Taifas, Cantones, Autonomías,…el cuento de nunca acabar
Así concluyó la Primera República Española, con un histriónico ¡Viva Cartagena! No se sabe si lo que ahora tenemos es una Monarquía republicana o una República coronada. Lo evidente es que vamos de coronilla. La República Federal de 1873-74 terminó como el Rosario de la Aurora. No bastó la declaración de independencia de Cataluña, Málaga, Cádiz, Sevilla, Granada, Valencia o Castellón,…El hecho es que se declararon la guerra unas a otras. La República de Jumilla lo hizo frente a las naciones vecinas, incluso frente a Murcia, independiente de Cartagena, o viceversa. Ni se sabe. El minúsculo lugar de Camuñas, entre Ciudad Real y Toledo, proclamó también su irrenunciable soberanía. El caso más notable -de auténtica referencia- fue precisamente el de Cartagena, que en su “marcha sobre Madrid” llegó hasta las puertas de Albacete. ¡Honor a los héroes! ¡Gloria a los mártires de la autonomía cantonal y de la libertad!
Todo esto lo conocen bien quienes cursaron algún bachillerato lejano, y no hay que remontarse al Plan Moyano -el de la Cuesta del mismo nombre, el de la feria permanente de libros más bien viejos que antiguos-, ni mucho menos. El caso es que aquí estamos otra vez. Donde solíamos. Nadie lo hubiera dicho hace cuarenta años, pongo por caso. Aunque desde que se colocó la bomba de relojería del Título VIII de la Constitución, en 1978, la cosa estaba cantada. Quienes lo avisamos una y otra vez, fuimos calificados de agoreros, retrógrados, cavernícolas unitarístas, y otros epítetos demostrativos del sincero respeto que la progresía profesa por las opiniones ajenas. Todavía recuerdo la pública amonestación que un querido maestro me hizo, después de una conferencia mía sobre los riesgos de esto que llamamos el Estado de las Autonomías –como quien dice el Estado del Haga Cada Uno lo que le de la Gana- , hace ya veinte años largos. En fin, que aquí estamos, y ahora a todos parece habérseles caído la venda de los ojos, al comprobar que el rey andaba ligerito de ropa como en el célebre apólogo del Conde Lucanor.
Lo mío es mío y lo tuyo nuestro, dice el Honorable Mas
Sí, ya lo sabíamos. Pero es que ni siquiera podemos conocer con certeza qué es lo de cada uno. La reivindicación del Gobierno de Cataluña de un pacto fiscal con el Estado, aparte de no tener cabida en la vigente Constitución ni en el mundo de las buenas formas (“rescátame sin condiciones, porque tú tienes la culpa de que yo esté como estoy y, además, en cuanto coja el dinero me voy, y si te he visto no me acuerdo”, que ese es el planteamiento del señor Mas y compañía), tal pretensión, repito, parte de un argumento falaz, aquel de que “nosotros aportamos al Estado más de los que recibimos, porque el saldo de nuestra balanza fiscal con ‘el resto’ es negativo, y por eso estamos como estamos”. Si se me permite la autocita, hace unos años publiqué en la Revista del Instituto de Estudios Económicos un artículo titulado Un nuevo hito en la mitología hacendística: las balanzas fiscales, en el que concluí formulando el teorema de la imposibilidad de semejantes instrumentos. Desde 1965 han sido muchos los intentos de lograr una metodología satisfactoria para su confección, y muchas (cerca de cuarenta) las que se habían confeccionado hasta 2005. Todas ellas arrojaban resultados enormemente divergentes entre sí, tanto en el signo como en la cuantía de sus saldos. Y no ha de extrañar, porque las dificultades no son sólo de método sino de fundamento.
Para la confección de las balanzas fiscales suelen aplicarse dos métodos alternativos: el de ingresos-gastos (diferencia entre lo que, en términos líquidos, recibe una Comunidad del Estado, y lo que a éste aporta en contrapartida); y el de carga-beneficio (diferencia entre la carga fiscal que una Comunidad soporta por los impuestos estatales, y el beneficio privativo que la misma experimenta como consecuencia de los gastos que en ella realiza la Administración general del Estado). Pues bien, el primero de ellos ignora cualquier planteamiento relativo a la incidencia efectiva (no formal) de los impuestos, así como los beneficios finales del gasto público. Y el segundo, por su parte, no tiene más remedio que optar por una solución arbitraria a tales cuestiones. El planteamiento puramente legal sólo permite conocer quiénes pagan los impuestos, pero no siempre quiénes los soportan. No hay modo de saber, a ciencia cierta, quién soporta el impuesto sobre sociedades, si los consumidores vía precios más altos, si los socios por la reducción del beneficio a distribuir, si ambos en proporción variable, o si los trabajadores de la empresa en términos de unos salarios más bajos. Todo dependerá del grado de concurrencia en los mercados, tanto de los productos como de los factores de producción. Ni que decir tiene que estos agentes económicos no tienen por qué residir todos ellos en una misma circunscripción fiscal.
En cuanto a los beneficiarios del gasto público, tampoco hay criterio infalible para saber si lo serán finalmente los residentes en la circunscripción donde aquél se realizó o los de otra distinta. Los gastos del Estado en sanidad, educación y en otros bienes preferentes, pueden muy bien terminar beneficiando a quienes residen en circunscripciones ajenas a aquella que los recibió primariamente. Y los efectos externos de los bienes públicos puros (defensa, administración de justicia, representación exterior, etc.) resultan aún más difíciles de localizar en el sentido literal de este verbo. Son éstos sólo algunos ejemplos que justifican hablar del teorema de la imposibilidad de las balanzas fiscales, al menos cuando se pretende constituir a estos ingenios contables en fuente de argumentos concluyentes en materia de solidaridad interterritorial. Por cierto que, con ingenuo antropomorfismo, tanto el concepto de balanza fiscal como el propio artículo 2 de la Constitución Española refieren el principio de solidaridad exclusivamente a los territorios, siendo así que sólo las personas, los ciudadanos, pueden ser objeto o actuar como sujetos de tan elevada virtud, en este caso, de tan solemne imperativo constitucional. Resulta difícil concebir que la Sierra de Grazalema, en la Provincia de Cádiz, pueda resultar solidaria o insolidaria con la Sierra de Guadarrama, en el tramo de la misma que separa las provincias de Madrid y Segovia. De ahí que sólo quepa hablar, en todo caso, de balanzas fiscales personales, nunca territoriales. Y de todo lo anterior se desprende también que el nacionalismo catalán prefiera hablar de balanzas fiscales en lugar de balanzas comerciales, porque en estas últimas los hechos, es decir, el signo de los saldos, se vuelve en su contra.
Si lo anterior es cierto, lo del Pacto fiscal del Honorable no cuela
El Honorable y compañía quieren salirse de la fila. Ya es de lamentar que la Constitución de 1978 amparase los “hechos diferenciales” tributarios de las Vascongadas y Navarra. Pero que sin antecedente ni fundamento alguno el señor Mas pretenda una Hacienda propia (con su Agencia tributaria y todo), un cupo a negociar periódicamente con el Gobierno de turno, y un “donativo” gracioso de solidaridad para que lo disfruten el resto de los mortales ibéricos, eso sí, con la condición de aplicarlo sólo a políticas básicas del Estado bienestar y siempre que Catalonia no quede en esto rezagada respecto a los demás estaditos de la Confederación de Iberolandia; todo esto que está dispuesto a “conceder” el Honorable, con sus socios convergentes y unidos, no es más que la culminación de un largo proceso jalonado de “lealtades” como su Estatuto, sus referendos soberanistas, su inmersión lingüística, su crónico desacato de las sentencias del Tribunal Supremo, del Constitucional, e incluso del propio Tribunal Superior de Cataluña cuando de cuestiones del común se ha tratado. Y como guinda de todo ello, la amenaza de apelar a Bruselas si el Gobierno de la Nación pretendiese intervenirla. Sólo un dato para calibrar el grado de desfachatez del Molt Honorable y Cia.: en 2011, la Generalidad convergente de Cataluña (no digo Cataluña, porque Cataluña y los catalanes son una cosa bastante más importante), recibió de la caja única de la Seguridad Social la bonita suma de 1.131 millones de euros para pagar las pensiones, porque lo allí recaudado por cotizaciones no alcanzaba. Eso sí que es solidaridad. Convendría que lo supieran los que votan a CIU. ¿No?
En fin, que lo del Pacto fiscal catalán ni siquiera es aquello de “o la bolsa o la vida”, es que quieren quedarse con las dos cosas. Como diría Fray Gabriel Tellez, gran experto en burlas y burladores: “La desvergüenza en España / se ha hecho caballería”. Y hablando de caballería, más que lo de ¡Viva Cartagena! me gusta lo de ¡Santiago y cierra España!
Leopoldo Gonzalo
Catedrático de Hacienda Pública y Sistema Fiscal; miembro ordinario del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales Francisco de Vitoria; académico de número de la European Academy of Sciences and Arts-España; académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación; y miembro de la Junta directiva del foro de la Sociedad Civil. Nacido en Madrid, en 1942, se doctoró por la Universidad Complutense con Premio Extraordinario. Es también profesor ordinario de Derecho Financiero y Tributario (excedente) en la Universidad Pontificia Comillas (ICADE), habiendo desempeñado su función docente, con anterioridad, en las Universidades Complutense de Madrid, y de Málaga. Autor de varios libros y numerosos artículos sobre su especialidad, ha impartido cursos y pronunciado conferencias en diversas instituciones españolas y extranjeras, públicas y privadas. Durante diez años fu investigador del Instituto de Estudios Fiscales (Ministerio de Economía y Hacienda), siendo sucesivamente directores de dicho organismo los profesores Enrique Fuentes Quintana y César Albiñana García-Quintana, de los que es discípulo. En 1982 obtuvo el “Premio Instituto de Estudios Fiscales”. Ha sido asesor de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, del citado Ministerio, así como del Ministerio de Educación y Ciencia, desempeñando diversos cargos académicos en las Universidades donde ha prestado sus servicios. Ha sido también director de la Revista de Economía Aplicada e Historia Económica.
Comentarios más votados#23 CeciliodeOriol
@beppe #22 Igualmente.
#1 DesDeBCN
Esta gentuza de CiU lo que quieren es el control total de la finca. Llevan casi...
#21 CeciliodeOriol
@beppe #20 Esto ya roza el esperpento. ¿Que es "Madrid" para usted? ¿quien es...
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