Apaga y vámonos

La magistrada en el plató

Alucinante. Un poder judicial que se queja de la politización de la justicia permite que un sábado por la noche una magistrada del Tribunal Supremo se plante en un plató de televisión para, a ritmo de entrevista, dejar ir su opinión sobre temas diversos de marcado cariz político.

Venía ella a renglón seguido de un agrio debate que, como no podía ser de otro modo, se centraba en la manifestación en forma de V producida en Cataluña el jueves anterior, 11 de septiembre, y en el que participaban representantes de todos los partidos políticos, cada uno con su cantinela, ninguno con visos de querer escuchar al contrario contra el que se lanzaban en tromba, volviendo a escenificar aquello de “la ley dice”, “la calle ha expresado”, “eres un inmovilista”, “pues anda que tu curiosa similitud con los movimientos populistas totalitarios”.

Nadie con orejas, todos con boca, a pesar de lo cual sinceramente a mí me faltó un comentario sobre lo único sombrío de aquella jornada, lo que me ronda el ánimo desde entonces, pues la convocatoria se hacía para pedir poder votar el 9N y acabó siendo una soflama sobre la independencia que estoy segura de que no todos los congregados compartían. Error, en fin, que no salió a colación, obcecadas como estaban las partes en esgrimir los argumentarios de partido en diálogo de sordos azuzado por quienes no tienen en la cabeza otro pensamiento que el share presente.

“Margarita nos lo explicará”, decía el presentador en tono cachazudamente amical; también la exuberante (¡siempre!) azafata la nombraba con la misma confianza, mientras refería datos sobre lo mal que se encuentra la justicia en nuestro país. ¡Y tan mal! El ejemplo vivo fue Margarita Robles, magistrada de Jueces para la Democracia, otrora secretaria de Estado de Seguridad en uno de los Gobiernos de Felipe González, confundida sobre el papel que las asociaciones profesionales de jueces deben tener, poniendo a caldo al Gobierno por la precarización de la clase obrera que ha producido la reforma laboral y reiterando que nunca desde el inicio de la democracia se había visto la justicia en una situación tan lamentable.

¿Los estragos que en la memoria produce el tiempo… o quizás es que aprovecha el hecho de que Gallardón haya conseguido ganarse la animadversión de todos los colectivos relacionados con el foro? Porque el debate sobre las relaciones pecaminosas entre política y justicia es antiguo y desde luego situaciones dramáticas las ha vivido la justicia en múltiples momentos, entre los que no es menor aquel en el que asistimos a la condena a nueve años de cárcel del juez Luis Pascual Estevill, un ejemplo (mal ejemplo) de la politización que el PSOE practicó sobre el poder judicial con el uso del cuarto turno para colocar en él a sus amigos más queridos, o a los amigos de los que entonces eran sus amigos. Sabían que el poder judicial tiene, y sería largo explicar por qué, un ADN conservador y decidieron cambiarlo… y así empezó todo; o cuanto menos, continuó. Nada es ahora más lamentable que entonces, excepto que la crisis, como en cualquier otro colectivo laboral, también en ése ha hecho un agujero.

Los jueces no hablan, no deberían hablar, lo he dicho ya en otras ocasiones. Lo dije en su día de Enrique López, con quien coincidí en tertulias, siendo él entonces vocal del Consejo General del Poder Judicial; lo he dicho de Santiago Vidal, que “a título particular” ha formado parte de un grupo redactor de la eventual Constitución catalana, y se ha manifestado en diversos foros a favor de la independencia, y lo diría de cualquiera otra persona que, con sus expresiones y manifestaciones, produjera confusión en torno a un tema capital como es la imparcialidad de la justicia. El afecto o la simpatía que yo pueda tener por ellos o por sus planteamientos nada obstan a lo que estoy diciendo, y desde luego estoy convencida de que pueden entender las razones de mi crítica, si intentan observar la cuestión desde fuera.

Una magistrada, menos aún si es miembro del Tribunal Supremo, y lo digo con el mayor de los respetos por la persona y por la institución de la que forma parte, no puede ir a un plató de televisión a hacer un meeting con sus opciones o preferencias ideológicas. No se trataba de una cuestión técnica (la televisión casi nunca se plantea ese nivel y si lo hace, la gente dice que le resulta muy interesante pero en realidad se pasa a otro canal), se trataba de una crítica sin ambages al actual Gobierno y por ende una demostración clara de la contaminación que en ese poder, supuestamente independiente, se ha producido por parte de los partidos políticos, siempre prestos a colocar en los espacios judiciales elementos favorables a sus tendencias. De hecho, la magistrada Robles en el plató de La Sexta no es otra cosa que una constatación de la actual y enfermiza simbiosis entre justicia y política.

Me dirán que dónde queda la libertad de expresión y les diré que a mi juicio la de los jueces es escasa, si no quieren luego quejarse por el honor perdido. Bien es verdad que la ley prevé la posibilidad de la abstención y la recusación de quienes de forma manifiesta se muestren amigos o enemigos de la causa o los encausados que tengan entre manos, pero lo que en el plano particular tiene una fácil solución, no lo es tanto si estamos refiriéndonos a miembros relevantes del poder judicial, hablando sobre temas políticos también de gran enjundia y en medios de comunicación de audiencia de masas; quizás no haya caso del que tengan que ser apartados, pero la institución en sí aparece a los ojos de la gente como menos ciega e igual para todos de lo que dice ser. La presunción jugará siempre en contra de quien hable.

Y así llegamos, aunque no se trate de poder judicial, a las decisiones que tome en los próximos meses el Tribunal Constitucional y el caso omiso que eventualmente quiera hacer la clase política, pongamos por caso, la catalana, de sus decisiones. Si después a eso se añadiese alguna sentencia del Tribunal Supremo contra algún aforado desobediente, rebelde o prevaricador, ¿con qué legitimación habría de dictarla? Lo que está en juego con frivolidades como la de una magistrada en un plató televisivo es mucho más que la decisión concreta que se tome; es un ataque (más) a la credibilidad de las instituciones. Así no hay que extrañarse de que partidos que vuelven a hablar de la dictadura del proletariado estén en el hit parade de la partitocracia.


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