Apaga y vámonos

Custodia compartida

Supongo que esta semana lo suyo sería hablar de la victoria de Ángela Merkel en las elecciones alemanas, pero era tan previsible que sus compatriotas la elegirían como patente es que acertamos quienes en su día creímos que Europa y la Unión no son más que un sueño irrealizable en el que las distintas naciones jalan en su particular beneficio. Así que puedo obviar lo obvio y dedicarme a un tema que me parece mucho más crucial en la vida de la gente corriente, en el día a día de los millones de ciudadanos anónimos que tenemos la responsabilidad individual y colectiva de sacar el país adelante.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha informado estos días en torno a la ley que se está preparando sobre corresponsabilidad parental en los casos de nulidad, separación y divorcio, recomendando que se limite la custodia compartida a los procesos en que lo pida al menos uno de los progenitores, habida cuenta de que en la ley se contempla la posibilidad de que el juez la establezca “motu proprio”.

Esta modalidad ha sido durante décadas una excepción y se ha ido abriendo camino en la práctica judicial con distinta fortuna según el territorio del Estado. En Cataluña, más allá de los jueces, se establece desde hace algunos años como regla general en el Derecho civil de familia, un ámbito jurídico en el que esta Comunidad cuenta desde antiguo con instituciones propias.

La primera pregunta que me planteo es si el órgano disciplinario de los jueces debe o incluso puede pronunciarse en lo que respecta a lo que la ley dice. Bien es cierto que hay jueces habituales de las tertulias que opinan sobre todo tipo de temas, haciendo difícil a los potenciales justiciables creer que la justicia es ciega. Todo el barullo que se armó tiempo atrás sobre la militancia política del presidente del Tribunal Constitucional no debería haberse producido, si nos paramos un instante a pensar en el nulo escándalo que nos produce esa figura del juez-tertuliano. Ahora bien, una cosa es que lo haga un juez a título particular, teniendo en cuenta que la justicia constitucional acaba de decir que los jueces, y parafraseo, "no pueden vivir ideológicamente aislados", y otra cosa distinta es si debe hacerlo el Consejo General. Al fin y al cabo, ¿qué sentido tiene? Los jueces son independientes, y a despecho de que en la instancia superior una sentencia se anule, lo cierto es que ninguno de ellos debe obedecer consigna alguna. Si no se dirige a los jueces, ¿lo hace al legislador?

La Constitución le dice al poder judicial que está sometido al imperio de la ley, esto es, al producto esencial del poder legislativo. En el caso de la ley que se elabora en las instancias centrales se trata todavía de un proyecto. ¿Está intentando decir al legislador cómo debe legislar? En el caso catalán la ley ya es vigente y eficaz, ¿está intentando decir a los jueces que operan en Cataluña cómo deben interpretar la ley? Oscuro papel el del mencionado informe, si me lo permiten.

Pero vayamos al contenido del informe. Aunque me parece poco conveniente y dudosamente legítima su emisión, en cuanto a lo que dice no tengo tantos peros. De hecho, el Consejo pide la que la ley y su aplicación se basen en el sentido común, porque recomienda que la custodia compartida se dé cuando al menos uno de los dos progenitores lo pida. Este espinoso tema tiene múltiples aristas, cuyo total planteamiento es imposible en el espacio de que dispongo aquí, pero expongamos algunos de las más controvertidas.

Antes era sobre todo la mujer quien corría con la responsabilidad parental cotidiana. Si no había sangre entre los cónyuges en torno al tema, los jueces atribuían a la mujer la guardia y custodia de los hijos y, en consecuencia, el domicilio familiar. En algunos casos, de distinta enjundia económica, la práctica judicial permitía observar cómo la cuestión era menos afectiva que económica, pues los alimentos a los hijos se convertían en pensión de la que el cónyuge con los hijos al cargo podía disfrutar, junto con la casa, hasta más allá de la mayoría de edad, en ocasiones sin más trabajo que esa tutela, y en todo caso asumiendo los dos el pago de la hipoteca de una casa que sólo uno disfrutaba.

La asunción de un nuevo papel por parte de los hombres en la estructura familiar (alguno de ellos han sido los que han hecho el tradicional papel de la madre, incluso pidiendo la totalidad de la baja maternal) empezó a cambiar la concepción masculina sobre su relación con los hijos más allá de la relación de pareja. Y ese cambio de mentalidad cuajó también en la legislación. Muchos hombres se hartaron de los abusos que en nombre de los hijos pudieran haber cometido sus exparejas, otros cuantos decidieron utilizar la reclamación de la custodia para sí como parte de una venganza y otros, espero que los más, simplemente decidieron que ellos también querían querer desde más cerca a los frutos humanos de su relación. El caso es que lo empezaron a pedir, así la casa ya no era para nadie (como dice Cospedal, "que cada palo aguante su vela") y hoy el Consejo reclama sentido común en la aplicación de lo que se ha hecho regla.

La verdad es que la medida es el colofón necesario de decir que todos somos iguales. Si lo somos, también podemos igualmente custodiar a los hijos. Pero decir, como dice el Consejo, que se haga cuando al menos uno lo pida, es pensar que, si no lo piden, es mejor que no se dé. ¿Y si los dos pidieran que todo fuera como siempre, y que fuese la madre quien tuviera dicha custodia? No tengo en absoluto clara la solución al caso, probablemente el más importante entre los que asiduamente pueblan los juzgados de familia. Me cuento entre quienes piensan que hombres y mujeres no somos, en el mejor sentido de la palabra, iguales. Cuando el Consejo pide que la medida se adopte sólo cuando al menos uno lo pida en el fondo está pensando como yo. Y no sé si coincidir con él en este tema, con independencia de que crea que no debería haber hablado, me inquieta o me tranquiliza.


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