Esperanza Aguirre sugiere eliminar el Defensor del Menor

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha propuesto este jueves eliminar el Defensor del Menor de la región en la que gobierna, que ahora dirige Arturo Canalda. Sus competencías pasarían a la Fiscalía.

Al ser preguntada por el portavoz de UPyD, Luis de Velasco, en el Pleno de la Asamblea de Madrid sobre los recortes que se están llevando a cabo, la presidenta ha propuesto eliminar el comisionado de la Asamblea, que cumple la función del Defensor del Menor, y que se encarguen sus competencias "de enorme importancia, a la Fiscalía". Según Aguirre, "lo difícil" es gobernar cuando hay escasez de ingresos.

Según la presidenta, en la actual situación hay que tener "capacidad, competencia y también imaginación para preservar y mantener los servicios esenciales para la Comunidad y prescindir de todos los gastos superfluos".

Por su parte, De Velasco ha reconocido que es "absolutamente sensato" lo que ha dicho Aguirre, en concreto lo relativo al Defensor del Menor, y ha agregado que es verdad que hay que recortar pero, ya en el caso del déficit, le ha dicho que "una cosa es ser virtuoso y otra ser demasiado virtuoso".

El Defensor del Menor

Canalda, reelegido en noviembre de 2011 Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, fue elegido por primera vez para el cargo en pleno de la Asamblea el 8 de noviembre de 2006 en sustitución de Pedro Núñez Morgades, que ocupó el cargo entre 2001 y octubre de 2006. El primer Defensor del Menor fue Javier Urra Portillo, entre 1996 y 2001, según expone la propia web del Alto Comisionado.

El Defensor del Menor es el Alto Comisionado de la Asamblea de Madrid para salvaguardar y promover los derechos de las personas menores de edad de la Comunidad de Madrid. De hecho, es elegido por el pleno de la Asamblea de Madrid por un período de cinco años y no está sujeto a mandato imperativo alguno.

Según relata su web, no recibe instrucciones de ninguna Autoridad y desempeñará sus funciones con autonomía y según su criterio. Gozará de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones, incluso después de haber cesado en su cargo.