Los padres católicos exigen que la ideología de género esté fuera de las clases

La subcomisión creada para abordar un Pacto Educativo a nivel nacional retoma su marcha por primera vez después de la salida de miles de manifestantes en apoyo a la Escuela Pública y en contra de la Lomce. Este martes ha sido el turno de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa), que representa a 3,5 millones de familias y su presidente, Pedro José Caballero, ha lamentado que esta "iniciativa" nazca con "marcado carácter político" cuando debería nacer de la inquietud por acordar una verdadera ley educativa que garantice la estabilidad al sistema durante un mínimo "de tres o cuatro legislaturas".

Esta subcomisión se ha creado con una voluntad de consenso, tampoco creo que vaya a ser fácil encontrar pacto en comunidad educativa", defiende el PSOE

"Debe ser un pacto social, no basta solo con el apoyo de la mayoría parlamentaria, sino que debe participar toda la comunidad educativa", ha insistido Caballero, que forma parte de la red de más de 80 comparecientes que se contempla que acudirán a la llamada de la Comisión que dirige Teófila Martínez. Desde las filas del PSOE, Manuel Cruz, ha apuntado que también es un acuerdo político. "La estabilidad que debe alcanzar es un punto común en todas las formaciones y en la comunidad educativa. Me preocupa que se hable del pacto como si fuese desechable, representáis a muchas familias y nosotros a muchos ciudadanos. Esta subcomisión se ha creado con una voluntad de consenso, tampoco creo que vaya a ser fácil encontrar pacto en comunidad educativa", ha defendido ante la línea que están tomando las intervenciones de los diversos agentes sobre la "dificultad" de lograr un entendimiento entre partidos.

En Ciudadanos argumentan que "la prueba" de que quieren consenso es que hay 80 comparecientes. "Aunque sea un pacto social, para que tenga duración terminará en político, en el Congreso de los Diputados", han matizado. Entre las garantías que la Concapa ha pedido para el proyecto destaca que incluya todas las orientaciones pedagógicas "evitando impedimentos de cualquier tipo" y la calidad de la enseñanza en el marco de los derechos fundamentales como "la libertad".

Religión "evaluable"

Caballero ha pedido que "la ideología de género" esté fuera de las aulas, así como los contenidos de carácter ideológico. Además, ha pedido que la oferta de la asignatura de religión debe existir como "opción voluntaria", además de tener carácter "evaluable", un punto en el que Ciudadanos se ha mostrado en desacuerdo: "La asignatura como optativa sí, pero no debe ser evaluable". "Libertad de culto sí, pero fuera de los centros educativos, la religión no debe formar parte del CV", han contestado desde Podemos.

"El personal de religión debe tener idénticos derechos que los otros profesores", han solicitado desde la Concapa. Otras iniciativas que contemplan los padres de la confederación son el refuerzo de la lengua y las matemáticas y el bilingüismo, especialmente en primaria y segundo ciclo de la educación infantil; revisar promoción automática para que solo se pase de curso "si hay garantías de que alcanzan las competencias necesarias"; fomentar cultura del esfuerzo; un plan de actuación integral para terminar con "la lacra del acoso escolar" y fortalecer las tutorías y "contacto permanente" de los centros con los alumnos y sus familias.

Brecha territorial

Sobre la mesa también ha puesto la posibilidad de establecer enseñanzas mínimas comunes para evitar la brecha territorial. "Los distintos modelos educativos y sin norma generalizada hacen que haya diferencias enormes entre norte y sur. Las evaluaciones y notas sirven para analizar dónde se necesita más refuerzo e inversión", ha dicho Caballero. Para Joan Olòriz, de ERC, las competencias en Educación las tienen las CCAA. "Son muy pocas las CCAA con lenguas cooficiales. No podemos hacer de la escuela un campo de batalla político. El acuerdo de servicio publico lo tiene que hacer la CCAA con el modelo que elija", piden desde ERC. "No es justo que cada mayoría haga una ley nueva que acaba pagando la escuela y la comunidad educativa. La educación pública no es del Estado, es de la comunidad, y si entendemos esto hemos de entender que no puede ser privada, así que propongo servicio público de educación de igualdad y de atender a la diversidad. Somos partidarios de los proyectos educativos de los centros y de la autonomía de la escuela", ha defendido Olòriz.

Miguel Ángel Bustamante, de Podemos, ha sido el más crítico con el pacto educativo al afirmar que "no tiene cabida" con un partido que "recorta", refiriéndose al PP. "Hemos pasado de destinar el 5% del PIB al 4,1% y Rajoy tiene un compromiso con la UE para seguir recortando en Educación y Sanidad", ha dicho. Además ha señalado que la libertad de elección de centro "no es lo mismo" que la oferta. "Los centros terminan seleccionando al alumnado, los colegios de élite invitan a las familias a cambiar de centro si ven que determinados alumnos bajan las estadísticas del centro. Además la población migrante o con mayores necesidades de atención está matriculada en la pública", ha denunciado. "En el resto de países europeos, el 100% de alumnado matriculado en centros públicos", plantea la formación morada.