Blogomaquia

De la crisis de la política a la crisis de lo público

Fue Norberto Bobbio en su libro Estado, gobierno y sociedad (1985) en donde expuso que lo privado era a lo individual y secreto como lo público a lo colectivo y no secreto. No voy a entrar en esta caracterización tan manida y, por otra parte, trillada, pero sí a incidir en esa percepción generalizada de que el sector público poco o nada tiene que ver con el mundo de la empresa privada. De este modo y en virtud de esa percepción, a mi juicio equivocada, muchos defienden la existencia de un binomio de intereses “conflictivos” y piensan que el ámbito de lo público es por naturaleza inferior,  o sea, desprovisto de ambición e iniciativa, carente de productividad, amén de falto de miras mercantilistas. Por el contrario, y en un otro bando, hay quienes sostienen que el espíritu tan emprendedor como individualista que mueve al sector privado choca, por puro egoísmo lucrativo, con la idea de utilidad pública, que la voracidad de la competencia privada, basada en leyes de la economía de mercado, se opone al principio de justicia social o de igualdad en el acceso universal a bienes públicos básicos. Desde luego, tras esta falsa dicotomía, y obsérvese que digo “falsa”, opino que no son verdad todas las virtudes y perversiones que se adscriben a la esfera privada como tampoco son ciertos todos los vicios y virtudes que se predican del espacio público. Y si mantenemos la oposición  “privado-público” es porque aún pugnan dos concepciones del Estado: de un lado, quienes defienden desestatizar y/o desmonopolizar la estructura de lo público con vistas a alcanzar un Estado mínimo (liberales y anarquistas) y, de otro lado, quienes rehúyen cualquier indicio de privatización y se oponen a (re) cortar cualquiera de las prerrogativas que emanan del Estado de bienestar (socialistas y comunistas).

La pérdida de legitimidad de lo público

El auge de los sistemas democráticos hizo posible “la visibilidad”, nos dice Hannah Arendt en La vida del espíritu (1971). Dicho con otras palabras, el afianzamiento de las democracias alentó el desarrollo del Derecho Público, favoreció la publicidad y, por ende, la obligación de mostrar a “todos” los ciudadanos cuáles son las medidas que adopta su clase política. Lo cual significa que lo público, sometido a mecanismos de control, ha de ser observado, vigilado, inspeccionado por cuestión de garantismo y salud democrática, y ello no solo con el fin de ser informados los gobernados sobre la toma de decisiones de sus élites, sino también con el objetivo de impedir prácticas indeseables (engaños fraudes, malversación de fondos, despotismo, nepotismo, etc.).

Sin embargo, en España, desde los años 80 del siglo pasado, lo público ha ido perdiendo fuelle y abandonando su vieja estola de legitimidad, entre otras cosas debido a la baja calidad democrática de partidos y gobernantes. Y si ahora nos encontramos con que lo público está en crisis, no cabe duda de que es porque la política o, mejor, los representantes del “Pueblo” nos han conducido, pasito a pasito, al abismo. Y es que omitiendo criterios de eficiencia y eficacia, de calidad y búsqueda del interés general, nuestros dirigentes (nacionales y autonómicos) han sido malos planificadores. Y pésimos administradores inclusive. E incurriendo en actos de irresponsabilidad han abusado y dilapidado el erario público y destinado no pocas veces fuertes cantidades de financiación pública para dar salida a dudosos proyectos de iniciativa privada. Y sacado beneficio de ciertas decisiones tomadas al calor de las presiones de las redes clientelares tejidas alrededor del poder de las instituciones del Estado. Por tanto, lejos de las franjas de accesibilidad y transparencia “pública”.

¿Esferas separadas?

Mientras el acceso a los servicios públicos se vuelve problemático –¡¡¡que se lo digan al emigrante al que se le va a denegar el derecho a la asistencia médica por el hecho de ser emigrante!!!-, es decir, mientras desde ideologías antiasistenciales no se quiere garantizar la prestación de ciertos recursos comunitarios y se habla de sacar la tijera y poner fin a los mismos, ocurre que lo público no es un tema menor y tampoco un asunto que carezca de repercusión en el ámbito privado. Ítem más. Al observar cómo lo público ha sido en estos últimos 30 años minuciosamente agrandado y conscientemente hipertrofiado, resulta que personas y particulares, sociedades y empresas “privadas” han sido satelizadas por parte del poder “público” (a través de concursos, contrataciones externas, subvenciones, ayudas al sector privado, etc.) e inclusoinsertadas dentro del organigrama público.

De esta manera, no extraña que buena parte de los ingresos de la administración educativa esté yendo a parar a manos de empresas privadas, igual que muchos edificios de Defensa  son patrullados por vigilantes privados y bancos y cajas de ahorro de titularidad pública han suministrado, hasta fechas cercanas, millones de euros a empresas privadas ideológicamente afines a la casta política. Ni que decir tiene que este barroquismo político acarrea la triplicación de una administración que, de por sí, vive duplicada en organismos estatales y regionales. Lo cual sociológicamente nos conduce a eso que denomino “esferas privado-públicas” o agentes empresariales que poseen organización propia y, por su carácter híbrido, actúan bajo la ley del beneficio “privado” pero absorbiendo recursos de capitalización “pública”. ¿Y cuál es el resultado de esos consorcios? Que lo público ha sido invadido por lo privado al tiempo que lo privado ha sido invadido por lo público, igual que si estuviésemos bajo el gobierno de esas caducas y ruinosas repúblicas soviéticas. Por supuesto, esto tiene un gran inconveniente, ya que si lo público entra en crisis, también lo está, por rebote, la esfera privada. ¿Nos explicamos por qué el sector privado de este país carece de nervio emprendedor, de audacia, de independencia… y por qué tenemos, a la postre, una de las tasas más altas de desempleados de toda la Unión Europea?

¿Y esto adónde nos lleva?

A quela articulación entre lo privado y lo público está erosionada, a que lo público como rasgo identitario del Estado ha devenido un magma “caprichoso”, sin perfil ni personalidad jurídica, “alejado” de la idea de bien común. Y “sujeto” a las disposiciones e irregularidades de esa clase política que preside y manda sobre ese enorme pastel, fuente de fortuna, que es lo público. 

De la “crisis de la política” hemos, en consecuencia, llegado a la “crisis de lo público”, que es una contracara de esta “crisis económica” que nos está dejando exhaustos y con la lengua fuera. Ahora bien, debido a la mala gestión de nuestras élites no se puede consentir que la ciudadanía asuma el empobrecimiento de la caja pública con la socialización de pérdidas y gastos, y con un futuro, a la vez, rico en recortes de servicios asistenciales. Es decir, no se puede tolerar que lo público, definido desde los orígenes de la Modernidad como escenario de solidaridad y justicia, sea bastardeado y convertido en símbolo de ineficiencia y despilfarro, en sinónimo de desastre financiero. ¿Para cuándo, pues, fijaremos penalmente el grado de irresponsabilidad de nuestros políticos?


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