Publicado: 19/11/2012 14:20
Un 36% de las operaciones del coche usado correrá peligro, lo que supone una cifra de 600.000 operaciones anuales, según estimaciones de una de las patronales del sector, la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor (Ganvam), que ha levantado la voz de alarma este lunes, día en que entre en vigor la nueva regulación contra el fraude que prohíbe pagar en efectivo más de 2.500 euros por operación.
El vehículo usado está viviendo un momento dulce en plena crisis económica, pero esta nueva regulación podría producir un fuerte revés al sector. Se venden 2,31 coches usados por cada vehículo nuevo matriculado, pero el mercado podría alterar la tendencia positiva que logró desde 2011. Este ejercicio podría cerrar con incrementos cercanos al 7% (en 2011 creció un 4,22%).
La crisis y la falta de financiación han aumentado los pagos al contado durante los últimos años, hasta el punto de que el 52% de las operaciones de compra de vehículos de particular a profesional se hacen con pago al contado y nueve de cada diez superan los 2.500 euros, según datos de Ganvam.
La Asociación señala que en la actualidad el 40% de las compras de coches usados se realiza a un profesional, mientras que el 60% restante se concentra entre particulares. Los concesionarios y los compraventas son responsables del 36% de dichas transacciones, mientras que las firmas 'rent a car' acaparan el 4%.
Lucha contra el fraude
El presidente de Ganvam, Juan Antonio Sánchez Torres, indicó que la nueva limitación del pago en efectivo "aportará mayor transparencia" al mercado de usados y servirá para frenar el fraude fiscal.
"Al tener que realizar los pagos superiores a 2.500 euros utilizando medios diferentes al metálico, como por ejemplo, transferencia, ingreso en cuenta o cheque bancario, habrá mayor control sobre las operaciones que antes quedaban fuera del alcance del fisco", añadió.
La organización recordó que, desde hace cuatro años, mantiene un convenio con la Agencia Tributaria para la prevención y lucha contra el fraude en el sector del automóvil y, concretamente, en las operaciones de adquisición intracomunitarias de vehículos e importaciones que se realizan sin cumplir con las obligaciones fiscales en el ámbito del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte e IVA.
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