Con Lupa

¿Para cuándo una declaración de bienes, Majestad?

Una iniciativa digna de aplauso. La determinación del Rey de dar cuenta pública del reparto de los 8.434.280 euros que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) correspondientes a 2011 fijaron para el “sostenimiento” de la Familia y la Casa del Rey, debe ser saludada como una decisión acertada, que equipara a nuestra Familia Real con prácticas que son habituales desde hace mucho tiempo en monarquías constitucionales de nuestro entorno. Casi una cuestión de higiene democrática que, sin embargo, llega llamativamente tarde -nada menos que 36 años después de la llegada al trono de don Juan Carlos-, y lo hace, además, obligada por el escándalo que rodea al yerno del Monarca, Iñaki Urdangarin, marido de la infanta Cristina.

Una decisión inteligente, sin duda, que busca recuperar imagen para la Corona, y que el Rey concede gratia et amore porque el pueblo soberano, la sociedad española en su conjunto, bien podría haber pasado otros 36 años, incluso el doble, sin reclamar tan elemental “destape”, que tal es la cultura democrática en nuestro país. Como uno no se encuentra entre los cientos de miles que ayer lloraban a moco tendido en Pyongyang al paso del féretro del tirano Kim Jong-il, ni entre los cientos que ovacionaron durante dos largos minutos al Rey en las Cortes, conviene decir enseguida que lo desvelado tiene un interés  relativo, incluso muy relativo, y desde luego está lejos de lo que sería un política de ventanas abiertas plenamente democrática.

A estas alturas de la historia de nuestra democracia, transcurridos esos 36 años antes citados, la única forma de alicatar hasta el techo la imagen desgastada de nuestra Familia Real consistiría en hacer una declaración pública de bienes de Su Majestad, de forma que los españoles supieran cuál es su patrimonio y donde está residenciado. Sería una decisión arriesgada, pero valiente, que tendría la gran virtud de acabar de un plumazo con las insinuaciones que a día de hoy es posible encontrar en cualquier foro de internet de cualquier web española, desde la más rabiosamente radical hasta la más pretendidamente sería, sobre la fortuna amasada por el Rey en las últimas décadas. Una iniciativa que pondría en valor la apelación a la “honestidad y transparencia” a la que el príncipe Felipe se referió recientemente en Barcelona, y la exigencia de “ejemplaridad” que el propio don Juan Carlos reclamó a la clase política en su reciente mensaje de Navidad.

Los representantes del pueblo soberano en el Parlamento de la nación hace tiempo que están obligados, por Ley, a hacer pública declaración de bienes, de modo que no estaría de más que el titular de la Corona  (“Nos, que somos tanto como vos, pero juntos más que vos, os hacemos principal entre los iguales…”) secundara tan sana costumbre. Junto a esa declaración de bienes y como complemento inexcusable, la Casa del Rey debería hacer pública la declaración de la renta del Monarca, para que los ciudadanos pudieran conocer lo que, como cualquier español, paga al fisco por la asignación que recibe de los PGE y por los rendimientos de capital. Así pues, pública declaración de bienes y público muestreo de la última declaración de la renta. Entonces, y solo entonces, estarán los ciudadanos seguros de contar al frente del Estado con la persona más virtuosa del mundo. Todo lo demás, más parece tinta de calamar que reclamada virtud.

El pozo sin fondo de Patrimonio Nacional

El desglose desvelado ayer, por lo demás, deja alguna que otra incertidumbre y no pocos interrogantes. Se dice, por ejemplo, que el Rey recibió en 2011 un total de 292.752 euros brutos, 140.519 en concepto de sueldo personal (tributa al 40% a efectos del IRPF) y 152.233 en concepto de gastos de representación (no tributa), suma esta que en realidad es un complemento a la “paga” del Rey, y que se asemeja en mucho a una retribución en especie, sujeta a todos los efectos al impuesto sobre la renta. ¿Cómo es que, entonces, no tributa? Misterio.

El "destape" de ayer está plagado de trampas, porque a esos 8,4 millones de euros habría que sumar, como mínimo, otros 5,9 millones que en 2007 figuraron en la sección del Ministerio de Administraciones Públicas bajo el epígrafe "Apoyo a la gestión administrativa de la jefatura del Estado", y que se destinan al pago de los salarios de buena parte de los empleados de la Casa Real (unos 500). Más importante aún es ese cajón de sastre llamado Patrimonio Nacional, organismo público propietario de los palacios históricos (más los pinares de Valsaín, el Valle de los Caídos, y otros) así como los que actualmente habita la Familia Real: la Zarzuela, la casa de los Príncipes, y la Almudaina (Palma). Pues bien, ninguno de los gastos que lleva aparejado el mantenimiento, cuidado y servicio de esos palacios corre a cargo de la partida de los PGE, sino del presupuesto de Patrimonio Nacional (140 millones), que no desglosa lo que dedica a cada palacio y que suele correr incluso con la cesta de la compra de la Zarzuela.

La misma nebulosa rodea el coste que para el Parque Móvil del Estado supone el mantenimiento de los automóviles que utiliza el Rey, como tampoco lo que el Ministerio de Asuntos Exteriores dedica a sufragar los gastos derivados de los viajes de Estado que realiza el Monarca o su familia. Elogiable iniciativa, pues, la adoptada por el Rey Juan Carlos dando un primer brochazo sobre el desglose del dinero que recibe de los impuestos que pagan los españoles, pero claramente insuficiente para satisfacer la demanda de luz y taquígrafos que reclama una sociedad democrática en su mayoría de edad. En el supuesto de que sea democrática y mayor de edad.


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