Apaga y vámonos

Preferentes: la venganza es inútil

Lo que funciona desde el punto de vista político no es siempre lo más práctico y eficaz para la gente. Tal desajuste debería ser una excepción, pero de tan reiterada, la anomalía está acabando por transformarse en regla. Quizás el ejemplo más sangrante en el presente es el de las participaciones preferentes, ese atolladero al que ha llevado a un millón de españoles el triángulo dantesco formado por reguladores ineptos, bancos apresurados y clientes con ganas de sacarle el mayor rédito a sus ahorros. Eso por no suponer que, como diría la líder de la PAH, todos son unos “criminales” por el hecho de que den hipotecas y luego la gente no las pueda pagar.

UPyD y su querella contra Bankia

El ejemplo del modo en que las buenas (o interesadas) intenciones de la política pueden acabar haciendo un roto en los intereses del ciudadano de a pie es la querella interpuesta por UPyD contra Bankia por el desgraciado asunto que ha llevado a miles de personas sin formación económica a convertirse en accionistas a la fuerza de un entidad que nació aberrante, como ya reconoce incluso el mismísimo ministro de Economía con una cara dura digna del mejor futuro teatral. Está claro que ese bisoño partido liderado por una nada bisoña política ha sacado un enorme rédito del hecho de haber marcado en solitario el paso de ajuste a los banqueros depredadores, mientras la mayoría, sindicatos incluidos, miraba hacia otro lado por razones más que obvias e intereses no siempre confesables. Pero, si atendemos al beneficio que los particulares, incluidos quienes jalean a Rosa Díez, han extraído de la cosa, la verdad es el agua de borrajas. Por varias razones.

En primer lugar porque el Derecho Penal es la parte del sistema normativo que atiende al caso extremo, busca castigar y, a ser posible, evitar en el futuro aquellas conductas que en la consideración social merecen el mayor descrédito o que ponen en mayor riesgo el mantenimiento del statu quo institucional y político; así hoy existe un delito ecológico que ayer no existía y todavía sigue siendo delito de gravedad injuriar las altas instituciones del Estado, aunque esto último cada vez traiga a la gente más al pairo, calando como ha calado la idea de que sólo nos suponen gasto.

Por ese carácter extremo, los jueces en general son muy cautos en eso que la gente llama “empapelar” a alguien, aunque en los tiempos que corren crece el número de decisiones que parecen tomadas para contentar al populacho y no tanto para impartir justicia ciega. El Derecho Penal se construye sobre la institucionalización de la venganza: una vez aparcada la justicia privada por la evolución de las reglas de convivencia social, es necesario que el sistema político y normativo dé juego y salida a las comprensibles ansias de la gente de que quien la hace la pague; así, la prisión preventiva de Blesa es el ejemplo más reciente de cómo un juez blinda la propia posición apareciendo ante la opinión pública como justiciero, aunque sea más que discutible la propia figura de la prisión preventiva y las circunstancias en que se ha aplicado al expresidente de Caja Madrid. Al final, lo que ha de importar no es si ahora entra en prisión, sino si quedará en ella para cumplir su condena en caso de que se le halle culpable.

El magistrado Andreu imputa a los responsables de Bankia

A mi juicio no forma parte del paquete de decisiones judiciales polémicas y más o menos oportunistas la que ha tomado esta semana en la Audiencia Nacional el magistrado Fernando Andreu, de imputar a los responsables de Bankia por el tema de las preferentes, porque él mismo precisa que trata de encontrar un equilibrio en el que no demorar la satisfacción de los intereses particulares no suponga “crear espacios de impunidad” para delincuentes, si los hay.

Pero la transcendencia y alcance de su decisión merecen comentario aparte, habida cuenta de que puede incidir de lleno en esa paradoja que antes he mencionado de que lo que más conviene a la venganza (y, en este caso, a los intereses políticos de UPyD) no sea lo que favorece a los damnificados por las preferentes.

Todo pivota en torno al efecto prejudicial que el art. 43 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal da a las causas penales por encima de cualquier otra de la índole y jurisdicción que sea. Por eso, como dice  Andreu, de acuerdo con lo que resaltaba este digital en portada el lunes, "debe romperse el mito de acudir preferentemente a la vía penal", cuando se puede obtener respuesta más rápida y eficaz ante la vía civil y contenciosa", pero "sin que sirva de excusa para crear espacios de impunidad". Se puede decir más alto, pero no más claro ni más breve… Admitida a trámite, la querella puede significar, entre otras cosas, la paralización de las demandas civiles que se están interponiendo con éxito en toda España, alegándose la nulidad en el contrato de compra de las preferentes, única opción realmente segura de que los damnificados recuperen su dinero. Y es que, si bien es cierto que la vía arbitral hasta ahora ha dado buenos frutos, los casos que han sido resueltos son extremos (cuantía mínima, único ingreso, situación desesperada del titular) y quien pierda en esa instancia ya no puede acudir a los tribunales.

Alternativas a la venganza que dan mejores resultados

Esperemos que el margen de discrecionalidad y el sentido común del poder judicial eviten lo que es claramente un efecto indeseado de los procesos penales. Es la vía civil, y no la penal la que permite la restitución de la cosa, si el planteamiento es el adecuado, y eso es al final lo que le interesa a la gente, más allá del linchamiento o la venganza colectivos, que pueden apagar la sed de venganza a costa de dilatar el calvario de los titulares de las preferentes, no pocos y en muchos casos en situaciones esperpénticamente límite. Y esa vía civil sólo es posible cuando los profesionales de la abogacía la ofrecen en condiciones sociales y colaborativas, para evitar que el sambenito de chupasangres que suelen llevar asociados no se justifique en su conducta. Fruto de esa conciencia se han ido generando asociaciones como la de APDEF o ADICAE, que pretenden la acumulación de fuerza con la inicial aportación de cantidades mínimas, a cambio de un pequeño porcentaje en el capital que sea recuperado, un tipo de ”joint venture” judicial, llamado a causar el verdadero problema a banqueros desalmados y sus vigilantes políticos de pega por la unión de muchos pequeños en una sola y enorme fuerza.


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