Blogomaquia

“¿Estado de Bienestar o Autonomías?”

En 1984, en Estados Unidos, fue creada la Unidad de Ciencias del Comportamiento. El objetivo de tal sección era conseguir que el FBI coordinase y, sobre todo, llegase a unificar todo el marasmo de investigaciones delictivas, perdidas y diseminadas en archivos, despachos y organismos de cientos de condados y ciudades de los Estados de la Unión.

Por esas mismas fechas, al otro lado del océano, en España, se iniciaba justamente una aventura inversa. Abierta la puerta a la descentralización del Estado, las competencias de gobierno pasaban a dominio de líderes localistas. Con lo cual, y debido a la fuerza centrífuga de nuestra Carta Magna que sancionaba esos actos de cesión, “Educación”, “Sanidad”, “Justicia”... fueron perdiendo su antaña naturaleza jurídica para ser convertidas en piezas diminutas de un puzle pseudofederalista.

Barullo y más barullo

A pesar del desarrollo espectacular de las nuevas tecnologías, la elección de herramientas informáticas, desarrolladas e implementadas a lo largo de estos años en cada una de las Comunidades Autónomas, ha venido condicionada en la mayoría de las ocasiones por criterios de “distinción”. Lo que significa que rara vez los programas informáticos de Educación, de Justicia... coinciden de una comunidad autónoma a otra. Ni que decir tiene que tamaña entropía genera dispersión, causa incertidumbre, provoca desorden, origina altísimos niveles de ineficacia y pobreza en la gestión de la cosa pública, amén de producir enormes sangrías en los bolsillos de los contribuyentes. Y en medio de tanta opacidad, tantas sombras y considerable confusión resulta que los caprichos y abusos de la clase política, que no el bien de las personas, son lo primero. Y así nos cunde. Y así nos va con 17 fronteras que, aunque invisibles, no son menos tupidas que los Pirineos.

Ante situaciones como éstas, ¿entonces se puede dar en España el caso del peligroso criminal inglés Peter W. Sutcliffe cuya tardana detención se debió a montañas de burocracias? ¿Y cabe la posibilidad de que ciertos funcionarios, tras ser expedientados en su comunidad autónoma, repitan en otra sus andanzas y desvergüenzas por falta de conexión entre organismos autonómicos? ¿E incluso es viable que a un enfermo de un pueblo de, p. e., Teruel o Logroño que tiene el hospital más cercano en otra autonomía se le deniegue ambulancia so pretexto de que no vive en aquélla? Ortega y Gasset apuntaba que “el río se abre un cauce y luego el cauce esclaviza al río”. Y algo de esto sucede en este país,  pues por debajo de las neolenguas de discursos e himnos con que acostumbran a maquillarse los administradores de los gobiernos locales, ocurre que entre comunidades no suele haber transferencias de información.

El futuro del Estado de Bienestar

A esta medievalización de la política hay que añadir un asunto. Si los presupuestos generales del Estado constituyen un plan económico del Gobierno con el que éste, al elaborar sus cuentas, procura actuar de forma similar a las unidades de consumo (familias) y a las unidades de producción (empresas), ¿cómo entender que los Gobiernos de la Nación consientan el desvío de fondos públicos a los pozos de déficit de las Comunidades Autónomas que, entre otros desaguisados, persisten en mantener legaciones en el extranjero, en pagar personal,  despachos, coches oficiales a diputados locales, costear visas oro a altos cargos regionales y... sufragar sueldos inmorales, por inmoderados, a ex presidentes autonómicos?

Para explicar estos esperpentos tengo que acudir  al alemán Robert Michels, el cual daba una descripción de por qué el funcionamiento de los gobiernos –y de los malos gobiernos, añado- apenas encuentra oposición o cortapisas en los administrados. En su libro Los partidos políticos (1911), este intelectual explicaba que “la incompetencia de las masas constituye el fundamento más sólido del poder de los dirigentes”. Y ya sabemos que “incompetencia” significa ausencia de autoridad, falta de jurisdicción.

Así que con una democracia que solo festeja durante las jornadas de votación, porque en los días de no-votación excluye que la gente podamos participar de forma activa en las instituciones políticas, no sorprende que en circunstancias durísimas, como la actual crisis económica que apalea a más de cinco millones de parados, la brecha entre ciudadanía y clase política siga ensanchándose. Pero, a la vista de los errores en que nos han sumido las élites dirigentes, ¿se debe sostener los lujos del organigrama autonómico?, ¿se ha de mantener sine die los despilfarros conspicuos de sus cabecillas o, tal y como ha planteado con gran lucidez la política vasca Rosa Díez, no es hora “ya” de replantearnos el modelo de las administraciones de las Comunidades Autónomas que, cual termitas, van a quebrar los cimientos del Estado de Bienestar?

La respuesta es obvia, aunque me temo que a buena parte de los políticos no les importan, tampoco mañana, los traspiés que genera su gestión, y eso a pesar del sufrimiento que crean en quienes menos poder adquisitivo poseen y proporcionalmente más cargas tributarias soportan para mantener en pie el edificio de las Comunidades Autónomas.


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