Apaga y vámonos

¿Debe ser eliminado el Tribunal Constitucional?

Hace unos días la Presidenta de la Comunidad de Madrid dijo, a propósito de la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional sobre la legalidad del partido político vasco Sortu, que dicho Tribunal debería ser suprimido y que sus competencias deberían ser asumidas por una sala del Tribunal Supremo. Argüía Esperanza Aguirre que la politización de esa instancia, cuyos magistrados no son jueces, había chocado en varias ocasiones recientes con el parecer del Tribunal Supremo, culminando en esa que supone la vía abierta a Sortu para participar plenamente del sistema democrático. Del caso particular, y antes incluso de que se hubiera hecho pública la sentencia,  la Presidenta se elevaba a la consideración general sobre el  modelo de jurisdicción constitucional adoptado en España al inicio de la transición, y es sobre eso último, aunque venga a colación por aquello primero, sobre el que creo que es necesario hacer una reflexión, treinta años y tantos resbalones (de unos y otros) después.

Tirar a dar contra el TC en el momento actual es fácil, casi podría decir que algo cobarde. Es como pegarle a CarlosDívar, cuando los que disparan saben perfectamente que en eso de los viajes no hacía él cosa distinta a lo que ha hecho todo el Consejo (y tantas otras instituciones) mucho tiempo y muchas veces sin que nadie pusiera el grito en el cielo como ahora. Por su parte, el TC parece cada empeñado en dilapidar la imagen que fue acuñando hasta aquel día de los años ochenta en que dictó la sentencia sobre el decreto ley de expropiación de RUMASA. Fue entonces cuando empezó a saberse la obviedad de su carácter político, una politicidad que mucho tiene que ver con su forma de nombramiento, pero también con el hecho de que su ubicación institucional es la frontera entre el Derecho y la realidad externa, la protección de la Constitución, norma que todos violan llenándose la boca con sus abstractas palabras.

La que peca por la paga y el paga por pecar…

Pero al desprestigio del TC han contribuido más sus críticos que sus sucesivos integrantes. Es verdad que entre éstos ha habido casos flagrantes de servilismo a causas políticas de variada índole, pero el causante no es tanto el puesto como el que lo pone, sabiendo, como sabe, que la prebenda de 9 años de cargo no es suficiente para blindar la libertad de criterio; que, cada vez más jóvenes, los magistrados deben volver a la vida profesional de la que fueron arrancados y que eso les hace siervos de la mano que les da de comer, que ya no hay héroes entre los elegidos, que murió Tomás y Valiente, y también toda una generación de juristas que, en torno a García-Pelayo tuvieron que pensar sobre un Derecho constitucional de nuevo cuño con ilusión y pericia, pero sobre la nada casi absoluta.  Es criticable desde hace mucho, sí, pero es también verdad que entre los políticos que lo critican están todos aquellos que contribuyeron a su decadencia y muerte, quienes hicieron de sus mayorías, guerras por colocar a “los nuestros”, sin más cabida que algún favor a nacionalismos periféricos que completasen mayorías insuficientes para gobernar.

El Tribunal Constitucional participa del modelo de jurisdicción concentrada en un solo órgano que es común a la mayor parte de los países de Europa en lo que a la defensa de la Constitución se refiere. Se le encargó, además de eso, conocer de los recursos de amparo contra violaciones de los derechos fundamentales, porque en la transición existía una justificada desconfianza frente a un poder judicial que en el franquismo no había sido libre. De todos modos ¿ahora lo es? Sin serlo, pues más de una decisión politizada hemos visto en sus máximos representantes, y sin que se haya resuelto la letal dependencia que el Ministerio Fiscal tiene en el yugo gubernamental, quizá deberíamos empezar a vislumbrar la posibilidad de que el amparo sí se recondujera a una sala especial en el Supremo.  Pero, no nos engañemos, eso está complicado y el propio Tribunal Supremo no lo pone fácil; ya no digamos ese barrido total que pide Aguirre, su desaparición, que desde el punto de vista técnico, jurídico y político no debe producirse; antes es mejor y necesario que continúe existiendo un tenso balanceo de poderes entre el poder judicial y ese legislador negativo que necesariamente debe ser el Tribunal Constitucional. En cambio, lo que sí debe afrontarse cuanto antes es la reforma del órgano: cargos vitalicios, acceso tras un contrastado (y dilatado) “cursus honorum” de sus miembros, fuerzas políticas que deben consensuar su nombramiento, la recuperación, en suma, de un prestigio que tuvo y que no debería haber perdido.


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