Blogomaquia

Democracia desproporcionada

El francés François Furet estudió la relación entre éxito político y dominio. De hecho, observaba este historiador, el deseo de notoriedad de los líderes casi siempre se ve coronado cuando en sus discursos y manifestaciones públicas emplean reiterativamente la palabra “pueblo”, de modo que gracias al arte de la oratoria el poder pasa a estar <<en manos de aquellos que hablan en nombre del pueblo>>. Esto expuso Furet en su libro Pensar la Revolución francesa (1978). Y desde luego perspicacia no le faltó a este antiguo comunista, pues ya el conde de Mirabeau, recordemos este detalle, proponía el 15 de junio de 1789 llamar a los miembros de la Asamblea <<¡Los representantes del pueblo de Francia!>> Y añadía Mirabeau: <<¡Qué nombre para quienes, como ustedes, aman al pueblo, que sienten, como ustedes, lo que deben al pueblo! [...] ¿No se dan cuenta de que el nombre “representantes del pueblo” es necesario para ustedes [...] ya que permite que el pueblo sepa que hemos ligado nuestra suerte a la suya y que eso le enseñará a depositar en nosotros todos sus pensamientos, todas sus esperanzas?>>

Pasados los años, las cosas se mantienen igual y la clase política sigue buscando, al menos en el espacio lingüístico, hermanarse con el pueblo. Lo cual no es extraño puesto que, desde los inicios de la Edad Moderna, nuestros representantes empiezan a ennoblecer sus intereses de mando refiriéndose románticamente al pueblo mientras, al mismo tiempo, le impide a éste el acceso democrático al poder real, político e institucional. Así, entonces, nada de listas abiertas. Y, por la misma razón ideológica, escasa posibilidad de romper con la estructura cerrada de esos centros de poder llamados “poliarquías” que son los partidos políticos. Y, claro está, pocas, muy pocas probabilidades de que políticos corruptos lleguen a ser incriminados por sus actos delictivos. ¿Y de esos millones de electores que castigan a la casta política con su silencio brutal, con su “yo no voto”? Ninguna reflexión al respecto, además de que sería una ordinariez aspirar a que los representantes del pueblo tengan un despacho abierto para recibir quejas e ideas de esos anónimos no votantes. Y también de sus electores. Al fin y al cabo, el pueblo, o sea, los que eligen deben aprender a resignarse, a <<depositar todos los pensamientos, todas sus esperanzas>> en los miembros de la clase gobernante.

A estos hechos se suman otros igualmente lamentables. Su voto no vale lo mismo que otros votos. Y es que en el momento en que se procede a adjudicar el número de escaños a partidos muy minoritarios resulta que, por la perversidad inherente a la ley formulada por el jurista belga Victor d’Hondt (1841-1901), dichos partidos minoritarios pasan a convertirse no digo que en fuerzas “gigantescas”, pero sí en coaliciones muchísimo más fuertes de lo que dictan las papeletas depositadas en las urnas electorales. Ni que decir tiene que esta malversación de la soberanía popular -este “pillaje legal”, habría dicho Frédéric Bastiat- rompe la máxima de la equidad, amén de que constituye un atentado contra la esencia misma de la democracia, pues de la suma total de votos nunca se desprenden los resultados que la ciencia electoral, apoyada en el pitagorismo “d’Hondt”, sin embargo atribuye y otorga.

Veamos una pequeña muestra de cómo se han fijado algunos de los asientos en el Congreso de los Diputados tras ser computados los sufragios de las elecciones de este 20-N. UPyD, por ejemplo, triplicando en número de votos a PNV, logra los mismos escaños que esta formación vasca. Por otra parte, AMAIUR, con 333.628 votos, se afianza con 7 escaños en el Parlamento, mientras que Unión Progreso y Democracia, con 1.140.242 sufragios, tres veces y medio más votantes que AMAIUR, logra resultados muy inferiores, a saber: 5 escaños. Aplicando la regla de tres sobre los porcentajes alcanzados por AMAIUR, el partido que lidera Rosa Díez debería haber conseguido casi 24 escaños. ¿E Izquierda Unida? Esta coalición con un techo de 1.680.810 electores solo araña 11 escaños. Poseyendo 666.545 electores más que CIU, no roza ni por asomo los complacientes 16 escaños de los que va disfrutar este partido en la Cámara del Parlamento con sus 1.014.263 votantes. Por supuesto, si a Izquierda Unida se le hubiera aplicado, comparativamente con CIU, la misma regla de tres, tendría que haber logrado al menos 26 escaños.

¿Esto qué significa? Que no se respeta el principio de “una mujer, un voto”, “un hombre, un voto”, pues los grupos más pequeños siempre consiguen (no de las urnas, sino por los zarpazos de la ley d’Hondt) más representación popular de la que de verdad poseen. De hecho, el grupo abertzale AMAIUR únicamente ha ganado en Guipúzcoa y el partido nacionalista CIU solo ha paladeado la victoria en Lérida y Gerona. Con esta forma de gestionar los resultados de las elecciones, cada escaño le ha costado a UPyD la friolera de 228.048 votantes. Por el contrario, a AMAIUR el escaño le sale a 47.661 votos, un chollo. De otro lado, a IU cada escaño le ha supuesto el desafío de tener que alcanzar la cifra bastante elevada de 152.800 sufragios. Sin, embargo, CIU logra cada escaño por el módico guarismo de 63.391 electores.

Contra este maltrato a la ciudadanía no queda espacio para el enfado. (El enojo es un sentimiento pasivo, cercano a la ira y de dudosa productividad.) Así que, frente a los subidones de adrenalina que provoca la indignación, existe una salida. Y no es otra que trabajar por democratizar nuestro sistema político, toda vez que los problemas de la democracia solo se solventan con más democracia. Lo cual implica modificar la ley electoral, entre otras cosas. 


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