Apaga y vámonos

Luces y sombras del lenguaje jurídico

“Infección viral de las vías respiratorias altas que provoca rinorrea, congestión nasal y estornudos”. Con esa definición del resfriado común el margen de interpretación, sobre todo de la interpretación profana, tiende necesariamente a cero. Aun aceptando que la medicina sea, entre las ciencias naturales, la menos ciencia de todas, deberán convenir conmigo en la distancia abismal que separa el rigor de su lenguaje del que utilizan las disciplinas sociales por más que pretendan adjetivar la palabra: ciencias sociales o políticas y por supuesto, la ciencia jurídica.

Fíjense: “Es calumnia la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad” dice el art. 205 del Código Penal español. Si alguna de las llamadas ciencias sociales se ha desarrollado sobre la pretensión de emular las ciencias “puras”, el Derecho se lleva la palma: ha desarrollado teorías (la de la culpa, la del título y el modo, la de la responsabilidad objetiva, la del interés jurídico...), sus elementos conformadores se llaman leyes, su forma de organización política actual es el Estado (casi gaseoso en el momento presente) y su norma suprema es la Constitución (enfermiza la española de 1978, si me permiten la triste ironía para ejemplificar). La llamada dogmática jurídica, con su centro neurálgico en la que se construye en Alemania, ha pretendido, y en algún caso parece casi conseguirlo, dar una explicación racional del modo en que se desarrolla e implementa el Derecho sobre la vida de los individuos. Pero sabedores sus estudiosos de que las leyes naturales describen, hasta donde es posible, lo que es, (las constantes de la realidad), han dicho que las leyes jurídicas describen un “deber ser”, articuladas sobre ese silogismo de primer orden que es un mandato al juez del tipo siguiente: “Ya que digo que si ocurre p, deberá aplicársele q, y como ha ocurrido p, aplica q, juez, a quien corresponda”.

Si alguna de las llamadas ciencias sociales se ha desarrollado sobre la pretensión de emular las ciencias “puras”, el Derecho se lleva la palma

Pero la cuestión, estructuralmente inteligible, fácil de aplicar en cuanto al “q” que sea (multa, premio, cárcel, embargo, pensiones, desahucio, etc...) se vuelve borrosa cuando se trata de determinar el contenido de “p”, cuándo y cuanto se ha dado ese presupuesto, e incluso hasta qué punto, por todo ello, es justo aplicarle “q” como consecuencia. ¿Cómo constato el conocimiento de la falsedad de quien le achaca un delito a alguien? ¿Cuándo el desprecio hacia la verdad es “temerario”? Y la duda aumenta si lo que manejamos son términos como “interés general”, “bastante”, “suficiente” ,“diligencia del buen padre de familia”… En suma, si, como me decía un magistrado y buen amigo hace ya muchos años, “las sentencias se escriben de abajo arriba, primero se determina el fallo gracias a la intuición, la experiencia y esas cosas, y después se le aplican los fundamentos jurídicos que la motivan”, la aplicación de las normas jurídicas es el resultado de una suma algo intangible de factores, entre los cuales los objetivos y racionales son sólo algunos; no todos.

A lo dicho hasta aquí, cuanto menos verosímil, hay que añadir que el grado de indeterminación de la norma, esto es, la variabilidad y pluralidad de interpretaciones que a ésta puedan darse, es directamente proporcional a su grado de generalidad, y tal generalidad aumenta necesariamente con el nivel jerárquico que la norma ocupa; así, será más fácil individualizar y prever el resultado de dicha aplicación en el reglamento que en la ley; y, por la misma razón, más en la ley que en la Constitución.

De la Constitución son claras cosas como que la bandera es roja y gualda, o que no hay pena de muerte a partir de 1978, el número de Cámaras legislativas de las Cortes o los legitimados para llevar a cabo una reforma constitucional. Cuando nos adentramos en conceptos (libertad de expresión, dignidad de la persona, justicia, honor...) empiezan nuestros problemas y con ellos, las escurridas de bulto de los aplicadores que hablan de “la necesaria ponderación entre derechos”, la eventual contradicción entre la voluntad de la ley y la voluntad del legisladores, los distintos y a veces contrapuestos criterios de interpretación (sociológico, histórico, teleológico, sistemático), de modo que no es extraño que el profano crea que las sentencias dependan más de los intereses que del servicio a la verdad, allá donde se encuentre. Si a ello se añade el modo en que los miembros del Consejo General del Poder Judicial y los magistrados del Tribunal Constitucional son elegidos, el cuadro resultante es la ruina de la credibilidad en todo lo que se refiere a la justicia.

No es extraño que el profano crea que las sentencias dependan más de los intereses que del servicio a la verdad

Y con esos mimbres ha protagonizado la semana el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la declaración de soberanía del Parlamento catalán. La sentencia ha sido objeto de todo tipo de interpretaciones: que deja entrever la tercera vía (o sea, una reforma federal del Estado), que dice que el tiempo es de la política y no del Derecho, que se ha hecho con celeridad por evitar recusaciones catalanas y más presiones del ejecutivo central; para unos abre puertas y para otros las cierra, todo ello muy evanescente y cogido con pinzas hasta que la tecno-vice SSS ha dicho que el Gobierno no piensa dialogar, mientras aún resuenan las palabras de Miquel Roca: “No dialogar es de burros”… Entre los juristas las antípodas se han simbolizado en el triángulo que suponen el juez independentista que ha dicho que es una trampa, una magistrada del TC (que a mi juicio, y perdón Encarna, debería haberse callado, aunque tenga razón), diciendo que el tema debe resolverse en la esfera política, y un exmagistrado del órgano en cuestión (¿órgano? ¡Sí!, de nuevo tomando prestados términos científicos), Eugeni Gay, que ha dicho probablemente la mayor (y más obvia) verdad: el tribunal tiene que aplicar las leyes.

En efecto el TC está sólo sometido a la Constitución y a su propia Ley orgánica. Pero eso no es gran consuelo, porque entramos de nuevo en el laberinto de los conceptos casi esotéricos. Hasta donde nos alcanza la capacidad podemos convenir con lo que la sentencia dice sobre la soberanía: la Constitución hace recaer la soberanía nacional sobre el pueblo español; ésa por tanto es sólo suya. Del mismo modo advierte que es posible todo lo que la ley permita, por lo que no puede declarar inconstitucional un derecho a decidir que en el propio texto se afirma como sólo ejercitable en el marco de la legalidad. Eugeni Gay añade que la sentencia no tiene ningún tipo de efecto, en el sentido de que la declaración de soberanía de Cataluña tampoco los tenía, era una mera declaración. ¡Ah! Pero ahí sí que ya los deseos y los hechos se mezclan y confunden. Porque el propio concepto de soberanía no es pacífico ni entre los “científicos” del Derecho, ni entre los de la Ciencia Política, ni entre los de la Sociología. Porque la soberanía tiene dos dimensiones: una anterior a las normas (la autoafirmación consentida por terceros de que se detenta un poder político supremo) y otra normativa: la capacidad de emanar normas que no tienen por encima ninguna otra. Pero ambas ¿qué son en el momento presente con la geopolítica más feroz y con las organizaciones supranacionales pugnando por ser alguna cosa más que uniones de Estados soberanos? Y, más aún: ¿cabe en la Constitución alguna soberanía al margen de la llamada nacional? Y si no es así ¿a qué el adjetivo?

La sentencia es un bucle absurdo sobre dos obviedades que no solucionan nada: que el soberano no puede aceptar a nadie a su nivel, y que la ley, por desgracia para la ética, puede ampararlo casi todo. Con esas luces, bienvenidas las sombras que sobre nosotros se ciernen.


Comentar | Comentarios 0

Tienes que estar registrado para poder escribir comentarios.

Puedes registrarte gratis aquí.

  • Comentarios…

Más comentarios

  • Mejores comentarios…
Volver arriba