Blogomaquia

El burka del Tribunal Supremo

Sentencia del Tribunal Supremo que revoca una ordenanza, aprobada en octubre de 2010 por el Ayuntamiento de Lérida, prohibiendo el acceso a los espacios municipales de servicio público a quienes llevaran burka, pasamontañas, casco integral u otro tipo de vestimentas que entorpezcan la identificación de las personas.

Objeción número 1

A todo tribunal de Justicia, incluido el Supremo, le compete analizar los hechos y centrarse en si éstos son, o no, conforme a derecho. Dicho de otro modo. A ningún tribunal de Justicia, y, por supuesto, tampoco al Tribunal Supremo, le concierne hacer filosofía y reflexionar sobre la hermenéutica del burka o burqa (en árabe, برقع), dado que esa labor excede y en mucho a sus funciones. Además, aducir, como ha hecho el Supremo, que la Constitución de 1978 consagra el derecho de libertad religiosamientras que la ordenanza del Consistorio de Lérida merma los derechos del creyente supone, por parte de los jueces del Supremo, desconocer una evidencia histórica: que la costumbre del burka está religiosamente arraigada en contextos de durísima e implacable tradición patriarcal, opuestos a los derechos básicos de las mujeres. Por otro lado, dudar del carácter discriminatoriamente religioso que rodea a esta prenda de vestir demuestra pura sofistería, enorme desconocimiento e ignorancia supina, a menos que nuestros magistrados hayan querido reavivar las leyes del machismo más rancio al señalar, por esto de las poéticas del regreso a lo arcaico, que el uso del velo integral no quiebra la igualdad de la mujer.

Objeción número 2

Quizá algunos, ¡Dios no lo quiera!, hayan enterrado un dato crucial: que nuestro ordenamiento jurídico otorga responsabilidad ciudadana también a los representantes del ámbito religioso, de modo que asociaciones, grupos y personas particulares no pueden  quedar fuera de la ley o vivir en situación de excepcionalidad. Pues bien, el Tribunal Supremo se ha cargado el principio de universalidad de la ley, a la vez que ha diluido los vínculos de dependencia del poder espiritual frente a las facultades del poder civil. ¿Y cómo ha sido eso? Admitiendo el Tribunal Supremo el principio de que la mujer que porta el burka es tan  libre que a ella se la ha de permitir, por cuestiones religiosas, permanecer fuera de los límites de la normativa del derecho público. Y vivir más allá del cumplimiento de las reglas del estado de derecho. Tal es la supremacía romántica que los magistrados adscriben a quienes habitan bajo las jaulas del burka y, como piezas museísticas, quieren conservarlas en latas de sardinas bajo la idea expresa de que con la proscripción del burka (que tramitaron los ediles del Ayuntamiento de Lérida) cabe “contribuir a incrementar las discriminaciones”.

Objeción número 3

Para que no parezca segregacionista, injusta, machista o alienante la sentencia del Supremo, se ha reflotado la filosofía del norteamericano John Rawls (1921-2002), firme defensor de la discriminación positiva. Olvidan algunos que la discriminación “positiva” es discriminatoria, aunque venga envuelta en mieles. Olvidan otros que no se ha de permitir hacer prevalecer actos contrarios a la libertad en nombre de la libertad. En cualquier caso, el burka se utilizó en la época de las caravanas de especias a Oriente con el fin de impedir las prácticas del rapto, igual que en latitudes occidentales el cinturón de castidad era usado para preservar la castidad de la mujer, en ausencia del padre o del marido.

8-M, “eme” de malestar

Alentar el miedo a la modernidad, animar a la medievalización de ciertos sectores de la población mantener anacronismos terribles, no es batallar por la emancipación. Es afirmar que las tradiciones, no las mujeres, tienen derechos. Así que en este 8 de marzo, día internacional de la mujer, no hay razón ni argumentario que justifique la ahistoricidad del sexo femenino ya que, cerrando puertas al estado de derecho,  negamos a las mujeres sus cualidades para la ciudadanía. Y, lo que es peor, su condición para ser ciudadanas. Y ya sabemos que la justificación de la incompetencia democrática valida la muerte civil y legaliza existencias fantasmales.

No voy a repetir lo expuesto en El mito del multiculturalismo. Tampoco es momento ahora de reseñar las contradicciones, innumerables, entrepseudoprogresismo y multiculturalidad. Solo quiero decir que convertir la esfera pública en apéndice de la moral implica que las mujeres han de responder acerca de sus actos no como seres con derechos y deberes “objetivos” idénticos a los de los hombres, sino como personas que, por cuestiones de costumbrismo, de reglas consuetudinarias y ceremonias rituales, viven apegadas a tópicos míticos cuya obediencia les obliga a estar ubicadas en el núcleo inamovible de sus constelaciones simbólicas. Y, por tanto, siempre al margen de ese marco de referencia que ofrece el estado de derecho.

En el pasado algo iba mal cuando las Mu-lan (s. V d. C.), las Feliciana Enríquez de Guzmán (s. XVI), las Quatre-Song (s. XVIII) tenían que (en) cubrir su feminidad y disfrazarse de “hombres”. Algo va mal cuando en la ciudad de la Meca, en 2002, perecían quince alumnas al impedirles la policía “moral” salir del recinto y escapar de las llamas del fuego porque no llevaban puesto el velo. Algo no va bien en absoluto cuando una feminista marroquí, como Fátima Mernissi, pone en duda las bondades del vellocino del oro del conservadurismo y se pregunta “¿por qué los políticos no soportan ver nuestro cabello y nuestras caras sin velo o que les miremos sin miedo de frente […], por qué todos sueñan con esa criatura silenciosa y sumisa, totalmente escondida tras un velo?”1

1 Fátima Mernissi, El poder olvidado, Icaria, Barcelona, 2003, p. 21.


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