Apaga y vámonos

La condenada propicia una reflexión sobre 'accountability'

“Condenada a vagar por el espacio por los siglos de los siglos”. Así quedaría Cataluña, si se separase de España. El ministro que amenaza con castigos bíblicos, el que dijo en su día que sólo cabe la independencia declaración unilateral mediante, es el mismo que también afirma, como no puede ser de otro modo, que Cataluña es España. De tonto no tiene un pelo y sabe que la cartera de Exteriores no vale igual si en ella está Cataluña o si ésta se configura con su propio maletín, pero su problema radica en que de nuevo sus palabras esconden presuposiciones que sin duda le resultarán indeseables: que España sin Cataluña dejaría de serlo y, por tanto, su estatus podría ser tan incierto como la parte segregada y, sobre todas las cosas, que la independencia es posible. Más aún, de tanto hablar de ella, ya parece incluso probable.

O sea, que Margallo dice que Cataluña se puede separar de España. No voy a entrar ahora en disquisiciones de si puede o no puede, pero no me negarán mis queridos lectores que quienes pretenden mantener España unida han caído en la trampa de tomar en consideración las palabras de los adversarios; estamos en el encuadre lakoffiano en el que reflexionar sobre los efectos de algo es aceptar la eventualidad de ese algo. En esa irresponsabilidad no hay distingos entre partidos de gobierno y los que ululan en las periferias del sistema. Una irresponsabilidad compartida que es en todo caso menor comparada con otras que más directamente puede visualizar la ciudanía. A estas últimas, mucho más que a la del ministro García-Margallo quiero referirme hoy aquí, habida cuenta de que en cuanto al tema de la secesión de Estados, las posiciones enfrentadas de Rusia y la Unión Europea entorno al referéndum que haya de celebrarse en Crimea sobre su futuro político ya hablan sobradamente de que estas cosas no se deciden en el foro de las leyes, sino en el de algo mucho menos tangible y fractal como es el de la geoestrategia; tengamos gas o energía solar, sobre todo por la acreditada ausencia de inteligencia emocional.

Accountability. Los norteamericanos acuñaron, y ya Tocqueville lo percibió con sana envidia en aquel viaje suyo a América que simboliza la localización del centro del imperio contemporáneo, un término que define la relación entre gobernantes y gobernados como un deber mutuo, en relativa igualdad de condiciones, base fundamental del modo moderno de concebir a las personas, no como súbditos, sino como ciudadanos acreedores de derechos que obligan al poder a una tarea diligente en la administración de los recursos, en la imposición de las sanciones y en la justificación de las conductas de los circunstanciales dirigentes. En cuanto a esto último, los modelos culturales son distintos en los países de tradición católica y de tradición protestante: el valor que se concede a la ejemplaridad de la vida privada en Inglaterra, Estados Unidos o Alemania no soportaría personalidades como Miterrand, Sarkozy o Berlusconi. Hollande en Francia e incluso el Rey de España han marcado, sin embargo, un punto de inflexión en esta actitud meridional contemporizadora, aunque no tanto por causa de los hechos privados, como por sus repercusiones en la seguridad y también en la austeridad de las instituciones del Estados en estos momentos en que la crisis económica nos hace valorar mejor el dinero que invertimos en las contingencias vitales de los que mandan; de nuevo, todo hay que decirlo, se trata de una manera farisea de afrontar los problemas.

La falta de ética privada se proyecta hipertrofiada sobre la gestión de los recursos públicos, ya que éstos, como dijo la ministra, "no son de nadie"

Sin embargo ese accountability se aplica en los países anglosajones, más que a las cuentas pedidas sobre la vida privada, a las que se hacen sobre la actividad de gobernar, al modo en que se dispone de los recursos públicos, o se toman decisiones que afectan directamente a los bolsillos de la gente. Al final todo el dinero sale del mismo sitio, aunque en unos casos más que en otros se activa una sensibilidad social, ya sea porque es dinero más claramente visualizable (caso de multas injustas, recorte de salarios, aumento de impuestos o tasas), ya sea porque se derrocha en colectivos con su prestigio por los suelos, como es el caso del sector bancario o de la propia clase política. Cuando el ministro De Guindos responde de manera displicente a la pregunta sobre las indemnizaciones que van a recibir Massana y Todó por su despido improcedente de CatalunyaCaixa, lo hace en primera persona del plural y recordando que “hemos metido” 12.000 millones de euros en la entidad; o sea, que lo hemos hecho entre todos, y que ese millón largo que habrá que pagarles ahora no es más que el chocolate del loro que también alimentamos en comandita. Tampoco se hace a nadie responsable y entre todos los que están aprueban y se reparten dinero los partidos políticos al margen de lo que ya les corresponde por voto y escaño. La falta de ética privada se proyecta hipertrofiada sobre la gestión de los recursos públicos, ya que éstos, como dijo la ministra, “no son de nadie”.

Bien lejos se encuentran esas primeras personas del plural que suelen emplear los dirigentes cuando crujen a la clase media bajo un esfuerzo fiscal de antología, o cuando deben indemnizar al personal por sus errores (el del céntimo sanitario a devolver amenaza con costarnos otro pastón para alegría de los que conserven sus facturas de carburante) de la forma singular que por consejo arriolista ha empezado a utilizar el presidente del Gobierno español para hablar sobre aquello que considera que beneficia su imagen: lo que no tolerará de Cataluña; la decisión, con dedo semejante al que le ungió a él como candidato del PP desde la mano de Aznar, sobre cuándo y quién será nombrado para la deslucida tarea de ir a parar al Parlamento Europeo; un partido postrado a los pies del jefe, mientras otros hacen ver que eligen sus candidatos con decisiones en plural (Valenciano) y los que nada arriesgan colocan a vedettes mediáticas en los primeros lugares del escalafón (sí, yo también lo parecía en aquel PP catalán de 2006), simulando, o no, una suerte de concursos en los que participan cuatro gatos del número de militantes que afirman tener.

Ni la falta de verdadera democracia interna, ni la irreflexiva o negligente, o malvada gestión de los recursos públicos, ni la cobardía de no renunciar a la parte del pastel por ser ya miembro de la fiesta están en la agenda de cualquiera de ellos. ¿Y en la nuestra? En nuestra agenda sigue estando la indolencia, y es difícil que así pertrechados nos podamos quejar; pedir responsabilidad a los que mandan requiere una previa en quienes les han elegido; por acción u omisión adolecemos de ella; también entre nosotros los fracasos están huérfanos mientras a los éxitos se les acumulan las progenituras. Y ésa es nuestra condena.


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