OPINIÓN

La nacionalista catalana que no quiso atender mi propuesta de referéndum constitucional

¿Qué pensarán los señores Puigdemont, Junqueras, así como todos los separatistas catalanes, al saber que una compañera suya responde públicamente a un ciudadano que las decisiones políticas de especial transcendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos de España?

La nacionalista catalana que no quiso atender mi propuesta de referéndum constitucional.
La nacionalista catalana que no quiso atender mi propuesta de referéndum constitucional.

Inmersos, como estamos, en medio de dos frentes fundamentales para el futuro de España, como son el proceso electoral catalán y la esperada reforma constitucional, hoy quiero compartir con ustedes un hecho dónde, hace cinco años, una nacionalista catalana, Dña. Concepció Ferrer i Casals, adjunta al Defensor del Pueblo, rechazó mi propuesta para convocar un referéndum constitucional.

En otoño de 2012, después de comprobar que, tras la devastación provocada por el PSOE, el Partido Popular incumplía todas las promesas que le hicieron llegar al poder, disponiendo de una mayoría aplastante tanto en las Cámaras como en las Comunidades Autónomas, y viendo que, lejos de reparar los desmanes provocados por los socialistas, los populares conducían al país a un desastre sin paliativos, me decidí a enviar el siguiente escrito al Defensor del Pueblo para tratar de erradicar el siniestro sistema que concede a la oligarquía de partidos el poder absoluto sin ningún tipo de separación de poderes y representatividad que proteja a los ciudadanos de los actos cometidos por estos perversos personajes

Según los datos Oficiales del Censo Electoral de abril de 2012, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la población española con derecho a voto se sitúa en 37,8 millones de personas. De ellas, 22,7 millones de personas (el 60,5%) NO hemos votado ni ratificado la Constitución Española de 1978 por motivos de Nacimiento, y por lo tanto desarrollamos nuestra ciudadanía con un Texto Constitucional impuesto.

Debemos señalar que esta vulneración estará afectando también a todos los descendientes menores de edad de los que tenemos patria potestad.

El Artículo 14 de la Constitución de 1978 establece que los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de Nacimiento.

Por lo tanto, en mi opinión, existe una violación de un Derecho Fundamental de 22,7 millones de personas si no se nos permite ratificar el actual Texto Constitucional habiendo alcanzado la mayoría de edad, ya que constituye un interés legítimo para 22,7 millones de ciudadanos españoles que se preserve su derecho a ratificar o, en su caso, a revocar el Texto Constitucional vigente.

Por todo ello, ruego al Defensor del Pueblo que inste al Presidente del Gobierno de España y a las Cámaras Legislativas (Congreso y Senado) de acuerdo al Artículo 166 de la Constitución Española, mediante propuesta parlamentaria en Cortes, para que se convoque un referéndum de carácter vinculante al censo de población afectado, y de este modo se restablezca la violación del derecho fundamental de los ciudadanos afectados.

Dado que es de especial relevancia la opinión de la población afectada, al tratarse de más de 3/5 partes de la los ciudadanos españoles con derecho a voto, se debe recomendar a los órganos legislativos y ejecutivos que el referéndum se extienda a la totalidad de la población con derecho a voto.

También ruego al Defensor del Pueblo a que, en el caso de que esta queja no sea tenida en consideración por parte de los órganos ejecutivos y legislativos del Estado Español, y por lo tanto consideren que no se está violando ningún Derecho Constitucional y no debe realizarse el referéndum, eleve este hecho a petición de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional según establecen los artículos 53.2, 161 y 162 de la Constitución Española, y el Título III de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Es materia sobradamente conocida por todos que el Sistema sólo puede ser cambiado desde dentro del Sistema, y esta propuesta era una idea fundamentada en este principio.

Antes de lanzarla fue contrastada con expertos en la materia que me dieron su opinión, muy distintas unas de otras, pero fundamentadas y respetables. Ahora bien, todas coincidían en que en ningún caso el Defensor del Pueblo apoyaría la hipótesis planteada. ¿Por qué razones? Veamos algunas.

En un caso, el experto señalaba que el problema planteado “no es ninguna tontería”, siendo uno de los problemas más difíciles en la historia del Derecho Constitucional, pero que el Defensor del Pueblo apelaría a que quiénes refrendaron la Constitución no actuaban en nombre de "sí mismos", como individuos, sino de la "Nación", y por eso la Constitución también se aplica a quienes no la votaron o la votaron en contra, cosa que no sería posible si esos votantes fueran, cada uno de ellos "soberanos”.

Otro experto dudaba que el Defensor del Pueblo triunfara en este caso, pues, aunque tiene legitimación para interponer el recurso de amparo ante una decisión en Cortes, sería el propio Tribunal Constitucional quién la desestimara

En otro caso el experto dijo que el Defensor del Pueblo no aceptaría la propuesta, entre otras razones, porque si se aplicase este razonamiento a las leyes y demás normas, la ausencia de legitimación “temporal” llevaría a la derogación de todas ellas.

Finalmente, otro experto dudaba que el Defensor del Pueblo triunfara en este caso, pues, aunque tiene legitimación para interponer el recurso de amparo ante una decisión en Cortes, sería el propio Tribunal Constitucional quién la desestimara a través de la Sala correspondiente alegando que este tipo de decisiones están garantizadas por el Reglamento del Congreso.

Efectivamente, la respuesta de Dña. Concepció Ferrer i Casals fue negativa, pero lo realmente sorprendente es que no tenía nada que ver con lo que pronosticaron los expertos. He aquí

Según el artículo 54 de la Constitución y la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, la misión del Defensor del Pueblo es la defensa de las libertades públicas y de los demás derechos básicos reconocidos en el Título I del Texto Constitucional, cuando resulten infringidos por la actuación de la Administración pública, a la que en ese aspecto se supervisa.

En lo que se refiere a la solicitud planteada en su escrito, le informamos que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92 de la Constitución Española, las decisiones políticas de especial transcendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. Una Ley Orgánica regulará las condiciones y procedimientos de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución.

Por otra parte, debemos indicarle que esta Institución carece de competencias en el ámbito legislativo y cualquier modificación de las leyes debe debatirse en las Cortes Generales, órgano de representación de la soberanía nacional y donde están representadas todas las voluntades de los españoles. Por todo cuanto antecede, esta Institución no puede intervenir en la cuestión que ha sometido a nuestra consideración.

Como el lector podrá comprobar, Dña. Concepció Ferrer i Casals me citó el procedimiento constitucional para convocar un referéndum, pero omitió sus obligaciones, primero en estudiar si la queja era fundada, y segundo en trasladar consulta al ejecutivo y al legislativo sobre la presunta vulneración de derechos fundamentales que le expuse.

Primero afirmó que el Defensor del Pueblo tiene como misión la defensa de las libertades y derechos recogidos en el Titulo I de la Constitución. Sin embargo, omite responder a la pregunta de si se está vulnerando un derecho fundamental por razones de nacimiento recogido en el Artículo 14, Capítulo II, Titulo I de la Constitución.

Asimismo, alegó que no podía atender la demanda porque no tiene competencias para modificar las leyes, cuando lo único que se le ha pedido es que eleve la consulta a los órganos legislativos para que estudien si es necesario convocar un referéndum en el caso de que se esté vulnerando un derecho fundamental.

Como consecuencia de ello, volví a dirigir un escrito al Defensor del Pueblo solicitando aclaraciones

Le escribo en relación a su respuesta (adjunta) relativa a la propuesta del expediente 12012700 (adjunta), ya que obtengo la conclusión de que la queja no ha sido respondida, por lo que procedo a realizar una serie de clarificaciones que ayuden a ello.

Con el amparo que la Constitución otorga al Defensor del Pueblo para defender las libertades públicas y los derechos fundamentales recogidos en el Título I de la Constitución Española, es mi deseo que me responda afirmativamente o negativamente a las siguientes cuestiones:

- Si se está vulnerando un derecho fundamental por razón de Nacimiento de los más de 22,7 millones de españoles que, según el censo de 2012, no hemos podido ratificar, o en su caso revocar, el actual Texto Constitucional habiendo alcanzado la mayoría de edad.

- Si constituye un interés legítimo para estos más de 22,7 millones de ciudadanos españoles que se preserve su derecho a ratificar o, en su caso, a revocar el Texto Constitucional vigente.

Asimismo, si el Defensor del Pueblo considerara afirmativas mis cuestiones anteriormente citadas, le ruego que informe al Presidente del Gobierno de España y a las Cámaras Legislativas (Congreso y Senado) y les inste a reparar las violación del derecho fundamental mediante procedimiento parlamentario en Cortes, convocando un referéndum de carácter vinculante al censo de población afectado si fuera necesario, y de este modo se restablezca la violación del derecho fundamental de los ciudadanos afectados.

También ruego que, si a pesar de que el Defensor del Pueblo encontrara probado que existe violación de un derecho fundamental, los órganos ejecutivos y legislativos del Estado Español consideraran que no se está violando ningún Derecho Constitucional, eleve este hecho a petición de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional según establecen los artículos 53.2, 161 y 162 de la Constitución Española, y el Título III de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

He aquí la respuesta recibida desde Dña. Concepció Ferrer i Casals

Permítanos comunicarle que, tras un detenido estudio de cuanto nos expone en su carta y examinados de nuevo los antecedentes que obran en nuestro poder, hemos llegado a la conclusión de que en la misma no se aportan datos nuevos que nos permitan admitir su queja a trámite, tal y como le manifestamos el 26 de octubre de 2012. En consecuencia, procedemos al archivo de su expediente.

Las conclusiones, tras “un detenido estudio” se las dejo a los lectores. Aquí concluye el periplo en el que una nacionalista catalana pasó olímpicamente de mí, me marcó claramente el camino para convocar un referéndum en España y demostró que no tenía ninguna intención de abrir la caja de Pandora.

Por cierto, ¿Qué pensarán los señores Puigdemont, Junqueras, así como todos los separatistas catalanes, al saber que una compañera suya responde públicamente a un ciudadano que las decisiones políticas de especial transcendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos de España, convocado por el Rey de España, mediante propuesta previa del Presidente del Gobierno de España, autorizada por el Congreso de los Diputados de España y según Ley Orgánica del estado español que regulará las condiciones y procedimientos de las distintas modalidades previstas en la Constitución Española?

Por cierto, Dña. Concepció Ferrer i Casals sigue en el cargo.

PD: Hoy les dedico el tema “Born to Be Alive” de Patrick Hernández https://youtu.be/9UaJAnnipkY


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