Al menos 166 niños se han quedado huérfanos desde 2013 por crímenes de violencia de género

La directora de la fundación, Marisa Soleto, ha presentado este jueves el 'I Informe Anual del Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla Prieto' como parte del programa privado de becas con el que la organización pretende socorrer a los menores y jóvenes económicamente dependientes que se han quedado huérfanos por esta razón y para los cuales, según denuncia, no existen recursos o no se han adaptado los recursos existentes para que puedan acceder a ellos de forma efectiva.

De hecho, los datos públicos disponibles se limitan a contabilizar el número de hijos a cargo que tenía la víctima de violencia de género, sin que exista ningún tipo de información posterior sobre la situación de dichos hijos al cabo de unos años.

Esta misma desatención, según denuncian los responsables del informe, se reproduce en recursos como la pensión de orfandad, que en algunos casos es denegada porque la madre asesinada trabajaba en casa y no había cotizado el mínimo de 15 años, o no se reconoce la orfandad total porque uno de los dos progenitores, el padre agresor, no ha fallecido, pese a que ya no pueden convivir con él.

A ello se suma, según explican, las dificultades que experimentan en ocasiones las familias de acogida, que en bastantes casos son los abuelos maternos, cuya economía a menudo depende de una pensión insuficiente para afrontar gastos como la escolarización en el caso de los menores o las tasas universitarias en el caso de los jóvenes económicamente dependientes.

"Queremos que conozcan los daños de la violencia de género, que son daños que perduran en el tiempo no solo para las mujeres sino también para su entorno"

"Los huérfanos y huérfanas de la violencia de género son en este momento una realidad oculta que se enfrenta a una serie de problemas desde el momento del crimen hasta el reconocimiento de su filiación y el acceso a recursos que muchas veces son un laberinto y que en ocasiones acaban siendo un problema para las familias de acogida", ha lamentado Soleto en declaraciones a Europa Press.

Huyen del estigma social

De hecho, pese a que el objetivo del estudio era investigar la situación actual de estos huérfanos, los responsables del mismo han conseguido únicamente localizar a unos pocos de ellos, debido a que en la mayoría de casos "desaparecen" o se les pierde la pista, algo que a juicio de los investigadores se debe al deseo de alejarse del "estigma social" que supone el crimen para los menores y al hecho de que "no esperan nada" de las Administraciones Públicas".

"Cuando lanzamos el fondo de becas pensábamos que iba a haber una avalancha de solicitudes pero no las ha habido, porque son víctimas completamente ocultas y que no quieren aparecer. Incluso en algún caso hemos tenido que admitir no tener contacto directo con el beneficiario", ha explicado el viudo de la fiscal Soledad Cazorla (en cuyo honor se ha nombrado el fondo de becas), Joaquín Tagar.

Seis becas para garantizar que puedan estudiar

En total, se han concedido seis de las 10 becas que se solicitaron al fondo de becas presentado en 2016 y cuya finalidad es ayudar a las familias de acogida a sufragar gastos necesarios para garantizar que las oportunidades de los menores y huérfanos se vean afectadas lo menos posible por el crimen que han sufrido.

Los responsables de las becas han explicado que, entre los casos que han encontrado, figura alguno en que la familia de acogida del menor ha tenido que cambiarle de colegio porque en el pueblo le señalaban como "el hijo del asesino" y en algún caso la administración local no hizo nada porque "no había otro centro público" al que destinarle.

"El conocimiento de los casos específicos nos ha desbordado, porque esperábamos ver casos de necesidad económica pero no esperábamos encontrarnos con esa sensación de "qué bien que por fin alguien me pregunta'", ha reconocido Soleto.

Reclaman acelerar los procesos judiciales de filiación de las familias de acogida, para que el esfuerzo que realizan estas familias no se vea penalizado fiscalmente y para que no tengan que pasar años en procesos judiciales. Piden también asegurar la pensión de orfandad completa a las víctimas, eximirles de las tasas académicas para garantizar que pueden acceder a los estudios independientemente de la situación económica de su familia de acogida y crear puntos donde las víctimas y sus tutores puedan informarse acerca de los recursos disponibles "desde el primer momento" en lugar de tener que pelearlos en procesos administrativos no adaptados a su situación.