Apaga y vámonos

La ley de la ordenada extinción de las empresas con problemas

No me sorprende constatar que quienes más critican los despilfarros (véase, es un ejemplo, el que haya podido significar la televisión pública valenciana) no hayan hecho el menor amago de autocrítica respecto al hecho de pertenecer durante años largos y lustrosos a instituciones tan inútiles como lo es estructuralmente el Senado (la propia Constitución lo relega a cero funciones) y, con mayor calado y presupuesto, también el Parlamento europeo, esa institución donde se aparca a quien ya no sirve para la política de la trinchera, mientras su partido espera a encontrar la mejor manera de dejarlo definitivamente fuera.

Siendo despilfarros enormes, y que no veremos desparecer, tanto el Senado español como el Parlamento europeo no son los únicos que podríamos colocar en la lista de todos los que cualquier partido, del signo e historia que sea, critica sólo mientras no ha entrado en ellos. Pero no me interesa tanto hablar de instituciones sobreras y carísimas, sino de ese otro despilfarro que se practica por parte del Estado y que, navegando en la entropía, suele conducir al despropósito y al caos.

El despilfarro del que les quiero hablar es el de las leyes erradas. Estos días estuvo siendo noticia la LOMCE, como enésima versión del “yo sí sé lo que hay que hacer con la educación”, demostración palmaria de lo que no hay que hacer con las cosas de comer. Y el absurdo del debate y el texto que le ha dado pie parecen haber corrido una cortina espesa sobre otra cuestión que ha hecho un roto tan importante en el ámbito de la economía como el que el rosario de leyes educativas ha ido haciendo sobre una enseñanza de calidad. Se trata de la reforma legal que sustituyó la doble posibilidad que fue la suspensión de pagos y la quiebra, por el actual y unívoco concurso de acreedores.

Decía hace pocos días el presidente del Instituto de la Empresa Familiar, José Manuel Entrecanales, se dirigía a una vicepresidenta del Gobierno que parece haberse creído que lo de la crisis es cosa del pasado: “En 2012 cerraron 400.000 empresas, vicepresidenta”, le atizó en plena boca, mientras ella la usaba para lanzar esas sonrisillas de suficiencia de quien se sabe de carrera los mil y un recovecos del mapa del Estado. Ni inmutarse. Quien no ha cobrado más nóminas que las que provienen de los presupuestos públicos (aderezadas con alguna que otra donación de agradecidos jefazos de las corporaciones, puede que Entrecanales incluido), quien no ha tenido más riesgo empresarial que el de llevar las cuentas de su casa, aunque eso no sea poca cosa para más de una atribulada ama de casa, puede seguir sonriendo cual conejillo sobrado mientras el mundo se desmonta, porque, “al fin y al cabo, la bolsa sube, los especuladores compran y sólo debemos todo nuestro PIB…”.

La vicepresidenta tiene datos: ella sabe que las exportaciones han aumentado, aunque habría que matizar que los que exportan son cuatro, mientras el resto se ahoga, haciendo cada vez más verosímil la lista de los 400.000 proyectos que dejaron de existir; ella sabe que el capital ha vuelto a invertir en España, pero se queda para sí o prefiere no recordar que no hay demasiado de ese dinero puesto en la industria productiva, que se trata sólo de economía especulativa de esos buitres que, como nos fue anunciado, planean sobre las oportunidades de valores e inmuebles que la crisis ha dejado a precios de derribo; que ya ha cesado de empequeñecerse la econonía, pero que ese dejar de caer sólo se debe a que ya no hay más fondo por el que despeñarse y que si el ritmo de crecimiento es de una décima anual tardaremos siglos en abandonar la penuria que se ha instalado en nuestra piel, como si fuese un tinte indeleble de desánimo.

Porque yo, como imagino que tantos otros, veo la crisis en mi entorno. Veo a valientes exponentes del empresariado anónimo que crecían de forma sostenible y creativa hasta anteayer precipitarse por la pendiente pronunciada de la ausencia de consumo de la mayoría, de los que no pueden y de los que temen. Algunos incluso habían llegado a nadar en la opulencia, aun sabedores de que todo lo que sube acaba bajando y que la historia demuestra que los platos rotos siempre los pagan los mismos. Llevan en la cuerda floja ya demasiado tiempo, no hay paro o indemnización por despido que los ampare, por supuesto su plaza en el mercado laboral no está asegurada, porque no hay oposiciones a empresario, y aunque algunos de ellos en algún momento pudieran haberse forrado el riñón, los que lo son de verdad ya lo vuelven a tener al pairo porque se han gastado hasta el último céntimo de sus ahorros en mantener su sueño en pie, cuando ya no era más que un cadáver. En ese momento, cuando su situación es de insolvencia, la ley les obliga al concurso de acreedores, pero una vez concursados, con su administrador a cuestas (que ya para empezar les pide más dinero), ya no hay proveedor que los provea, y si quedaba algún banco que concediera crédito, desde luego no es para ellos. En esa tesitura, el concurso se convierte, en el casi cien por cien de los casos, la muerte segura de la empresa, y así no es extraño que en un año hayan caído esos centenares de miles a los que aludía el grande ante la vice.

Para colmo de males, entre los buitres carroñeros que se ciernen sobre la economía española, también hay abogados sin escrúpulos. No sé cómo seremos capaces de asegurar no dar jamás el título a semejante ralea, pero lo cierto es que incluso hay abogados que aconsejan a empresarios individuales con problemas parciales de insolvencia, que se sometan a concurso, lo que al final significa, el final del negocio, la expulsión definitiva al frío páramo del paro a cuantos trabajaron en ella, la ruina total del jefe de filas y la triste ironía de que quien ejerció de empresario individual sin amparar su actividad en ese subterfugio societario que es separar el patrimonio propio y el de la empresa, acabe pagando el pato de la total honestidad…”tonto el último”, dirá el listillo. Y es que esa ley, más que para arreglar las cosas por el concurso de los acreedores, debería llamarse la de “la ordenada extinción de las empresas con problemas”.

La economía como actividad dignísima que ordena la parte material de nuestras vidas se ha convertido en el estercolero donde supuestos profesionales de diversos ramos se dan cita para ver quién y cómo tira mejor de la carne del caído… “Nos vemos en el infierno,… gánster”, le acaba de espetar David Fernández, un parlamentario independentista anticapitalista, a Rodrigo Rato en una comparecencia en el Parlamento catalán. Y fíjense, tal y como pinta el panorama, va a resultar que está la calle más cerca del maleducado que del ofendido.


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