Sociedad

Lucha de clases en la Isla de Valdecañas, un paraíso en la tierra que debe derribarse

El sobrino del Rey Beltrán Gómez Acebo está relacionado con la inmobiliaria que comercializa una urbanización situada en un pantano del río Tajo, donde las viviendas rondan los 500.000 €. Los ecologistas denunciaron que las licencias de construcción eran irregulares y, 6 años después, el TS les ha dado la razón ordenando su derribo.

Un conflicto con aroma a lucha de clases vuelve a tener por escenario las tierras de Extremadura, como ocurriera en la magistral 'Los santos inocentes'. Aunque las circunstancias nada tienen que ver con la historia imaginada por Miguel Delibes, en este siglo XXI un paraje idílico de Cáceres vuelve a ser escenario de otra pugna entre poder económico y tradicionalismo. Una historia a la que no le falta ningún ingrediente: un espacio natural protegido, donde se ha construido un resort de lujo; la familia del Rey de España, situada tras esta promoción; unas administraciones que dieron lo mejor de sí para favorecer al poderoso, y una sentencia del Tribunal Supremo que ordena, 6 años después de iniciada su construcción -aún inconclusa-, derribar el paradisiaco complejo turístico.

Se trata de la Isla de Valdecañas, un privilegiado enclave a unos 30 kilómetros de Navalmoral de la Mata. Una isla que se creó al llenar con agua del Tajo el pantano de Valdecañas -construido durante el franquismo en 1963- y donde en 2004 se inició el proceso para urbanizar, con la petición de los permisos correspondientes. La Junta de Extremadura -presidida por Juan Carlos Rodríguez Ibarra- dio vía libre a la promotora Marina Isla de Valdecañas, S.A., con sede social en Sevilla, para levantar un complejo turístico con viviendas, dos hoteles, puerto fluvial y campo de golf.

Paca Blanco, cabeza visible del movimiento ecologista, tuvo que abandonar el pueblo de El Gordo tras denunciar agresiones verbales y físicas y hasta un ataque con cócteles molotov

Los ecologistas alegaron que la zona era protegida y que la Junta (entonces liderada por el PSOE) se había saltado su especial condición para permitir urbanizar, tal y como se puede leer en la demanda original presentada en 2008. El escrito hace notar que el gobierno extremeño ignoró los planes generales urbanísticos de los municipios afectados, para dar a esa zona un uso residencial de segunda vivienda que no estaba permitido, algo que se hizo "con una sorprendente celeridad y el más absoluto desprecio a la coherencia territorial, al estudio de la viabilidad económica y al interés general".

Liderados por la 'heroína' Paca Blanco, los ecologistas iniciaron un proceso judicial dirigido por el abogado José María Trillo Figueroa, convencidos desde el primer momento de la irregularidad de las obras: "Ya comenzaron mal, porque para empezar a construir desecaron el Tajo, lo que dio lugar a la desaparición de la fauna. Desde entonces, se han saltado una norma ecológica tras otra", confiesa la combativa Paca Blanco a Vozpópuli, una mujer que asegura cobrar una renta mínima y que ha tenido que marcharse del pueblo de El Gordo por las agresiones físicas y verbales de la gente, que en su inmensa mayoría está a favor de la continuidad de Marina de Valdecañas, ya que lo ven como fuente de riqueza de la que vive casi todo el pueblo. Para Blanco, este convencimiento se debe a que "se les ha tratado como tratan los ricos a los pobres: haciendo regalos para tenerlos contentos en una especie de 'Bienvenido Mr. Marshall'".

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura dio la razón a Ecologistas en Acción, y la pasada semana el Supremo ha hecho lo propio. Un segundo revés judicial para el gobierno extremeño, que deja en situación muy complicada a los propietarios: muchos han firmado hipotecas por esas viviendas y tienen sus títulos de propiedad perfectamente legales (la Junta actuó bajo la premisa de 'hechos consumados' antes de saber la resolución legal del conflicto). Ahora, sus lujosas casas quedan en un limbo jurídico que podría llevar, si se cumple la sentencia del Alto Tribunal en términos estrictos, a poner fin a este paraíso en las faldas de la sierra de Gredos, en el que se solazan madrileños -el lugar dista apenas 160 kolómetros de la capital- de posición económica acomodada.  

El último cartucho de la Junta

Pero Mérida aún no se da por vencida, e impugnará ante el Constitucional la sentencia del Supremo. Su argumento es que "se ha vulnerado el principio de legalidad consagrado en el artículo 9.1. de la Constitución Española (...) el proyecto de Valdecañas, tras las modificaciones de la Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura tanto en 2010 como en 2011, es un proyecto legal, ya que esta reforma ampara las actuaciones anteriormente realizadas y las legaliza, lo que obvia el Tribunal Supremo". Desde Ecologistas en Acción, la ONG que preparó la demanda original, ven cogido por los pelos este argumento jurídico. Sería ciertamente poco habitual que la doctrina del TC cambiara sustancialmente el fallo del TS.

El ejecutivo extremeño asegura estar analizando las diferentes sentencias del TS "en las que la innovación del procedimiento como causa de imposibilidad legal en casos similares a los de Valdecañas, se debe al hecho de que con la modificación, el objeto de la litis-la obra, la construcción o actuación discutida, ha pasado a ser legal. Por lo tanto, de ejecutarse la sentencia en sus estrictos términos, resultaría contrario al ordenamiento vigente, con lo que se vulneraría el principio de legalidad consagrado en el art. 9.1 de la CE".

Muchas familias se declaran de clase media, no supermillonarios, y denuncian como la incertidumbre legal ha impactado en el precio de sus propiedades

En realidad nadie se atreve a predecir qué va a pasar con este espacio, de referencia para muchos golfistas, algunos de los cuáles comentaban en los foros de internet las "sensaciones nunca repetidas de jugar al golf en ese paraje rodeado de agua con las cumbres nevadas al fondo, en medio de un silencio absoluto sólo roto por el golpe a la bola". Los propietarios de viviendas, unas 200 familias, han pagado por ellas unas cifras superiores al medio millón de euros. Este sábado parte de estas familias (entre quienes según 'Expansión' hay directivos de "Banco Santander, Rothschild, Telefónica, Julius Baer, Bank of America, Pitctet, Credit Suisse, UBS, PwC, Richard Ellis o Johnes Lang Lasalle" se reunieron en la isla para hablar de su futuro, totalmente en el aire.

La promotora valora entrar en concurso

Los promotores del super resort de lujo no esperaban en ningún caso una sentencia desfavorable del TS, sino que estaban preparados para reanudar las obras en cuanto el Alto Tribunal decidiera que la urbanización cumplía las normas legales. Pero ahora todo ha cambiado. En una reunión de propietarios realizada el pasado jueves en el Hotel Chamartín de Madrid, uno de los dueños de la empresa lo dejó claro: se está valorando solicitar el concurso de acreedores después del revés judicial.

El "maravilloso" enclave, ideal para familias con niños, también tiene inquilinos. Una de las habituales suele acudir habitualmente con su familia, a una vivienda por la que pagan unos 1.600 euros de alquiler mensual. Una cifra alta, pero que una pareja de cierto poder adquisitivo con dos sueldos se puede permitir "sin ser necesariamente millonarios, porque también hay clase media que con la crisis lo está pasando mal y más teniendo en cuenta la incertidumbre jurídica que se genera ahora". Este grupo de personas comentan cómo el proceso judicial en el aire ha depreciado sus propiedades, y recuerdan que ellos adquirieron las casas en condiciones legales. En este enlace se puede ver una de las viviendas tipo de Marina de Valdecañas, con 250 metros cuadrados, cuatro dormitorios y cuatro baños por la que se piden 1.600 euros al mes. Por esta otra vivienda, de 5 habitaciones y cinco baños, la renta sube aún más: 2.500 euros al mes.

Por otra parte, en la isla también está el hotel Husa Valdecañas, de cuatro estrellas y perteneciente a la cadena de Joan Gaspart, que atraviesa por importantes problemas financieros. Los empleados quedan ahora en la incertidumbre, mientras que los habituales de la isla recuerdan que ésta no está cerrada al acceso del público general precisamente por la instalación hotelera que tiene dentro, y que lógicamente es de libre acceso.

Familiares del Rey detrás

Quedan muy por encima de la clase media quienes tienen intereses ahora mismo en la comercialización del resort. Nada menos que uno de los sobrinos del rey Juan Carlos, Beltrán Gómez-Acebo, hijo de la infanta Pilar de Borbón. Según 'El Mundo', el sobrino del Rey colabora en la inmobiliaria Vertical Real Estate con Jaime López-Ibor Alcocer, también proveniente de una acudalada familia de Madrid. La amistad entre López-Ibor y Gómez-Acebo es notoria, como lo es la de sus tíos Alberto Alcocer y Juan Carlos de Borbón y Borbón-Dos Sicilias A este periódico le ha sido imposible contactar con Vertical Real Estate, que facilita un teléfono en su web al que nadie atiende. Con Isla de Valdecañas S.A. sí se pudo, al menos, contactar, aunque declinaron dar su versión de la situación. ¿Quien calla, otorga?

Un sobrino del Rey y un sobrino de Alberto Alcocer están detrás de Vertical Real Estate, la inmobiliaria que se encarga de la comercialización de las viviendas de lujo

Por el momento, la empresa sí que ha reaccionado tras la sentencia del Supremo quitando, por ejemplo, los anuncios de venta de viviendas que había habilitado en portales como idealista.com. Impera ahora la prudencia. La promotora asegura haber invertido ya 120 millones de euros para hacer, entre otras cosas, la carretera que une la isla con el exterior y que fue pagada por ellos. De todas las fuentes consultadas, muchos dudan de que finalmente se ejecute el derribo completo del complejo, y tienen la confianza de que se acabará alcanzando un acuerdo que salve las viviendas. De no ser así, ¿se logrará restaurar mediante derribos el paraje natural a la que fue su fisonomía original?, ¿quién tendría que hacerse cargo de las indemnizaciones a los propietarios? Todos apuntan a la Junta de Extremadura, a quien la operación le puede salir muy cara.

Pero los ecologistas no quieren ningún acuerdo intermedio. Paca Blanco, la jubilada cuyos movimientos estuvieron en el principio del proceso, lo tiene claro: "Yo hace muchos años que iba con mis nietos los fines de semana y me comía con ellos una tortilla de patatas en ese entorno natural. Queremos que todo vuelva a estar como entonces, un paraje natural incomparable utilizado como refugio por las aves en su migración del norte al sur y que es de uso público". Por el momento, el acceso a buena parte de este paraje seguirá permitiéndose sólo a los que han adquirido su trozo de paraíso en Cáceres para su disfrute exclusivo.


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