Blogomaquia

Minorías legítimas e ilegítimas

En las discusiones y pactos que condujeron a la Constitución de 1978 revoloteó, por eso de las nostalgias, el eco de la Constitución de la IIª Republica. Lo que insuficientemente se reseña de los siete redactores de la citada Constitución de 1978 (Gabriel Cisneros, Fraga Iribarne,  Miguel Herrero, Gregorio Martínez, Peces-Barba, Pérez-Llorca, Miquel Roca y Jordi Solé Tura) es que buena parte de sus musas procedía de las ideas del político socialista austríaco Otto Bauer (1881-1938).

Con candidez, romanticismo e inexperiencia, los “padres” de nuestra reciente Carta Magna se ocuparon, en medio de un gran desafío, de modernizar el organigrama de una de las naciones más antiguas de Occidente. Y así abrieron la puerta al principio del autonomismo convirtiendo éste en regla suprema del ordenamiento jurídico de los territorios. El paso del tiempo  ha confirmado históricamente una obviedad: que la moda, certificada por el derecho constitucional, de reorganizar las instituciones de una nación, vía descentralización, no mejora los umbrales de democratización de la sociedad, no impulsa la eficiencia de las entidades y corporaciones del Estado local, no frena el despilfarro económico de quienes gobiernan año a año las autonomías.

Naturaleza de la democracia

Ya Joaquín Costa había advertido en Oligarquía y caciquismo, allá por 1901, que “no es nuestra forma de gobierno un régimen parlamentario, viciado por corruptelas y abusos, según es uso entender, sino al contrario, un régimen oligárquico, servido, que no moderado, por instituciones aparentemente parlamentarias”. Y tenía razón J. Costa al relacionar el origen y auge de las oligarquías con la falta de calidad democrática de las instituciones públicas. Pero se equivocó este gran pensador aragonés al no reparar en que cualquier democracia, y no solo la española, posee en su seno numerosas trabas reglamentarias que conducen de facto al establecimiento de oligarquías.

¿De dónde sacamos tal deducción? De la evidencia de que el sistema democrático, por su inherente rigidez normativa, impide la participación de la ciudadanía. Y, al promover la estabilidad y, sobre todo, la durabilidad de los organismos del Estado, el régimen democrático sanciona un sinfín de impedimentos legales que tienen como meta frenar la colaboración del “Pueblo Soberano”. Es por este motivo por el que la democracia reprime, aunque sea una contradicción in terminis, la cooperación democrática de la mayoría de los miembros de la nación. Es por este motivo también por el que la democracia conlleva y favorece el arraigo y ascenso de las élites.

Minorías y… minorías

La falta de un demos activo acaba invariablemente beneficiando a grupos cerrados que actúan y se mueven en exclusividad. Dicho de otra manera. La democracia es intrínsecamente vulnerable a la creación y funcionamiento de círculos oligárquicos. Y como el gobierno democrático no excluye la promoción de las minorías, viejas o nuevas, con cierta perspectiva histórica se constata cómo, desde 1978 a esta parte, se ha creado en las comunidades autónomas, y sin excepción, un ciclópeo sistema de élites políticas.

No puede sorprendernos, pues, que con la llegada de las Comunidades Autónomas se hayan multiplicado las minorías “legítimas” en España. Tampoco puede asombrarnos que los representantes de los partidos políticos administren las instituciones del gobierno regional cuando han sido democráticamente elegidos para ello. 

Lo que sí, en cambio, causa estupor e irritación es ver cómo los dirigentes territoriales aprovechan las infraestructuras periféricas del Estado para fines espurios, propios y particulares. Lo que resulta indignante es constatar cómo los representantes del “Pueblo” crean tramas financiero-partidistas, cómo alientan el clientelismo, con impudor exhiben decisiones cesaristas que otorgan privilegios a grupos afines, cómo duplican, triplican… los servicios locales del Estado bajo una privatización encubierta, cómo aprovechan sus cotas de influencia y dominio, y adjudican “dedocráticamente” cargos públicos a segundas o terceras personas, cómo inclusive, a capricho y a sabiendas, inventan puestos de trabajo en autonomías, provincias, pueblos, aldeas y anejos, y ello para favorecer el pastoreo de amigos y familiares que laborean a la sombra del poder democrático, cómo los dirigentes de las instituciones del Estado local se amparan en la impunidad con el fin de escapar del brazo de la Justicia, cómo transforman, en fin, las Autonomías en latifundios y puntos de arranque de camarillas “ilegítimas”.

Pregunta retórica

Tras saberse que en Francia la policía ha registrado el domicilio particular del mismísimo Sr. Sarkozy, ex presidente de la nación gala, ¿aquí algún día viviremos tal proceder? Y en este momento, y advirtiendo que las Autonomías son los restos opulentos de una sociedad muy empobrecida o, en palabras de Bartolomé de Albornoz, un “asno de muchos, [que] lobos lo comen”, ¿podrán  quienes generan tanto desorden arrancar de raíz su mala praxis y ser verdaderamente responsables y reducir el tamaño elefantiásico de las instituciones autonómicas y aprobar leyes que vayan en contra de los intereses de la clase política? Parece que no, tras las palabras recientes del coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, que considera “totalitarista” la propuesta de la Sra. Cospedal, de reducir a la mitad el número de diputados regionales de Castilla La Mancha.


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