El Buscón

Algunos jueces opinan que Ruz deja la Audiencia Nacional rozando la prevaricación

Los socialistas preparan una interpelación al Gobierno en el Congreso

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz EFE

El juez Pablo Ruztiene los días contados en la Audiencia Nacional, camino de un juzgado de Móstoles, y su carrera no se ha visto empañada, todo lo contrario, por una administración arbitraria de la Justicia: sigue considerado por sus amigos como un profesional serio y riguroso, que no se casa con nadie, y de costumbres austeras. Sin embargo, algunas de sus últimas decisiones relacionadas directamente con el PP le han sembrado algunas enemistades en la carrera judicial, con opiniones bastante controvertidas dentro también del propio Consejo del Poder Judicial.

Una de sus resoluciones más criticadas ha sido la petición a la Agencia Tributaria de que cuantifique cuanto tendría que haber pagado en impuestos el PP por las donaciones recibidas en 2008. Hubiera sido algo natural y lógico, aseguran a este Buscón fuentes jurídicas, si la Agencia no se hubiera pronunciado con anterioridad en dos ocasiones sobre esta cuestión, trasladándole por escrito a Ruz que este tipo de ingresos no están sujetos a tributación de acuerdo a lo establecido en la ley de Financiación de Partidos. Si este es el criterio de la Agencia Tributaria, ¿qué sentido tiene que calcule lo que el PP habría dejado de ingresar?

En medios jurídicos se critica a Ruz porque Hacienda no ha negado, en realidad, el auxilio judicial. Su obligación es emitir un criterio técnico-jurídico sobre este contencioso y es, justamente, lo que ya han hecho sus funcionarios en tres ocasiones. Primero se lo trasladaron a Ruz en un informe motivado fechado el 25 de septiembre de 2013 y, con posterioridad, en otro informe con fecha de 17 de octubre de 2014. Por último, ratificaron el mismo criterio durante su comparecencia ante el juez el pasado 11 de febrero.

La opción de los peritos privados

En otra secuencia del procedimiento, cuando la Agencia Tributaria ha apreciado un posible delito fiscal que recae sobre la empresa que realizó obras para el PP, decidió personarse como perjudicada en la causa a través de la Abogacía General del Estado. Con estos antecedentes, hay jueces que opinan, en contra de las consideraciones de Ruz, que la Justicia no puede forzar ni condicionar estos criterios de Hacienda, aunque el juez tiene todo el derecho del mundo a pedir las opiniones que quiera a cuantos expertos estime oportuno. Esto es, precisamente, lo que a juicio de algunos juristas debería hacer Ruz, escudarse en peritos privados si de lo que se trata es de contradecir a Hacienda. Y en ello también está el Partido Socialista, que prepara una interpelación al Gobierno en el Congreso colocando de nuevo a la Agencia Tributaria en su diana.

Algunos juristas llegan a comentar en privado que Ruz se arriesga a que alguien le acuse de prevaricador. La definición de este delito es clara: una autoridad, juez u otro servidor público que dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que es una resolución injusta.


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