El Buscón

El comité de Gallardón para el Código Penal no ha cobrado ni un euro

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón Efe

Durante quince meses, media docena de expertos juristas han trabajado intensamente, sin apenas descansos vacacionales o de fin de semana, para elaborar el proyecto de nuevo Código Penal que el Gobierno remitirá al Parlamento en fechas próximas. Se trata de una labor de enormes dimensiones y de características históricas puesto que el nuevo texto legal sustituirá a la denominada Ley de Enjuiciamiento Criminal, que data de 1882, base hasta ahora de las normas y disposiciones sobre el procesamiento penal de nuestro país.

Este grupo de expertos, cuya imagen pública es prácticamente inédita, con la salvedad de la portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, se ha reunido fuera de su horario de trabajo habitual (hay fiscales, magistrados....) y ha conseguido cerrar su trabajo en tiempo y fecha acordada. El peso de los trabajos, según fuentes internas de este equipo, ha corrido a cargo de dos enormes expertos en el mundo del procedimiento penal. Ninguno de la media docena de miembros del comité ha cobrado un euro por su trabajo. Recharazon todos desde el principio cualquier tipo de recompensa económica por unos trabajos ajenos a su estricto desempeño profesional natural.

Recordemos que la denominada comisión Caamaño, puesta en marcha por el predecesor de Gallardón en tiempos del Gobierno del PSOE, elaboró un anteproyecto de reforma penal en el último año de legislatura socialista que no vio la luz por falta de consenso y de tiempo. Los miembros de esa comisión percibieron 12.000 euros cada uno por un trabajo mucho menos laborioso y ambicioso.

Gallardón, también se ha sabido ahora, nunca interfirió personalmente en las labores del comité. Es más, sólo se reunió con ellos una vez, cuando emprendieron sus trabajos, en febrero del año pasado. Y no los volvió a ver, salvo en actos públicos ajenos a las sesiones de trabajo. El interlocutor de los expertos ha sido Fernando Román García, secretario de Estado de Justicia, hombre razonable y profundo conocer del Derecho y de los intríngulis jurídicos/políticos de su departamento.


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