Apaga y vámonos

De cómo retorcer derechos hasta hacerlos irreconocibles

En el colmo de la tergiversación de los contenidos constitucionales, se presenta esta semana en Cataluña una iniciativa legislativa popular que, como no podía ser de otro modo, ha conseguido las firmas necesarias para ser aceptada en la comisión de peticiones del Parlament, pues se trata de la propuesta de que se legisle la garantía de una renta mínima para todo ciudadano; se le llama “de inserción”, ya que se justifica en la exclusión social que provoca carecer del mínimo imprescindible para vivir.

Es obvio que habrá que entrar en su letra pequeña: quiero imaginar que no plantea su concesión a cualquier inmigrante desde que ponga el pie en tierra desde la patera de turno (no por inhumanidad, pero ¿se imaginan qué efecto llamada tendría, más aún cuando se añade al que ya provoca saber de la laxa política criminal que aplica España con quien delinque?); por lo mismo imagino que no se pretenderá otorgar la tal renta a los menores de edad después de la que se ha armado con la (falsa) noticia de que la infanta Leonor tiene asegurada desde ya una pingüe pensión; e imagino que no cabe en ninguna cabeza que la tengan los reclusos condenados, defraudadores contumaces, violadores presuntos que todo el mundo sabe a ciencia cierta que lo son, o pederastas disfrazados de tonos benefactores varios; en suma, quiero creer que nadie estaría por conceder la tal renta a quienes hayan demostrado con su conducta que no son merecedores de prácticamente nada.  Pero en cuanto a quienes sí hubiera un consenso sobre el hecho de que la merecieran, ¿qué decir sobre la pretensión de que se convierta en un derecho?

Garantizar una renta mínima es otra vuelta de tuerca a un sistema que día a día se va confabulando para disfrazar de derechos lo que en realidad son formas de alienación de sus potenciales titulares. Si ha de ser el mínimo necesario para que una persona pueda vivir dignamente, ¿cuántos tendrán la dignidad de trabajar por lo mismo que se les otorgará sin hacerlo? Y no vale hablar por boca de lo que desearíamos, sino pensando en lo que con gran probabilidad habrá de suceder. Si un salario ya más que habitual ronda los 900 euros netos, ¿alguien lo aceptará por la exigua diferencia entre ese importe y el que sin trabajar tendrían garantizado? ¿No sucederá más bien que, si acaso, cobrará la renta y sumergirá su actividad laboral, contribuyendo de ese modo al monto del fraude fiscal que nos avergüenza frente a nuestros homólogos del mundo desarrollado?

Del mismo modo que garantizar una renta mínima a todo mortal que la necesite transforma el derecho a trabajar en un derecho a no hacerlo, hay una mixtura mortal en los sacrosantos derechos laborales conocidos como subsidio por desempleo e indemnización por despido. En un país donde el primero puede alargarse dos años y el segundo se afana en esquilmar para siempre las posibilidades de una empresa regular de salir adelante y continuar dando empleo, la resultante es echar a la calle al último recién llegado, sea o no el más eficiente del lugar. Me dirán, y lo entenderé porque también yo llevo  décadas en mi faceta de asalariada, que se da más en la medida en que decrecen las posibilidades de encontrar otro trabajo, pero les preguntaré ¿por qué no es standard, como la renta mínima esa que ahora se discute?

Podría ser la indemnización la misma, y poca, quizás prorrateada entre todos los empleadores del sujeto en cuestión. Podría ser el subsidio también el mismo y no demasiado largo sin distinguir historia laboral; más aún, podrían no existir (quizás el subsidio un par de meses en un escenario donde no fuese endémico, o donde por ello no fuese endémico un 8% de desempleo) y en cambio, ser los salarios ejemplarmente dignos, y no acumular trienios por el mero hecho de acumular años, como si eso fuera un mérito. Pero ninguna de esas propuestas está al alcance de unos gobernantes que claudican ante los votos que necesitan para seguir haciéndolo, así que se les ha ocurrido lo que, teniendo en cuenta la poca gente que todavía pueda llegar a cobrar una buena indemnización, resultaba de cajón, y es que tribute, excepto las del nivel más bajo, de modo que pueda el fisco recuperar así lo que por el momento y a partir del año que viene perderá en la recaudación del rebajado impuesto sobre la renta. Juego de trileros al fin…

Todo parte de una engañosa base, porque los derechos, si lo son, sólo pueden ser reconocidos, esto es, ya existen de antemano. En cambio, por lo que parece, también pueden crearse y hacerlo hasta el punto de hacer desaparecer otros. Sin embargo, decía hace poco cierto político socialista, que el derecho a decidir no existe, que lo que existe es el derecho de autodeterminación; que eso lo diga alguien de un partido cuya razón de ser ha sido históricamente el arrancar derechos de quienes los negaban no deja de ser una ironía. En todo caso, reconocidos o creados, no pueden existir sin que para alguien no acaben suponiendo un deber; y no sólo los derechos públicos subjetivos, esos que parecen serlo sólo frente al Estado pero que acaban cobrándose de todos los demás, ya que sólo arrancándolo de cada ciudadano existirá el importe a pagar por una escuela, un hospital o una pensión.  

También, y del mismo modo, todos los demás derechos que vayamos descubriendo/creando, pues el Estado no es más que una máquina que transforma los inputs de nuestras aportaciones en los outputs de nuestros derechos que suponen prestación. Ésa es posiblemente la aberración del Estado social, no olvidemos que tiene su origen en estructuras no democráticas, esas que al estilo del despotismo ilustrado pretendieron dar el pueblo sin contar con él, sin consultarlo, probablemente por la conciencia práctica de que si nos preguntan la tendencia expansiva con la que concebimos los derechos nos lleva a un callejón sin salida: derechos retorcidos hasta el punto de no ser posible reconocerlos; como le ha sucedido a la justicia, que fue ciega y ahora mira atentamente a quien juzga y distingue entre galgos y podencos: Isabel Pantoja se librará de la cárcel aunque se ha confirmado en el Tribunal Supremo su condena a dos años; en Cataluña el caso Pallerols ha metido en prisión a dos sujetos condenados a siete meses… pero es que dicen en este caso los jueces que lo de la corrupción, si es política, es peor... Ya se ve que no somos todos iguales y que, como dicen los últimos (políticos) demagogos, los (otros) políticos son unos asesinos... ¡De buen linchamiento se han librado por no haber nacido en el far west!


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