Apaga y vámonos

Análisis jurídico del escrache y de la madre que lo parió

Discrepo de quienes dicen que deberíamos utilizar vocablos de raigambre más española para referirnos al fenómeno: la palabra “escrache” es perfecta porque resume de manera eficiente un conjunto de acciones, la mayor parte delitos, que podrían permitir tipificar el todo en una nueva figura penal.

Una de los derechos fundamentales menos cuestionados es la inviolabilidad domiciliaria. Como dice la leyenda que advirtieron a Juan Sin Tierra para convencerle de firmar lo que fue el primer pacto occidental de libertades, “el hogar de cada inglés es su castillo”, y ese hogar no es el domicilio civil, ni el fiscal, ni el administrativo, es el domicilio constitucional, el ámbito de de desarrollo habitual de la vida privada de una persona. Abordado en múltiples contextos por la casuística judicial, se ha afinado el concepto incluyendo en él desde una tienda de campaña a la habitación de un hotel y, ¡atención!, incluso el jardín privado que rodea una casa. Si ello es así, el radio de acción en el que de forma selectiva, intencionada y masiva se aposten los escrachadores en torno al domicilio de un político, atenta contra esa inviolabilidad. La cuestión es más irónica si pensamos que es justamente la reivindicación de la vivienda (suponemos que la primera y no un apartamento playero, y por tanto domicilio) de los lanzados (en ejecuciones hipotecarias) y de los desahuciados (en rescisiones de arrendamientos) lo que mueve al escrache. O sea, violación por violación, o la ley del Talión, aunque yo le llamaría abuso, porque no escrachan a quien lanza, ni siquiera a quien hizo la ley que avala al lanzador, si no, y ahí ya la cosa empieza a oler mal, a quien no modifica de forma retroactiva (imposible con la Constitución en la mano) la norma que lo permite. Por ¿casualidad?, el PP, y esa mayoría absoluta que va a acabar pagando cara.

Quizás los legos en derecho ignoren el alcance del delito de coacciones: es igual de grave si quien coacciona pretende que el coaccionado haga algo legal; lo único que basta es que se le obligue a hacer lo que no quiere. Intentar “convencer” (le llaman así, como los piquetes amenazantes a la puerta de las fábricas eran calificados por los sindicatos de “informativos”) a un diputado de cambiar su voto en una tramitación parlamentaria no sólo es desconocer cómo funciona la disciplina interna del grupo (que es la del partido, so pena de multa e incluso de perder la silla), no sólo es despreciar la prohibición constitucional del mandato imperativo, es además un atentado, por constante y reiterado no menos execrable, contra el pluralismo político, pilar fundamental, y algo pachucho por mor de la ley electoral, de la democracia.

Cada cual tiene la posibilidad de pensar el mundo como quiera; este postulado básico es la libertad de conciencia consagrada en el art. 16 del texto constitucional; ahí se justifica que nuestro sistema político albergue comunistas, democristianos, socialdemócratas, secesionistas, liberales, populistas, falangistas e incluso periféricos del terrorismo y de la xenofobia. Otra cosa es qué actividades, consecuentes con ese pensamiento, estén permitidas: aunque en Andalucía parece que se han empeñado en demostrar lo contrario, el comunista no puede quedarse la propiedad privada para repartirla entre el pueblo “según sus necesidades” y el falangista no puede eliminar las elecciones. Ambas cosas no pueden ser, excepto que los votos dieran tal mayoría que hacia la izquierda o hacia la derecha destruyeran el sistema que les ha permitido expresarse y ser.

Conclusión, que es delito obligar a uno a hacer lo que no quiere aunque eso que no quiera hacer sea donar su fortuna a la Fundación Vicente Ferrer, montar una ONG o votar a favor de una ILP avalada por 1.400.000 firmas, de las que, por cierto, dudo que se mantuviera ahora una décima parte si supieran que están justificando el escrache.

Pero hay más, la injuria es la acción de apostrofar a alguien con epítetos referidos a conductas delictivas (ladrón) o que socialmente son mal reputadas (puta, cabrón), siempre caracterizadas por el ánimo de lesionar el honor (de modo que también puede serlo el modo de referirse a la orientación sexual, el color de la piel o el origen). Llamar “criminal” a un diputado difícilmente puede ser visto como una broma, una ironía o un epíteto cariñoso. Es claramente un insulto, proferido con ánimo de lesionar su reputación en el ámbito donde desarrolla su vida privada habitualmente. Pero en este país somos así: nunca llegamos a colgar por las calles las caras de violadores o maltratadores sentenciados, pero empapelamos la portería del diputado con desprecio a los vecinos, familiares, mobiliario urbano que lo rodea, y de paso damos cumplida cuenta de lo que nos importa el honor, el propio y el ajeno. Pero es que el complejo de culpa colectivo por haber permitido morirse en la cama a quien tanto tiempo negó la libertad de expresión nos ha inducido a hacer de ésta la excusa para acabar con todos los derechos de la personalidad como en ningún otro país europeo.

Y quien justifica todos estos delitos, delinque a su vez. La egregia representante de la PAH (“Yo soy una más”, dice, mientras desconocemos de dónde saca el tiempo para tanto sarao, a qué se dedica la ONG en la que trabaja, cuánto cobra en ella y de dónde salen las subvenciones que recibe, pues si son públicas somos todos quienes pagamos su absentismo laboral) ha conseguido sus primeras querellas. Misión cumplida, porque nada mejor podía sucederle. La impericia de nuestros gobernantes es de tal calibre que no saben que en la justicia es tan importante la verdad como la oportunidad, porque la Constitución dice que la justicia emana del pueblo, y si el pueblo se cabrea puede canonizar a su musa… con la ayuda de Manos Limpias.

Por supuesto ni se me ocurre poner sobre la mesa un delito que lo sería en cualquier país de construcción sólida, que es el desacato a las instituciones, a la inviolabilidad de los diputados, al respeto a los símbolos del Estado. Hace tiempo que eso no existe. Aquel “cachondeo” con que Pedro Pacheco tildaba a la justicia y que le costó un procesamiento se ha convertido en una infantil anécdota en comparación con los modos y maneras que gasta el mundillo de la opinión, amparándose en la sacrosanta libertad de expresión, al hablar del rey, de los jueces, o de cualquier ministro. Y me dirán, con razón, que se lo han ganado a pulso. Es cierto, nadie hace más por la destrucción de su honor que uno mismo, y los hoy vilipendiados en buena parte son responsables de su descrédito, pero eso no hace bueno ni correcto a quien hace leña del árbol caído o contribuye con la mendacidad, el infundio o la cizaña a confundir verdades con mentiras en un río revuelto en el que sólo deberíamos intentar comprender quién gana.

Porque alguien gana en toda esta confusión, no lo duden, y su mano está dando en la orquesta el tono fúnebre que a día de hoy tiene la sinfonía. Por eso no se extrañen de leerme tantas veces hablando de oscuridad. No es en realidad un mal presagio, sólo tenemos que asumir el sufrimiento que nos espera, y buscar dentro de nosotros mismos la sabiduría y la compasión que necesitaremos para sobrellevarlo. Entonces llegará la luz.


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