El Buscón

Aguirre, contraria a la remunicipalización, deja el consejo de administración de la Funeraria

La conceja madrileña del PP, Esperanza Aguirre.
La conceja madrileña del PP, Esperanza Aguirre. EFE

El Partido Popular no asistirá a ninguna de las reuniones del consejo de administración de la nueva Empresa Funeraria de Madrid remunicipalizada después de que el Gobierno de Manuela Carmena haya recuperado la gestión. Esta vuelta a lo municipal se produce tras 50 años de explotación por una empresa primero pública y luego mixta.

La representante del PP en el consejo, Inmaculada Sanz, envió una carta a la última reunión y anunció que no acudirá más por estar en desacuerdo con que la sociedad vuelva al sector público. “Les dimos un margen de confianza y hemos visto que no van a funcionar como eficacia”, añadieron. La empresa fue creada en el año 1966 con un contrato de 50 años que terminó el pasado 15 de septiembre. En diciembre de 1992, el Ayuntamiento bajo el gobierno del PP, alegó que la empresa iba a quebrar por lo que procedió a la privatización del 49%.

Funespaña, en uno de los mayores escándalos municipales de los últimos años, se hizo por cien pesetas con el 49% de la sociedad. El concejal Simón Viñals contrató como asesor a José Ignacio Rodrigo que preparó la venta al sector privado. La venta fue adjudicada a Funespaña. ¿Y quien se convirtió en accionista y consejero de esta sociedad posteriormente?: José Ignacio Rodrigo, al que se acusó de tener información privilegiada.

El asunto terminó en los tribunales y, después de 15 años, hubo una sentencia de la Audiencia Provincial en la que se decía que hubo "daño a los intereses públicos". Luis María Huete, que fue primer teniente de alcalde de José María Álvarez del Manzano, “pudo haberlo evitado y no lo evitó", según los jueces que le condenaron a dos años y un día de inhabilitación para ocupar cargo público.

Hubo muchas personas, y entidades, que quedaron insatisfechas de esta sentencia que prácticamente legalizaba el regalo a una empresa privada

Hubo muchas personas, y entidades, que quedaron insatisfechas de esta sentencia que prácticamente legalizaba el regalo a una empresa privada. El Ayuntamiento informó hace unos días que Funespaña “ha recibido beneficios y el 20% del resultado de la explotación a lo largo de las últimas décadas”, tal como se pactó en la privatización.

 “El socio privado –añadía– ha conseguido un rendimiento extraordinario con la Funeraria: invirtió 1,2 millones de euros (200 millones de pesetas) y a cambio ha obtenido 64,6 millones de euros (más de diez mil)”. El Gobierno de Ahora Madrid denunció que un informe independiente señalaba que hay que acometer obras de reparación por valor de casi 24 millones de euros en los 14 cementerios municipales “ante la dejación de responsabilidades de los últimos años”. Sólo la Almudena precisa una inversión de más de 15 millones de euros.

La gestión del socio privado priorizó los dividendos económicos a las inversiones para mantener los cementerios correctamente. El gerente de Funespaña, Juan Antonio Valdivia, cuya firma era necesaria para proceder a la liquidación de la vieja sociedad y al traspaso de los activos de la nueva, no acudió a la reunión del último consejo de administración. Se celebró una reunión extraordinaria y se hicieron los trámites legales para que este nuevo servicio, que tiene carácter público, pueda funcionar de forma legal.

El Ayuntamiento tiene en esa nueva empresa pública 14 cementerios, dos tanatorios y dos crematorios municipales. Los 529 trabajadores han quedado subrogados y sus puestos quedan garantizados, según el Gobierno local.


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