Apaga y vámonos

Independencia y libertad de expresión

Como si no recordásemos a Maragall decir lo del problema de CiU con el 3% y la cara de pasmo que con el exabrupto se les quedó en el Parlamento catalán a propios y extraños, estamos estos días atentos al modo en que se desarrolla el llamado 'caso Palau', procedimiento penal que enjuicia cómo esta institución se convirtió en instrumento propiciatorio del enriquecimiento ilícito de sus dirigentes (parte probada) y puede haber sido también fuente de financiación ilegal para aquella formación política (parte presunta).

Dentro de dicho procedimiento la Fiscalía Anticorrupción de Barcelona ha emitido el 14 de junio un informe demoledor, en el que concluye que los indicios permiten afirmar que Millet y compañía se llevaron crudo un total de más de 18 millones de euros (aunque de la mitad de ese monto se desconoce el actual paradero) y que habrían llegado a las arcas del partido catalán algo más de seis. Inmediatamente los portavoces de CDC se apresuraron a decir que son conjeturas del fiscal, y que no es cierto, y a renglón seguido el Fiscal General interlocuta con CDC sobre la fiabilidad del informe. Lo del dinero es grave, pero estas conversaciones de patio de vecinas entre altas instituciones lo es más, y la pregunta al respecto es: ¿de qué y en cuál de los bandos deberíamos escandalizarnos?

CDC, como cualquier otro partido con poder, alberga entre sus filas fontaneros que se dedican en cuerpo y alma a buscar fondos para tanta campaña y acto absurdo en que debe prodigarse para salir en los medios, unos dineros privados que necesitan a pesar de lo mucho que les corresponde beneficiarse de los recursos públicos en razón de cada voto que reciben. Ya hace varios días que los medios de comunicación dibujan de diversos modos el mapa de la corrupción en España. 800 casos, 2.000 detenidos. ¿Alguien da más? No todos iguales, no todos por el mismo monto, no todos los implicados serán culpables, ni todos los casos acaban con el dinero metido en el bolsillo del facilitador, pero en todos ellos el origen de la pandemia es el mismo: la necesidad de las maquinarias de sobrevivir frente al resto y de pagar a sus miembros para que las defiendan con uñas y dientes.

El panorama de la trastienda de los partidos se parece tanto a la Italia que fue de Tangentópoli como la situación política se asemeja a la que describe Borja de Riquer en su último libro, Alfonso XIII y Cambó. Y una cosa y otra, en un presente que a pesar de todo sólo se parece al pasado en el trazo grueso, nos obliga a pensar si la única cosa que en el fondo ha cambiado es que hoy hayamos generado unas estructuras públicas y unos partidos políticos que ya nos resultan insoportables de sostener, se financien sólo con dinero público, o también con dinero privado, pues al final uno y otro sale de los bolsillos de los ciudadanos.

¿Y para qué pagamos tanto? Porque apostamos, quizá cada vez con menos convicción, por un sistema en el que cada poder, separado de los otros, cumpla su papel en el Estado de Derecho. Pero la confusión entre todos ellos, propiciada por esos partidos omnipresentes, metomentodos y protagonistas sin sentido de la vida pública, se ha hecho tan grande que ya nos parece normal que el Fiscal General del Estado dialogue con un partido. Pero todo empezó antes, en nuestra laxitud frente a situaciones impensables en cualquier contexto político serio: en un país en que los jueces pueden formar parte de tertulias y debates mediáticos sin que nadie se escandalice, y sin solución de continuidad llegar al Tribunal Constitucional con la aquiescencia de su actual Presidente; en este país donde, sin llegar tan lejos, hay jueces que pasan del juzgado de instrucción en el que justificaban a los ocupas a ser promovidos en el escalafón de un poder que se autocalifica de independiente; en este país escuchar las declaraciones del Fiscal General del Estado en torno al caso Palau es ya, pues, lo de menos.

El Fiscal no es independiente en España, lo sabe y lo sabemos, y de acuerdo con su sojuzgada condición actúa, de modo que cuando sucede que tiene razón, como a Pedro con el lobo, ya nadie le cree. El trato absurdo dado por el juez Elpidio José Silva al imputado banquero Miguel Blesa, sustituyendo una fianza por prisión incondicional, es a todas luces una estrategia, burda, pero estrategia al fin, y la oposición que la fiscalía ha hecho a su prisión preventiva está en ese concreto caso cargada de razón: un juez más que cuestionado, en el límite de la expulsión por motivos ajenos a esta causa, ha blindado así su posición porque ha sometido a la pena de picota a unos de los personajes que sin duda generan mayor animadversión entre la gente; le ha faltado tiempo al magistrado para decir que se siente presionado y que no lo piensa tolerar (¿cómo?), saltándose a la torera, y ni es el primero ni será el último, la regla sagrada de que los jueces no deben hablar más que a través de sus sentencias.

Así que no cabe sorpresa: si el poder independiente habla cuando le parece bien, y no pasa nada, el órgano servil, por imperativo legal, con las consignas del gobierno no iba a ser menos. Y a esa cuestión no afecta que CDC se haya financiado ilegalmente, o que Blesa acabe siendo condenado por mangante de tomo y lomo. Al final, esos casos, como el de Undargarín o el estallido del caso Marbella, o Bárcenas o los cuatro gatos que pillen con el dinero todavía en Suiza, no serán más que los chivos expiatorios con los que el sistema conseguirá convencernos de que ha vuelto a hacer limpieza y que lo que queda dentro es de ley. Como si fuera verdad la máxima judicial de que lo que no está en los autos no está en el mundo.

Hablar de independencia es mentar el mantra: la Constitución habla de un poder judicial independiente y de una fiscalía sometida a los principios de legalidad e imparcialidad. En el mismo saco de palabras vacías habrá que ir colocando la indivisibilidad de la patria común, o la prohibición del mandato imperativo para los diputados que cual corderillos votan al unísono al gesto del portavoz del grupo. Todo forma parte de una agenda política que se queda en ese triste nivel, excusa para el mantenimiento de un debate estéril entre partidos que no son capaces de encontrar salida a su propio desgaste, y la prueba es que ninguno de ellos, y tampoco los medios de comunicación que los jalean, son capaces de sustraerse al debate sobre el modelo territorial de Estado, si no es para mentar la bicha, el páramo de corrupción  en que se encuentra sumido nuestro entorno, el inmediato y el mediato. De ese modo, la independencia territorial deviene un mero punto de fuga para aliviar la desazón presente, olvidando que sólo tiene sentido aventurar una opción personal y global desde el conocimiento de sus condiciones y la asunción de sus consecuencias. Porque aunque no sea verdad que la solidaridad es voluntaria, tampoco lo es que a estas alturas pueda solucionarse nada colectivo por la fuerza de las armas. Hablar por hablar, haciendo daño.


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