El Buscón

Un inspector condenado por fraude inspecciona a los contribuyentes vizcaínos

El inspector al que el Supremo condenó por elaborar una lista de 200 contribuyentes a resguardo de inspecciones se ha reincorporado a la Hacienda de la Diputación foral, coincidiendo con la campaña de la declaración del IRPF.

Buen reclamo para pagar impuestos, dice el Buscón. La Hacienda de Vizcaya tiene un inspector condenado por el Tribunal Supremo (español, eso sí) a cuatro años y medio de cárcel trabajando en sus oficinas.

Se trata de quien fue jefe de la Inspección de Hacienda de Vizcaya entre 1989 y 2004, Juan Ramón Ibarra Oyarzábal, acusado por la Fiscalía Anticorrupción de haber manipulado el sistema informático de la Hacienda vizcaína para evitar con una traba el acceso de otros miembros del cuerpo de inspectores a una lista de unos 200 contribuyentes elaborada por él. Sus únicos superiores eran dos cargos políticos: el director de Hacienda y el diputado foral (equivalente a consejero autonómico) del área.

Debido al concierto económico, consagrado en la Constitución, las Diputaciones de las tres provincias vascas disponen de su propia Hacienda foral y dictan sus normas forales. Ellas aportan fondos a la Hacienda vasca y entregan un cupo anual al Ministerio de Hacienda por los servicios no transferidos (jefatura del Estado, Defensa, Asuntos Exteriores, servicio de la deuda pública…). La fijación de los tributos y su liquidación e inspección es competencia exclusiva de las Diputaciones. Por ejemplo, el primer territorio español donde se suprimió de hecho el Impuesto de Sucesiones para familiares directos fue Vizcaya, a principios de los años 90 del siglo XX. Sin embargo, el acceso de Bildu a la Diputación Foral de Guipúzcoa supuso un aumento de la tributación a los particulares y las empresas, pactado con los socialistas. También las tres Diputaciones han recuperado el impuesto de Patrimonio, aunque con distintos tipos, bases y exenciones.

Para el Buscón, estamos ante el sueño de todo abogado y asesor fiscal: cinco legislaciones (común, vizcaína, alavesa, guipuzcoana y navarra) en un radio inferior a los 150 kilómetros.

La Diputación no acusó a Ibarra

El proceso contra Ibarra comenzó en los tribunales en diciembre de 2003 y concluyó diez años más tarde. Después de seis años de instrucción por un juzgado de Bilbao, la causa pasó a la Audiencia Provincial de Bilbao, que absolvió a Ibarra en abril de 2011. La absolución fue celebrada por la Diputación, que no ejerció la acusación y que está controlada desde 1979 por el PNV. En el juicio aparecieron inversiones hechas por Ibarra por importe de 337.000 euros que no pudo justificar ni declaró a la Hacienda vizcaína, pese a su puesto.

Sin embargo, la fiscal jefe de Vizcaya, que fue la única parte acusadora en el juicio, recurrió en casación al Supremo y éste condenó en mayo de 2012 a Ibarra por un delito de falsedad documental a cuatro años y medio de cárcel, una multa de 4.500 euros y el abono de las costas.

Después de atrasar cuanto pudo su ingreso en la cárcel de Basauri, Ibarra por fin entró en ella en febrero de 2014. Pero, nueva sorpresa para el Buscón, Instituciones Penitenciarias le concedió el tercer grado menos de 60 días después, cuando lo habitual es que esta medida, que sólo obliga al condenado a dormir en el centro de lunes a viernes, se otorgue cuando éste ha cumplido al menos la cuarta parte de la condena.

Petición de reingreso del funcionario

En una nueva decisión sorprendente, Ibarra, que no parece estar arrepentido de su defraudación, pidió el reingreso como inspector funcionario en la Diputación foral, que ésta le concedió porque la sentencia del Supremo no fijaba su inhabilitación.

En una entrevista en RNE, el diputado de Hacienda y Finanzas de Vizcaya, José María Iruarrizaga (PNV), justificó la readmisión de Ibarra y, reveló que se encuentra en el departamento de Inspección, por lo que el subdirector puede encargarle inspecciones de declaraciones de impuestos.

Desde luego, piensa el Buscón, que no es un buen reclamo para que los ciudadanos cumplan con sus deberes fiscales saber que un delincuente les inspeccionará.

¿Y qué opinan los contribuyentes vizcaínos de que un funcionario desleal tenga acceso a sus datos, pregunta el Buscón? Pues la mayoría no se ha enterado. Porque la mayor parte de la prensa de papel y radios vascas, así como los medios de comunicación públicos de ámbito autonómico no han prestado atención a este asunto.

Un ejemplo del ambiente periodístico en el País Vasco, y del que informó Vozpópuli, es la censura por la televisión pública EITB, controlada por PNV, de un sketch del programa de humor Euskadi Movie en que se criticaban las puertas giratorias entre la política y los consejos de administración de las empresas del Íbex-35, a raíz del nombramiento de Josu Jon Imaz, ex presidente del partido nacionalista, como consejero delegado de la petrolera Repsol.


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