Apaga y vámonos

Escrache, o sea, argentinización

Romper, destruir, aplastar. Así define la Real Academia Española “escrachar”, de donde deriva el palabro tristemente de moda, del que dice que procede del lenguaje coloquial argentino y uruguayo. Así definido, a mí se me antoja que “escrachar” refiere una conducta que, vertida sobre las personas o incluso sobre las cosas que no son nuestras, debemos buscar en el Código Penal, ya sea como delito, (en su versión más dura, como parece que es la presente) o como falta. Romperle la cara a alguien, o su coche, o la papelera pública son ejemplos de conductas tipificadas en la legislación penal de cualquier país del mundo, ya no digamos si se trata de Singapur, donde la policía puede azotar públicamente a quien tire un papel al suelo (a veces, viendo las calles, pienso cuántos azotes tendrían que pegar aquí…).

Yo no veo que sea escrache eso de quienes se apostan a las puerta de los domicilios de algunos políticos y a gritos e incluso empellones quieren convencerlos de cambiar su voto en una tramitación parlamentaria, en una decisión de consistorio o en cualquier otro foro donde actúan como representantes democráticos: amenazas y coacciones, la intimidación, o para resumir, la pretensión de doblegar la voluntad de un individuo con procedimientos violentos sería una descripción más ajustada de los hechos; salvo que demos un sentido metafórico a la palabra aplastar: ¿aplastan los voluntades quienes así actúan? Sí, en cierto modo eso hacen pero el Código Penal no admite esa metáfora, como tampoco la de “matar a besos” o “fustigar con la indiferencia” como sinónimos de asesinato o de lesiones, respectivamente.

Así pues, los llamados “escrachadores” no son tales; son delincuentes a la búsqueda de su botín, el doblegar una voluntad ajena en su favor, con los mismos “persuasivos” métodos que algunos piquetes informativos de huelgas que he conocido en el pasado. Lo que les ha ocurrido, sin embargo, a los amenazantes, a los que coaccionan, es como a los piratas de los cuentos, que una nada despreciable parte de la gente de a pie, los que ni son políticos, ni periodistas-adoradores-de-políticos, ni sociedad (aún) acomodada en general, se han puesto de su parte y los miran con simpatía. Para comprobarlo basta con observar cómo, en las tertulias que a pie de pantalla del televisor van pasando los mensajes de los espectadores, se acumulan más palabras de aliento para los amotinados que para aquellos que sufren el acoso o la persecución. No reparar en ello, dado el número ya no es una frivolidad anti-sistema, sería un error garrafal. El propio derecho, que para casi todo tiene una norma aplicable, tiene figuras de exención de responsabilidad que pueden aplicarse al caso, y que sin duda esos jueces que han comenzado a pensar cómo posicionarse de parte de la revolución, podrían ser capaces de aplicar para que ésta no los engulla: los supuestos más claros de esa “cintura” de la ley con las situaciones de frontera son el estado de necesidad, la legítima defensa y el miedo insuperable. Se trata en todos los casos de la posibilidad de llevar a cabo una conducta que, en situaciones normales sería considerada delictiva, sin que quien la realiza incurra en responsabilidad, por el hecho de que se consideran en juego y conflicto inmediato bienes jurídicos contradictorios (vida versus vida, vida versus propiedad…).

Soy consciente de que no son supuestos subsumibles en esas figuras de exención de la responsabilidad desde el punto de vista estrictamente técnico, entendiendo por tal lo que la dogmática penal y la práctica jurisprudencial han hecho de esos conceptos. Pero los tiempos están cambiando, la situación está rayando el estallido social. Creo que somos muy poco conscientes de lo que el Financial Times acaba de hacer caer cual bomba relojera sobre el sistema financiero español al decir que nuestros depósitos no están a salvo en sus bancos. En ese extraño, estridente y estrafalario contexto, ¿no podría entender algún juez con voluntad de empatía, que es estado de necesidad aquel que se observar en buena parte de los “escrachadores” cuando atentan contra la propiedad de otro para lograr evitar la propia muerte por suicidio en la desesperación de un desahucio inminente? ¿Y no se entenderá legítima defensa de un bien mayor como la vida o esa vivienda sobre la que se afirma de forma impropia que la Constitución nos otorga un derecho fundamental, frente al menor que sería la propiedad de los acosados, o su tranquilidad burguesa, o su peinado de peluquería?

Malos tiempos para quien tenga un depósito en un banco, esté al corriente del pago de su hipoteca, o crea que el principio de legalidad en democracia vale para cumplirse sobre la cabeza de todos por igual. Malos tiempos para el lado del río donde hay orden, porque no se está desenvolviendo con justicia social y, por ello, desde la otra ribera, empiezan a construirse razones como puentes para asaltar la tranquilidad de cuantos creímos que cumpliendo razonablemente las obligaciones cotidianas ya hacíamos bastante. Porque nadie es ajeno al hecho de que con nuestro silencio e indiferencia, muchos padecen mientras otros se lo llevan crudo sin que sobre ellos se cierna ningún tipo de responsabilidad. Se tornará todo claro el día en que las fuerzas de seguridad decidan ponerse del lado de quienes se indignan. Y será irrelevante que entre los indignados se escondan sinvergüenzas, vagos o maleantes, o que la revuelta se alce contra un gobierno sólo por tener éste tal o cual signo político. En el tumulto no se distinguirá nada. Ése es el peor y más contundente signo del declive, la oscuridad. Eso y nuestro gesto perplejo durante todo el tiempo que ignoremos qué habremos hecho para merecerla.


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