Blogomaquia

Genocidio y memoria histórica

Léon Mugesera acaba de ser, con fecha 23 de enero de 2012, extraditado de Canadá y devuelto a su país de origen. Los cargos delictivos que pesan sobre este ideólogo ruandés están relacionados, según informa Le Monde,con la incitación al genocidio durante el discurso que pronunció en el año 1992. Fijémonos en que, desde la explosión genocida de Ruanda acaecida en 1994, han transcurrido casi cinco lustros. Y aunque sabemos que una de las claves del origen de las masacres ruandesas radicó en las instigaciones nacionalistas de los Mugesera de turno que, con el filo hiriente de sus palabras, animaban a la gran matanza, también es innegable que la ejecución de cerca de un millón de ruandeses (niños, hombres y mujeres) no pudo consumarse sin la importación masiva de machetes, suceso terrible que recuerda a la Turquía de finales del siglo XIX cuando, en 1894, en Constantinopla mazos y porras, cuidadosamente almacenados, pasaban de mano en mano por toda la ciudad con la intención de exterminar a armenios. Las brutales carnicerías perpetradas durante el bienio negro de “1894-1896” serían, sin duda, el punto de arranque, la mecha del asesinato en masa de 1.200.000 armenios, masacre llevada a cabo sólo en unos meses, de primavera a otoño de 1915, por los Jóvenes Turcos.

Francia, 22 de diciembre de 2011: a instancias de la diputada Valérie Boyer, la Cámara Baja (Asamblea Nacional) aprueba una proposición de ley sobre la negación de genocidios, proyecto que el 23 de enero entrante ratificaría la Cámara Alta (Senado). La recién estrenada “Ley” no solo castiga negar la existencia de genocidios, como el armenio, sino que autoriza a sancionar hasta con un año de prisión y 45.000 euros de multa a quienes incurran en el negacionismo histórico. Ni que decir tiene que, tras conocerse el resultado muy apurado de la votación senatorial,  con tan solo 127 votos a favor, el gobierno de Turquía elevó sus quejas y amenazas a París porque, cosas de la lógica, con este tipo de medidas legales habría entonces que meter en la cárcel a la clase política turca.

Este tipo de actuaciones jurídicas no es novedoso en Francia. De hecho, la famosa y polémica ley Gayssot (30-VI-1990), llamada así porque fue propuesta por el ex ministro comunista Jean-Claude Gayssot, tenía por meta perseguir los delitos de conciencia, en concreto la negación de los crímenes contra la Humanidad. En otros canchales ideológicos, pero con las mismas hambres de injerencia, reparamos en que el artículo 301 del código penal turco castiga a quien diga que existió el genocidio armenio. ¡Qué manía tienen los políticos por legislar los caminos de la Historia!, ¡qué obsesión, la suya, por meterse en bosques que no les conciernen! La Historia no puede ser alojada en la alambrada de las leyes, igual que no se consigue amordazar las ideas por decretos y disposiciones coactivas.

Extrañamente y pese a que han pasado 100 años, la evocación del genocidio armenio disgusta todavía y sobremanera a los actuales integrantes del gobierno turco. Y yo me pregunto: ¿de qué se sienten responsables si ellos ni siquiera habían nacido cuando se promovieron tales barbaridades? No cabe duda de que el sentimiento nacionalista, lejos de abrirnos la mente, ofusca, embrutece y asfixia, igual que, y de la misma manera, la clase política francesa, salvo raras excepciones, aún no ha admitido a fecha de hoy la existencia del genocidio de la Vendée que se consumó en nombre del nacionalismo revolucionario y que condujo al asesinato de 120.000 personas, según las estimaciones más bajas. Por cierto, que fue el comunista francés Gracchus Babeuf quien, observando los abusos que producía el celo ideológico, acuñó el término de “genocidio”. Así, con este neologismo logró describir, en su escrito El sistema de despoblación (1794), las atrocidades y escabechinas que contra la población vendeana cometían los representantes del poder del Pueblo, arropados en la bandera de la Revolución francesa.

Desgraciadamente para las víctimas, todo país tiene su trastienda de horrores de la que fluyen hedores nauseabundos que proceden de un pasado que no se quiere reconocer. Y desde luego, bajo la superficie de esa inmensa memoria del mal que ha nublado los ojos de la Edad Contemporánea, imponer legislaciones sobre el recuerdo, sean cuales sean, está lejos de constituir una garantía que, por sí misma, imposibilite matanzas y exterminios. Por tanto, ante el cuadro goyesco de ver cómo se repite la riña a garrotazos o ante la muerte planificada con machetes, porras u otro tipo de armas, solo cabe emplear formas disuasorias, legalmente preventivas que, siguiendo el curso democrático, impidan los genocidios, presentes y/o futuros. Para ello nada mejor que defender el valor sagrado e inviolable de las personas, que apoyar contra cualquier maniobra despótica  la primacía del “derecho subjetivo”, como así ya lo denominaba a mediados del siglo XIII el pensador italiano Tomás de Aquino.


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