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Tecnología

Se abre el melón de los impuestos municipales a los drones

Dron en pleno vuelo

"Los ayuntamientos tienen potestad para establecer normas y tributos en suelo público a pesar de que exista una regulación". Esta fue una de las frases que José Manuel García Morán, de la empresa Hispaniagodron y responsable de Deportes en el consistorio de Valdemoro, pronunció en el congreso CivilDRON17, en el que participó a título personal, no en representación del consistorio.

El congreso analiza las aplicaciones y aspectos de los drones en lo tocante a lo civil. Morán se inició con un tema muy poco trillado  en su ponencia, el de los impuestos o tasas para los drones. "La seguridad de los ciudadanos ha de ser lo más importante, más si hablamos de que va a haber drones sobrevolando el suelo de un municipio. ¿Por qué no establecer una tasa cuando se realicen este tipo de prácticas? Los ayuntamientos tendrán que abrir la lata de los drones. Pensemos que hay que cerrar calles, desplazar servicios de emergencia, policía...", explicó.

Morán también apuntó que los drones de uso recreativo "no serán objetivo de ningún impuesto" y reiteró que todo se hará en aras de la seguridad del ciudadano.

Una tasa que no sería nada nuevo, dado que ya sucede en otro tipo de industrias, como la cinematográfica, y también con algunos programas televisivos. Muchas de estas producciones deben pasar antes por caja si quieren seguir adelante con el proyecto.

De momento, es un mercado en el que hay unas 2.000 empresas pero tan sólo se han registrado 4.000 trabajos (una media de dos por empresa). Por ello aún no está en el candelero.

La regulación, en tres meses, pero...

Durante el congreso también se puso fecha a la nueva regulación que establecerá el marco legal para los drones, que quedó en agua de borrajas durante los meses en los que no hubo Gobierno.

Alex de la Torre González, de la Agencia Española de Seguridad Aérea, aseguró que la normativa estará en marcha antes del primer trimestre del año. Una regulación que estará en vigor unos dos años, periodo en el que la normativa europea, que mandará sobre la española, estará aprobada, según expertos consultados por este medio.

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