Publicado: 22/06/2012 10:40
La Comisión Europea ha exigido una modificación de la Ley de Cine de Catalunya en dos meses por dificultar la distribución de películas europeas y tacharla de "discriminatoria" y contraria a las normas de la UE sobre la libre circulación de servicios.
En un dictamen motivado, en segunda fase de un procedimiento de infracción, la CE reclama al Estado que "ponga fin a las normas discriminatorias que dificultan la distribución de películas no españolas" y amenaza con recurrir al Tribunal de Justicia de la UE.
La norma autonómica obliga a alcanzar, en siete años un 50% de distribución de películas en catalán en el territorio, incluidas las versiones originales, dobladas o subtituladas, con la excepción de las películas en castellano, exentas de esta obligación.
La CE considera que la legislación catalana, aprobada en 2010, hace "más costosa y difícil la circulación de obras europeas no españolas en el Estado español", por lo que pide la modificación de algunos artículos.
La Comisión considera "discriminatorio" que la ley obligue a las distribuidoras a entregar una versión en catalán de todas las películas, con excepción de las españolas y de las europeas que se distribuyan con más de 16 copias.
Comprende que el objetivo de interés general que busca la norma es "totalmente legítimo", pero considera que la obligación en sí misma se hace incompatible con el derecho europeo vigente.
Argumenta que la ley supone un coste añadido para el resto de películas europeas, que oscila entre los 25.000 y 77.000 euros para el doblaje, o entre los 2.000 y 5.730 euros para la subtitulación, lo que "encarece el producto" y dificulta el acceso de las películas europeas no españolas en el mercado catalán.
Aunque la ley contempla una excepción para las películas con una distribución inferior a 16 copias, más de la mitad de las películas europeas no españolas distribuidas en Catalunya siguen afectadas, según alega la CE.
Recuerda que, pese a que el Tribunal de Justicia de la UE ha reconocido la legitimidad de las políticas nacionales que buscan la promoción lingüística, el Tribunal ha precisado que es necesario que las medidas de aplicación respeten determinadas condiciones para que se les considere "justificadas".
"Hace falta que sean proporcionales con el objetivo que buscan satisfacer" y no pueden originar discriminaciones que vayan en detrimento de los ciudadanos de otros estados miembros.
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