Apaga y vámonos

Buenas intenciones, juristas de pega y opinión frívola

Esta semana repasaremos una serie de acontecimientos de índole jurídica que enturbian el conocimiento ciudadano sobre temas del mayor interés para su presente o para su más que probable y cercano futuro.

Financiación de los partidos. He leído a diversos periodistas en el debate sobre quién debe pagar a los partidos, optando por uno u otro de los modelos que hasta la fecha se conocen: financiación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado o financiación con fondos propios. En este último caso, además, se puede optar entre la financiación sólo con cargo a las cuotas de los afiliados o permitir cualquier tipo de financiación privada (donaciones), siempre que ésta sea transparente. Cada modelo tiene su enjundia, sus repercusiones y sus ventajas. El nuestro, hasta la fecha, es híbrido, y en el marco de su aplicación hemos vivido, por ir rápidos y sólo hablar de lo más gordo, Filesa y Gürtel; así que por lo menos hemos de tener claro de antemano que una cosa es el modelo, y otra muy distinta la aplicación que de él se haga hasta el punto de atenernos al hecho de que puede ser el mejor intencionado el que peor resultados produzca.

Si la financiación es exclusivamente pública, conseguimos tenerla totalmente acotada, e incluso podríamos forzar la desaparición del despilfarro en las campañas, pero sin duda abundaría y empeoraría la realidad presente, esto es, la creciente depauperación en la calidad de la clase política, unos partidos de ingente y burocrática estructura, cada vez más asemejada a la propia Administración Pública de la que copian sus peores inercias, y una serie de personajillos de tercera sin más ambición que continuar cobrando una “paguilla” de las ubres de la formación política correspondiente, cada vez más alejada de los intereses particulares de sus votantes, cada vez más preocupada por su propia subsistencia como empresa de colocación para quienes anidan en ella.

Si la financiación es privada, sobre la base de la máxima de que “cada palo aguante su vela”, se genera una perversión distinta, y es la de dejar sin posibilidades reales a los partidos de los trabajadores, habida cuenta de que el peso de pagar la cuota no es igual para ricos y pobres. Y aunque sé que Obama se alzó sobre lo poco obtenido de muchos, lo cierto es que podemos imaginar un partido político con pocos afiliados (como todos) pero con altas cuotas colocarse en situación ventajosa respecto de aquellos que ni soñando podrían conseguir que sus afiliados diesen al político parte importante de lo que necesitan para la vida cotidiana; y más todavía en épocas de crisis. Así que el principio liberal, perfecto en el papel, no aguanta el peso de la realidad tangible: España es un país sin cultura de afiliación, y si todo depende de las cuotas, sólo los partidos de los ricos resistirían. Y sí, Ana Belén se dice de izquierdas y territorios rurales pobrísimos son del PP, pero no hagamos regla de las excepciones por más numerosas que sean.

Nuestro híbrido sistema no estaría tan mal, si no fuera porque los partidos, que cobran por votos y escaños de nuestros impuestos, que reciben préstamos en condiciones que a nosotros no nos darían, y que además tienen la posibilidad de recibir donaciones de sus simpatizantes, además niegan éstas, hacen trampas en su estructura democrática, no son transparentes con el uso del dinero, y han elaborado una legislación que hace muy difícil a cualquiera que no tenga representación llegar a tenerla si algún mecenas, en general con ambiciones oscuras, no les paga el viaje al hemiciclo. Poner límite a las donaciones no ha sido suficiente, porque colocan de tesoreros a expertos en ingeniería financiera para burlar todo lo burlable y dejar al personal con cara de pasmo ante lo que se han llevado crudo, así que ya ven que el debate teórico no arregla nada por más que la intención sea buena.

A propuestas con buenas intenciones pero con efectos colaterales perniciosos y no calculados se ha añadido esta semana la frivolidad con que una parte de la profesión jurídica ha analizado el derecho a la intimidad reconocido en la Constitución y pateado continuamente en la vida práctica. Ha sido con motivo de la medida cautelar adoptada por una juez de Barcelona en el caso Urdangarin. Sin haber prácticamente dicho una palabra sobre la filmación de la folclórica condenada, desmayada dentro de su coche y escudriñada hasta en su ropa interior, muchos juristas se han prestado a adoptar pose de escandalizados por la supuesta “censura previa” en el caso Urdangarin que supone prohibir a unos cuantos medios de comunicación publicar los correos electrónicos que Diego Torres aporta a la causa y en los que parece ser que puede verse aireada la vida privada de la infanta Cristina y su marido.

Pues bien, no hay tal, y quien así se indigna no ha pasado de leerse el parágrafo 2 del art. 20. En él efectivamente se dice que no podrá en este país existir ningún tipo de censura previa, un apartado que hace hincapié en el hecho de ser tiempos pasados aquellos en que la autoridad gubernativa decidía qué libros, películas, revistas e incluso cómics podían ser leídos por los ciudadanos. Pero no opera tal condicionante para los jueces, ya que el propio art. 20 dice en su apartado 5 que el secuestro de publicaciones sólo podrá producirse mediante autorización judicialY así ha sido en este caso, máxime cuando no hacerlo previamente (ése es el sentido de cualquier medida cautelar) haría imposible en un caso como el presente defender la intimidad del acusado. Bien es cierto que ni por ésas lo van a conseguir, ya que estos tiempos en que el campo no tiene puertas gracias a la red cibernética que nos une (y encadena), otros medios distintos de los que han recibido el mandato de publicarlos están pensando hacerlo, y al final la juez tendrá que admitir que lo que no puede hacer es hacer un mandato “urbi et orbe” a su difusión, de modo que acabaremos viéndolos, aunque sea a través de un medio de comunicación de la otra punta del mundo. Eso y no el hecho de que la juez haga su trabajo debería preocupar a los juristas; su actitud demuestra hasta qué punto nuestras facultades de derecho deben repensarse en sus contenidos, si no quieren que la tenaz y tan cambiante realidad las haga inservibles para la vida.

Y la última de mis propuestas de reflexión de esta semana: léanse la reforma de ley hipotecaria que ha sido aprobada en solitario (y mayoría absoluta) por el PP. La lectura interesada de lo que ha dado legislativamente de sí la ILP de la PAH (¡ya tiene delito estar todo el día hablando en siglas!) es que se ha burlado lo que proponían los ciudadanos, pero lo único que ha hecho el Congreso de los Diputados es bajar la iniciativa legislativa al mundo real, concediéndose la dación en pago retroactiva y el alquiler social sustitutorio sólo en los casos extremos. Tal y como era propuesta por la PAH, con carácter general para cualquier lanzado o desahuciado de su vivienda, habría podido acabar esperpénticamente aplicada al caso Urdangarin, a quien así en la misma semana, a juicio de la opinión pública, se le debería haber podido ventilar su vida privada en cualquier diario, mientras un juez le concedía la dación en pago y permanecer en su palacete a cambio de un alquiler social, ya que no puede atender su millonaria hipoteca… ¿O es que no somos todos iguales?


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