Carlos Martínez Gorriarán

La corrupción española, privilegio de las “élites”

El políticamente maltrecho Presidente Rajoy intentó el pasado jueves 27 de noviembre convertir la presentación al Congreso de los Diputados de dos leyes inanes, sobre la Financiación de Partidos Políticos y sobre Altos Cargos de la Administración Pública, en un debate general sobre la corrupción política con el obvio propósito de absolver a él mismo, a su gobierno y a su partido de la responsabilidad por la marea negra de corrupción que amenaza con asfixiar la democracia española en una abrumadora pinza con la crisis económica, social y política.

De la patética calidad del esfuerzo legislativo da cuenta que, como denunció Rosa Díez sin que nadie del Gobierno ni Grupo Popular osara contradecirla, con la reforma de la Ley de Financiación de Partidos presentada por el Gobierno, Luis Bárcenas podría seguir desempeñando tranquila y legalmente la Gerencia del PP desde su celda de la cárcel.

La pésima calidad de las abundantes malas leyes que el Congreso y Senado fabrican como salchichas es una prueba de la corrupción, no una acción eficaz en su contra

Por falta de espacio no podemos abordar ahora el importante problema de la corrupción intelectual, puerta a la extensión tolerada e impune de la corrupción política y su caldo de cultivo, pero la pésima calidad de las abundantes malas leyes –ya denunciada en Roma por Cornelio Tácito, como les advertí a sus ruidosas señorías– que el Congreso y Senado fabrican como salchichas es una prueba de la corrupción, no una acción eficaz en su contra. Y consecuencia de la corrupción intelectual es que Rajoy haya rehusado cambiar su discurso sobre el problema desde el inicio de la legislatura, pese a que ese mismo día del debate trucado –no menos corrupto– se desayunaba con la dimisión de una de sus protegidas, la ministra Ana Mato, no por una imputación de corrupción, sino por su lucro en los negocios ilegales de su exmarido. 

La indignación social ha hecho intolerables cosas que solo hace un año parecían bagatelas. Rajoy lleva negando que en España exista “corrupción generalizada” desde que es Presidente de Gobierno, y lo hace en impostados términos de honor ofendido, a veces ofensivas e insultantes para quienes hacemos de su prevención y denuncia una prioridad política, caso de UPyD.

Dimensión y consecuencias de la corrupción institucionalizada

Por mucho que lo niegue Rajoy, los datos demuestran que la corrupción política constituye en España una auténtica estructura que parasita las instituciones públicas y un modus operandi habitual.

Según un informe de la Comisión Europea, más de 600 ayuntamientos españoles (la práctica totalidad de los importantes) han sido teatro de 5.144 casos de corrupción, que el 8% de los españoles aseguran haber presenciado personalmente (el porcentaje más alto de la UE). En diciembre de 2013, el CGPJ informaba de la existencia de 1.661 causas por corrupción que atascan unos juzgados sin medios para instruirlos con eficacia (nunca ha habido prisa en que los tuvieran). En octubre de 2014, las fuerzas de seguridad del Estado tenían abiertas 1.100 investigaciones por delitos de corrupción (considerando solamente los tipificados en el Código Penal, de donde siguen ausentes la financiación ilegal de partidos y el enriquecimiento ilícito de cargos políticos).

Respecto al coste económico de la corrupción, la Comisión Europea lo estimaba en 120.000 M€ para el conjunto de la UE, pero otras estimaciones lo hacen ascender al 4% del PIB en España, es decir, unos 40.000 M€, lo que representaría el doble del rescate de Bankia… Por tanto, la corrupción no solo es ilegal, injusta e inmoral, sino que además agrava la crisis con una incidencia negativa directa en el paro y desempleo, y en el incremento de la desigualdad y la pobreza que castigan a 740.000 familias que carecen de cualquier ingreso regular, muchas veces desde hace varios años.

En otras palabras, la corrupción institucionalizada no solo desacredita la política y atasca los juzgados, es que está matando el pacto social constituyente de la democracia moderna, que incluye la igualdad de oportunidades y la materialización de ciertos derechos básicos al trabajo, la salud o la vivienda digna. Obviamente, la inmensa cantidad de dinero que acaba en bolsillos particulares y cuentas opacas en paraísos fiscales es dinero robado a la economía productiva (especialmente a la inversión en competitividad e innovación) y a la capacidad del Estado para desarrollar políticas sociales activas eficaces.

Hay que rechazar firmemente la tesis exculpatoria, oída hasta la saciedad y el sarcasmo, de que la corrupción son malas prácticas individuales debidamente castigadas

Hay que rechazar firmemente la tesis exculpatoria, oída hasta la saciedad y el sarcasmo, de que la corrupción son malas prácticas individuales debidamente castigadas. No, son prácticas sistemáticas y organizadas para el saqueo de las instituciones y empresas y entes públicos. Como las fenecidas Cajas de Ahorros, el 51% del sistema financiero español en 2008. El hundimiento de grupos como Bankia o Banca Cívica no ha sido ajeno al modus operandi de la corrupción, sino su consecuencia más escandalosa y ruinosa para el país. En no pocos casos la corrupción aparece organizada en verdaderas tramas criminales, como las desveladas por la juez Alaya para los falsos Eres y Cursos de Formación en Andalucía, o las tramas Gürtel, Púnica o Pallerols. Aunque se niegue, se han llegado a crear partidos locales sólo para delinquir en el vulnerable ámbito local, como el GIL, de la Costa del Sol, o la Unió Mallorquina.

¿Cómo es la corrupción española?

La solución de cualquier problema depende en buena medida del correcto diagnóstico de su naturaleza. Pues bien, no es lo mismo la corrupción extensa de los funcionarios públicos típica de muchos países en los que la policía, jueces, sanitarios o funcionarios públicos acostumbran a obtener un soborno o “mordida” para hacer favores, o la corrupción alojada en los grandes contratos económicos entre empresas y poder político, ni la corrupción institucionalizada de las élites de un país que han colonizado –y corrompido- las principales instituciones del Estado. Este último es el caso de España.

“Élites” e “instituciones” ocupan el ojo del huracán de la corrupción española en sus 17 autonomías. Puede chocar, porque el significado tradicional de élite identificaba con un valor muy positivo a un colectivo social del más alto nivel en su respectivo desempeño: cultural, académico, financiero, científico, político, etc. Aunque en principio se supone que una élite es meritocrática, siempre ha habido otras vías de acceso, como la herencia o la promoción oficial a un cargo u honor. El hecho es que la conversión de las élites meritocráticas en hereditarias (como la aristocracia) o clientelares, basadas en complejas relaciones personales, es un proceso muy corriente en todas las sociedades. Y la meritocracia puede desaparecer por completo, apareciendo lo que en ciencias sociales se ha popularizado como “élites extractivas” (que mejor sería llamar parásitas), o “casta” en la jerga populista de moda menos remilgada.

Los procesos degenerativos explican fenómenos como la conversión de “el pequeño Nicolás” en un miembro distinguido de la élite político-financiera española, como conseguidor de negocios más o menos turbios en la corte del PP. O el que elevó al hostelero Arturo Fernández, que admitía no entender un balance de resultados de Bankia ni qué era una preferente, a la élite empresarial y financiera madrileña en pleno boom de la burbuja hipotecaria y del despilfarro oficial, gracias a sus relaciones de reservado y barra de bar con el círculo de la elitista Esperanza Aguirre, nido del Gürtel.

Los ejemplos pululan y no se limitan, naturalmente, ni al ámbito del PP ni a Madrid. Al contrario, cada centro de poder español se ha dotado de sus propias élites parásitas y clientelares, grupos privilegiados con acceso casi exclusivo a los grandes contratos públicos y a los mejores negocios privados, un oligopolio que disfruta de protección política y mediática.

En un Estado tan complejo como el opaco y barroco Estado de las Autonomías es fundamental hacerse con el control de las instituciones públicas para que la relación clientelar y la colusión de intereses consiga ser maquillada como gestión pública democrática

Ahora bien, siendo condición necesaria las relaciones clientelares no son suficientes para instituir una élite político-económica. En un Estado tan complejo como el opaco y barroco Estado de las Autonomías es fundamental hacerse con el control de las instituciones públicas para que la relación clientelar y la colusión de intereses consiga ser maquillada como gestión pública democrática, es decir, teóricamente supervisada y evaluada por diversos organismos públicos que hacen el papel de contrapesos a esos poderes. Papel mojado, en realidad, una vez que esos supervisores son colonizados y controlados por las élites a través de los partidos políticos que se alternan en el Gobierno y sus socios preferentes, comenzando por un obsceno Consejo General del Poder Judicial con representantes de PP, PSOE, IU, CIU y PNV que convierten en cómica la idea de un poder judicial independiente (sólo UPyD rehusó entrar en el último reparto de tan apetitoso pastel).

Corrupción y “capitalismo de amiguetes”

Así, ni el Banco de España ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores impidieron la gran estafa de la salida a bolsa de Bankia, de desastrosas consecuencias financieras, ni la estafa de la emisión de preferentes colocadas a ahorradores sin cultura financiera, porque al frente de estas instituciones estaban personas puestas allí para asegurar que nada frustrara los designios de las élites instaladas en el “capitalismo de amiguetes”. La regla principal de dicho capitalismo degenerado, carente de verdadera competencia en igualdad de condiciones, es que los grandes inversores nunca pierden, porque si la pérdida se produce el Estado acudirá al rescate a costa de los contribuyentes. Se ha vuelto a comprobar recientemente en el escandaloso caso, una generosa concesión socialista que garantizaba la rentabilidad del fallido almacén de gas Castor, propiedad de la empresa ACS, de Florentino Pérez, y Enagás, cuyo Consejo de Administración está lleno de ex altos cargos del PP.

La corrupción reinante en España, tentacular e institucionalizada, corre a cargo de unas élites político-financieras que practican sistemáticamente la puerta giratoria en sus correrías de las empresas privadas (muchas de ellas recién privatizadas o parte de sólidos oligopolios, como las de telecomunicaciones, medios de comunicación masiva o energía) a las instituciones públicas teóricamente encargadas de controlarlas. En última instancia, siempre queda el Consejo de Ministros y sus prolíficos Reales Decreto Ley, como han demostrado los gobiernos de Zapatero y Rajoy.

La solución pues es tan sencilla como ardua, y 100% política. Es completamente falso que la corrupción sea consecuencia de atavismos culturales, genes defectuosos o perversiones morales y bajas pasiones que afectan más a los españoles que a los escandinavos, como quiere el tópico: está en las instituciones, de las que hay que desalojar a las élites corruptas que, a su vez, manejan los viejos partidos políticos de la alternancia PPSOE que las controlan con sus socios nacionalistas. El nudo gordiano de la corrupción institucionalizada no radica en la moral pública ni privada, sino en las instituciones públicas encargadas de impedirla pero colonizadas por los grandes beneficiarios de la corrupción. Y para deshacerlo hace falta una reforma constitucional que instaure la independencia del poder judicial, leyes de transparencia y administraciones públicas exigentes y eficaces, supervisores independientes y unas cuantas cosas más, pero no demasiadas. Tiene solución si hay voluntad.


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