Apaga y vámonos

¿A qué tanto escándalo con la militancia del magistrado?

Cualquier curso básico de Derecho Constitucional inicia la lección referida al Tribunal del mismo nombre con una tajante afirmación que los estudiantes deben asumir cual dogma de fe o axioma no debatible: el Tribunal Constitucional no forma parte del poder judicial. Ya antes de hablar de eso el profesor tiene que haber explicado qué son los valores superiores del ordenamiento constitucional y la necesidad imperiosa de que la interpretación de cualquier parte de la Constitución, como en general de cualquier norma jurídica, se aborde desde una perspectiva sistemática, es decir, situando cada concepto en su contexto espacial y en su esquema lógico.

Sólo con esas dos premisas bajo el brazo es posible distinguir un magistrado del Tribunal Constitucional de uno del Tribunal Supremo. Sólo así puede entenderse que el segundo forma parte del poder judicial, y que el primero no, salvo además de haber accedido al Tribunal constitucional, ostentase previamente un número en el escalafón judicial. Quiere eso decir que hay magistrados del Tribunal Constitucional que no son jueces, es decir, que sólo son magistrados en tanto que pertenecientes al Tribunal Constitucional. Y es esa confusión entre magistrados y magistrados la que conduce, creo que interesadamente, a la polémica de estos días sobre el carné de partido de un magistrado que no lo es en ambos sentidos de la palabra.

Había hasta hace poco un jefe de policía en Cataluña que lucía con orgullo su carné de militante socialista. Nadie le dijo nunca nada, excepto que quizás era mejor que lo hiciera menos estentóreamente, y por supuesto en ningún foro se debatió públicamente que no llevase a cabo su actividad sin atenerse a dicho color político. Pero vayamos al caso. El nombre de “magistrado” lo reciben en nuestro sistema político los integrantes de varios tribunales, pero no todos esos tribunales forman parte del poder judicial. El régimen de cada colectivo de magistrados viene determinado en la Constitución y en su propia ley orgánica. Cuando el título sexto de la Constitución habla del poder judicial y el noveno se rubrica “del Tribunal Constitucional” es por algo fácilmente deducible incluso para los legos en materia: son “cosas” (lenguaje vulgar) distintas. Los magistrados del Tribunal Constitucional, como ocurre también por razones distintas con el Tribunal de Cuentas, tienen su propio estatuto; por eso cuando en el art. 159 de la CE se habla de lo que tienen prohibido, a sensu contrario y como para todo hijo de vecino, debemos entender que lo que no les está prohibido les está permitido. Ese y no otro es el sentido del principio “pro libertate”.

El presidente del TC tiene el derecho constitucional a militar en un partido, a que no se sepa en qué partido milita y a que nadie le pregunte por su ideología

Tanta palabra para decir que el presidente del Tribunal Constitucional tiene el derecho constitucional a militar en un partido, el derecho constitucional a que no se sepa en qué partido milita y el derecho constitucional a que nadie le pregunte por su ideología y por tal condición. Como ocurre con el resto de los ciudadanos, excepto con unos pocos colectivos en los que la Constitución explícitamente lo prohíbe: los jueces (del poder judicial) y los fiscales. Ni siquiera lo prohíbe de forma tajante para dedicaciones que por ley (habilitada por el texto constitucional) sí lo tienen prohibido, como son las fuerzas armadas. Lo que sí se prohíbe a los miembros del Tribunal Constitucional es compatibilizar tal función con la de cargos directivos en partidos políticos y sindicatos, pero ese límite se produce también respecto de cualquier otra actividad, pues tampoco pueden ser a la vez abogados, notarios o gerentes de una empresa…

No nos gusta lo que dice la Constitución a ese respecto. Si no ¿a qué tanto barullo con la militancia de base en el PP que el Presidente del Tribunal Constitucional mantuvo incluso cuando ya había accedido a dicha magistratura? Lo que algunos nos preguntamos, en cambio, es por qué los otros, los que pertenecen al poder judicial, no pueden también hacerlo. Les dejamos acudir a tertulias a opinar sobre política, les dejamos pertenecer a asociaciones cuyo sesgo ideológico siempre hemos tenido claro porque se constituyeron cual clones de los partidos y sindicatos, les adscribimos a una ideología en cuanto podemos y nos sorprendemos por el hecho de que de vez en cuando en sus sentencias se desvíen en sus decisiones del sesgo que hemos predicho que van a tener en ellas. Sabemos o creemos saber de antemano qué van a decir, entonces, ¿a qué tanto escándalo por el hecho de que ese alguien pague la cuota de militante? Debe de ser uno de los pocos que lo hacen, o mienten todos los partidos en cuanto al número de los que les acompañan, porque a razón de 30 euros mensuales, el PP debería recibir en toda España casi 30 millones de euros al mes, lo que si fuera verdad habría hecho absurdo y más abusivo si cabe ese haber ido usando furtivamente las listas de contribuyentes, como se dice estos días, para buscar donantes ricos que les ayuden a seguir distribuyendo sobres.

Ningún partido tiene los militantes que dice tener, nadie ha auditado nunca esos números y estoy convencida de que la ciudadanía quedaría sorprendida al ver lo lejos que quedan de la realidad esas cifras de las que alardean. Un militante es, en ese contexto, más una buena noticia que un baldón, lo haga en el partido que sea dentro del abanico de posibilidades que ofrece el sistema democrático. Y, en cambio, leyendo mal la Constitución y haciendo ver que creemos, por una vez y sólo una, que el Tribunal Constitucional es una institución judicial y neutra, se ha hecho leña absurda de la militancia de Pérez de los Cobos. Y se dice que es porque la mujer del César además de ser honrada ha de parecerlo. Mentira. En todo caso, lo único que aparentamos querer, lo único que nos vemos capaces de exigir, es que lo parezca. Pero justamente eso es lo que la ley no le pide. Y la ley no la ha hecho el juez, la han hecho esos mismos políticos que hoy cargan contra el PP por ese carné que ha salido a la luz, como políticos populares han cargado contra una presidenta del TC que recibía con estoicismo una filípica de Teresa Fernández de la Vega.

Ningún partido tiene los militantes que dice tener, nadie ha auditado nunca esos números y estoy convencida de que la ciudadanía quedaría sorprendida al ver lo lejos que quedan de la realidad esas cifras

Así que podemos decir que militancias las hay de varios tipos, y no creo que el pago de 30 euros al mes por sentirse de unas siglas sea lo esencial; muchos magistrados, sin pagarlas, las pagan; muchos magistrados arrastran sus principios por el barro del servilismo, el precio más caro que pueden pagar. La única obligación imprescindible en ese Tribunal que actúa, como se ha dicho tantas veces, de legislador negativo, es que actúe con imparcialidad. Y ¿vamos a adoptar la pose de indignados por la cuota mientras la institución entera ha permitido en los últimos años la mayor ignominia y condicionamiento ideológico de su historia?

La verdad es que todo esto del carné me ha parecido una falsa noticia, enmascarando una mucho más grave, como es el alto nivel de tolerancia que nos hemos acostumbrado a tener con el hecho de que salgan a la luz aspectos de la vida de las personas que no son delitos y que en cambio sí forman parte de su libertad de conciencia y de su intimidad. Por esos embates y violaciones de aspectos tan importantes de nuestra personalidad, que vamos perdiendo poco a poco y de forma irreversible en cada nueva noticia de este tipo, nadie parece estar preocupado; pero, a mi entender, al ritmo que tales revelaciones lleva, en breve nuestro sometimiento al ojo fraternal e hiperbólico será tan absoluto que no cabrá queja, ni reivindicación de libertad alguna, porque cuando esas dos libertades se van sin aspaviento de nadie, la vida, remedando al poeta, casi no vale nada. Pero no es éste más que otro dato que revela el declive; tanto mejor para llegar al fondo; será el momento de recomenzar.


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