Apaga y vámonos

¿Por qué, cómo y a dónde se va Cataluña?

La ya llamada 'tercera vía', que Duran i Lleida proponía hace unos días y que no es más que la versión democristiana de la alternativa de los socialistas catalanes a la ruptura de Cataluña con España, ofrece, dada la resonancia mediática que sorprendentemente ha tenido, la oportunidad de una glosa jurídica y otra política. Voy a intentar resumir cuáles son las mías y por qué creo que se da a la tesis del político democristiano una trascendencia que en realidad no tiene. No me dedicaré en cambio a considerar, como han hecho otros, las razones por las que el portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados ha estado todo este tiempo intentando establecer canales de diálogo entre los protagonistas del Puente Aéreo, pues ni estos son en realidad todo el poder, ni creo que deban importar en política tanto las razones como los hechos en que se manifiestan. Al fin y al cabo, esta misma semana, Joaquín Gay de Montellà, presidente de Fomento del Trabajo Nacional, la patronal de la gran empresa en Cataluña, se pronunciaba en el mismo sentido (véase, la solución del “encaje de Cataluña en España” es el pacto fiscal entre ambas) y todos los que apuestan por el diálogo se quedaban de una pieza ante las patentes muestras de falta de inteligencia emocional que Rajoy y sus ministros han ido teniendo teniendo día sí y día también, en el caso del presidente, siempre vía satélite desde algún país remoto.

La glosa jurídica: Duran propone pacto fiscal, soberanía cultural y reforma constitucional. De las tres, una es imposible; la otra, sobrera, y la tercera, como mínimo, difícil de concretar.

El pacto fiscal supone el establecimiento formal de una relación bilateral entre Cataluña y el Gobierno central y la consecuencia práctica de que se atribuya a Cataluña mayor autonomía fiscal, cercana o equiparable a la del País Vasco. En Cataluña y desde siempre se ha cuestionado el privilegio del cupo vasco y el concierto navarro (reían algunos cuando el secretario general del PSC propuso que se eliminase, pero la pregunta que habría que hacerse, dejando al margen el escándalo fariseo de los privilegiados por cupo y concierto, es ¿de qué se ríen si la madre de todas las batallas habidas en España son los hechos diferenciales?). Bien es verdad que quien ahora lo reclama lo rechazó en la transición, y que por supuesto suele pedirlo quien obteniéndolo sale ganando. Pero lo inapelable es que, de plantearse, buena parte de quienes se verían mermados en los reequilibrios que lleva a cabo el Fondo de Compensación Interterritorial no estarían muy de acuerdo en su concesión, o bien se llegaría a una componenda que, aplicando el privilegio a muchos, produjera una suma que se excedería el 100% de lo recaudado fiscalmente. Máxime cuando con toda probabilidad quienes se añadirían a la reivindicación catalana serían, como Cataluña, dadores netos en razón de su peso económico y su productividad.

La 'tercera vía' no es más que la versión democristiana de la alternativa de los socialistas catalanes a la ruptura de Cataluña con España

La soberanía cultural, ¿qué significa? ¿Que se respete la lengua y la cultura catalana? ¿Que decidan los catalanes cómo y en qué idioma quieren vivir, a qué van a considerar cultura catalana o dónde van a realizar su promoción internacional? No sé si porque la buena estrella de Duran se ha acabado o porque luego van a hacer el paripé de quitarla para hacer ver que ceden, pero lo cierto es que el ministro Wert y, por tanto, Rajoy, o sea el partido con mayoría absoluta en las Cortes, acaba de establecer la obligación de todos los territorios de hacer del castellano lengua vehicular en la escuela... o sea , que de hacer lo que se quiera en Cataluña en la materia, ni hablar. Entonces, eso, que a Duran podría responderle el propio ministro de Educación: “de este tema, ¿para qué vamos a hablar?”. No estoy negando el interés que pueda tener el Estado en promocionar el castellano en cualquier parte del territorio, ni siquiera el hecho de que en algún lugar recóndito de la Cataluña más profunda algún niño no sepa expresarse con corrección en la lengua del imperio, pero lo cierto es que se adivina en buena parte del posicionamiento central una voluntad, que llega tarde, de recentralizar qué y cómo es cultura, que choca de forma frontal con los intereses catalanes, al menos, y no tenemos otro parámetro riguroso de referencia, con los que se expresan a través de su representación política de forma aplastante.

El tema de mayor enjundia jurídica y de menor concreción hasta la fecha es el de la reforma constitucional: éste es un mantra al que se suma cualquiera que no desee ser tachado de inmovilista, habla de él el PSOE, los más osados miembros del PP, los socialistas catalanes, Duran i Lleida, Ciutadans y buena parte de los comunistas. Tremendo consenso, tan transversal ideológicamente, sólo puede ser el fruto de su vacuidad. Algo de lo que todo el mundo habla, pero que cuando se concreta coloca a sus defensores en posiciones tan alejadas que casi produce risa: para unos se trata de federalizar España; para los otros, de recentralizarla; para los de más allá, de blindar competencias; para otros cuantos, de quitar la educación a las comunidades autónomas… la parte más común del mantra es la de reformar el Senado para dotarlo del carácter de cámara territorial que, sin mayor hondura, le concede la Constitución; pero ¡ay!, a ver quién es el guapo que soluciona lo de cómo los elegimos y qué van a poder decidir sin que, como ahora, el Congreso pueda enmendarles la plana. El constitucionalismo español se ha dedicado desde hace treinta años en Cataluña a intentar plantear posibles canales para su modificación, pero lo que en la idea jurídica puede concitar el acuerdo en la arena política se desmorona como castillo ofrecido a los embates del mar… el mar de la falta de empatía y de los intereses menos honorables; en uno y otro bando.

Para unos se trata de federalizar España; para los otros, de recentralizarla; para los de más allá, de blindar competencias; para otros cuantos, de quitar la educación a las CCAA

Por si fuera eso poco, casi todo el mundo se suma a la idea… menos el partido con mayoría absoluta. Así pues, no salen los números de acuerdo con las exigencias constitucionales, y es cuando todo el mundo se apunta a decir que el tema es en consecuencia una cuestión de “voluntad política”. Y aquí, pues, mi glosa política: es justamente la voluntad política la que falla. La propia vicepresidenta del Gobierno ha salido en tromba a decir que ni hablar de la 'tercera vía', y buena parte de los dirigentes populares se han aplicado estos días a defenderse con un lugar común del argumentario: tenemos la mayoría absoluta y con ello la legitimación democrática para adoptar las decisiones, no hay nada que negociar con minorías chillonas en torno al decreto del trilingüismo, menos aún con cadenas humanas que sólo (sic) representan a un veinte por ciento de los catalanes. De nada sirve que se les recuerde que en la mayor parte de los casos toman decisiones que no estaban (o incluso contradicen las que se encontraban) en su programa electoral, o que la mayoría absoluta no es una patente de corso en un sistema que dice asentarse sobre el pluralismo. Erre que erre con esas mayorías absolutas que, mira por dónde, las encuestas apuntan que pierden incluso en bastiones antaño inamovibles como Madrid o Valencia.

Ninguna formación política se atreve en Cataluña a decir que no deberían mejorar las condiciones catalanas en materia de solidaridad interterritorial. Ergo, está claro por qué y a dónde va Cataluña con las demás vías cerradas; a la ruptura. Y, por favor, no deben llamarle resignación a lo que no es más que la sencilla visión de un futuro que es ya harto cercano, mal que nos pese a quienes siempre hemos creído que la unión, desde la libertad, es la mejor opción política.

Para la semana que viene el cómo.


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