romper la columna vertebral de los derechos adquiridos

Como ocurre con harta frecuencia, es posible que el tsunami de los desahucios pase pronto a segundo plano, barrido por la actualidad rampante de cualquier nuevo episodio colectivo, a menos que el Gobierno se decida a legislar en defensa de los intereses de la mayoría. La palabra se llama liberalizar: acabe usted con las históricas ventajas de la banca, es decir, liberalice, suelte amarras, rompa la columna vertebral de los derechos adquiridos/abusivos de las entidades, ponga coto al cobro desmesurado de comisiones, impida esos intereses de demora draconianos, prohíba la existencia de las tasadoras propiedad de los bancos, legisle para que la letra pequeña de la hipoteca no engañe al español de a pie (y, de paso, meta en la cárcel al banquero/bancario que trate de vender productos sofisticados a la viejecita del lugar).  

Se trata, en definitiva, de dotar a los consumidores de los instrumentos jurídicos pertinentes para protegerse de los abusos de la banca, un largo capítulo que debería comenzar por una revisión a fondo de la Ley Hipotecaria, ley tan vieja como abusiva, ley sumarísima que deja al deudor hipotecario sin otra salida que el pago, ley que, en realidad, se estableció para defender los intereses del capital financiero con la anuencia de los Jueces, otro de los pilares de esta España negra que entre todos hemos de cambiar. Ley que consagra un acuerdo contractual entre acreedor y deudor claramente asimétrico a favor del primero. ¿Qué sentido tiene seguir pagando el crédito después de embargado el piso? La dación en pago parece un asunto de sentido común, sobre todo si tenemos en cuenta que el banco rara vez pierde, porque, a cuenta de la peculiar forma de contabilizar los créditos –la clave del prorrateo de los intereses-, el importe del mismo se recupera mucho antes de su vencimiento. La voz pasiva de esta anomalía viene marcada por la sorpresa del hipotecado que, deseando en un momento dado rescindir su hipoteca, se encuentra con que apenas ha empezado a amortizar el principal a pesar de llevar pagando religiosamente su cuota mensual desde hace cinco o incluso diez años.

Algo falla en un país con cerca de tres millones de pisos cerrados, cuyos dueños prefieren tenerlos vacíos antes que ponerlos en alquiler

Los expertos argumentan también la necesidad de desarrollar una Ley de Bancarrota personal, una ley concursal para las familias que proteja sus intereses en caso de endeudamiento sobrevenido, de forma que si en un momento dado no le es posible atender el pago de sus obligaciones pueda acogerse a su particular concurso de acreedores. Urge, en fin, modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos para desarrollar un mercado de alquiler competitivo. En este sentido, la tentación populista del Gobierno Rajoy a la hora de legislar es cada día más evidente. Hacer un parque público de casas de alquiler es algo que hubiera soñado Franco, que de hecho hizo las casas de protección oficial, las famosas “casas baratas”, y ha sido también empeño del PSOE, y ahí está el caso de la por otro lado brillante María Antonia Trujillo y sus “minipisos” como prueba. ¿El Estado convertido en una gran agencia inmobiliaria? No, por favor. Algo falla en un país con cerca de tres millones de pisos cerrados, cuyos dueños prefieren tenerlos vacíos antes que ponerlos en alquiler. Falla que el Gobierno tiene que acabar con mil y una rigideces y liberalizar el mercado de la vivienda de una maldita vez.

El Ejecutivo aprobó también el jueves el Real Decreto que regula el funcionamiento del “banco malo”, una idea acogida al espejismo de liberar el balance de los bancos de activos inmobiliarios tóxicos para que puedan dedicarse a lo suyo, es decir, a captar pasivo y conceder créditos, el ancestral oficio de la usura que nunca debiste abandonar, forastero, además de tratar de dinamizar el sector inmobiliario. Sin espacio material para tratar aquí de las implicaciones de la medida, interesa constatar que la botadura del Sareb, que así se llama el invento, ha puesto de manifiesto un asunto de importancia para el futuro del actual equipo de Gobierno, como es el divorcio casi total existente entre bancos y banqueros españoles y el ministro de Economía, Luis de Guindos, plasmado ahora con la negativa de Francisco González, presidente del BBVA, a participar en el capital de la cosa, algo que, unido a la falta de interés de los fondos de inversión extranjeros, permite augurar un futuro problemático al invento, aunque, naturalmente, habrá que esperar el resultado de la inevitable llamada de Rajoy a su amigo FG: “Paco, no nos puedes dejar tirados”.

Irresponsables que aún no se han enterado de la crisis

Conviene recordar que la creación del banco “pésimo” es parte del compromiso adquirido por España para recibir la ayuda –aún por llegar- europea (MEDE) de hasta 100.000 millones para sanear la banca, de la que se espera utilizar unos 40.000 millones, suma que, unida a la futura emisión de deuda del Sareb y a las aportadas por las operaciones conocidas como Frob-1 y Frob-2, elevan la cifra total del saneamiento del sector financiero a la friolera de 100.000 millones de euros. He ahí un país dedicando todos sus recursos, hasta quedar exangüe, en la salvación de un sector cuyos protagonistas a menudo tan reacios, tan poco solidarios, tan salvajemente egoístas se muestran en defensa de los intereses generales.

El miércoles supimos por este diario (López-Fonseca y Alba) que el presidente de Bankia, Goirigolzarri, puesto e impuesto por la autoridad competente, piensa gastarse durante el bienio 2013-2015 casi 610 millones en indemnizar a 1.149 empleados mayores de 55 años, a razón de 529.000 euros per cápita. Y todo para ahorrar 213 millones en gastos de personal. “Se desprende que la política salarial y de prejubilación del Grupo BFA [Bankia] sigue sin gestionarse como una empresa en crisis”, dice textualmente el informe de la Comisión Ejecutiva del BdE, responsable de la revelación. Lo que equivale a decir que en esta España en ruina todavía hay irresponsables, normalmente gente instalada en el sector financiero, que aún no se ha enterado de la crisis y de que hay personas que se tiran por la ventana cuando su propio banco procede a embargarles su piso. El viernes supimos también que Belén Romanase embolsará 500.000 euros anuales por dirigir el Sareb, cargo para el que ha sido nombrada por el dedo de De Guindos.

La Comisión Europea, por boca del comisario Rehn, ha hecho esta semana un tan inesperado como valioso regalo al Ejecutivo Rajoy, al liberarle de acometer nuevos recortes en lo que queda de 2012 y en 2013. Es imperativo que el Gobierno de España utilice ese descansillo para acometer las reformas pertinentes, reformas inaplazables en el terreno de la liberalización de la Economía, con la vista puesta en la defensa de los intereses de los consumidores, que no de los grupos de presión, para, entre otras cosas, poner en su sitio a esas oligarquías financiero-bancarias que han campado por sus respetos a lo largo y ancho de la Historia de España.


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