Sociedad

Los sobrepagos a jueces no son una novedad: ya los cobraron entre 2003 y 2008

La Comunidad de Madrid decidió entonces que fuera una unión temporal de empresas, en la que ya estaba Indra, la que abonara estas cantidades a los funcionarios judiciales. Tampoco se solicitó incompatibilidad al Consejo del Poder Judicial.

Alfredo Prada fue vicepresidente y consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid de 2003 a 2008
Alfredo Prada fue vicepresidente y consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid de 2003 a 2008 EFE

No es la primera vez que cobran sobresueldos: jueces, secretarios y funcionarios de la Comunidad de Madrid ya percibieron pagos extrajudiciales entre 2003 y 2008 de una Unión Temporal de Empresas (UTE) en la que y también figuraba Indra, la misma que ha vuelto a pagar recientemente a estos funcionarios de justicia. Aquellos otros pagos se hicieron durante el mandato del consejero Alfredo Prada Presa con la excusa de elaborar un programa informático que finalmente fue abandonado y nunca se utilizó.

La decisión de pagar a la UTE por la no elaboración de aquel programa informático la tomó la Comunidad de Madrid cuando Francisco Javier Casas presidía el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). La cantidad abonada entonces fue similar a la que se ha conocido en estos días que han cobrado una quincena de juristas y que se acerca a los 200.000 euros. Al igual que ahora, en aquella ocasión no se solicitó tampoco la compatibilidad al Consejo General del Poder Judicial.

Cuando Alfredo Prada era vicepresidente y consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid se creó una comisión de informática que trabajó para introducir nuevas aplicaciones que sustituyeran al programa Libra. En esa primera comisión estaban ya incluidos dos jueces por cada una de las cuatro jurisdicciones (Contencioso, Penal, Civil, Laboral...), así como tres secretarios y entre tres y cuatro funcionarios. También hubo representantes de la Fiscalía.

En aquella ocasión, desde el organismo encargado de la informática en la Comunidad de Madrid (ICM) se consideró que era imprescindible que estuvieran representantes de la Justicia para que el programa fuera el deseado. Según insisten fuentes jurídicas a Vozpópuli, la Comunidad se comprometió a pagar unas cantidades "como compensación del esfuerzo que se demandaba”: “Se hacían sesiones de trabajo fuera del horario laboral con una importante dedicación personal y profesional”.

Para seleccionar a estas personas se formalizó una convocatoria pública entre jueces y secretarios y resto de funcionarios de Justicia con el fin de que pudieran presentarse todos los habilitados que lo desearan. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid realizó la selección entre los jueces y los secretarios, mientras que la Comunidad de Madrid hizo lo propio con la de los funcionarios.

En aquella ocasión se trasladó la decisión de la Sala de Gobierno al Consejo General del Poder Judicial, sin que se opusiera, y la UTE pagó los costes de las sesiones de estudio que se realizaron. Los trabajos tuvieron una continuidad de dos años, pero tras la salida de Prada de la Consejería de Justicia se decidió abandonar el proyecto e iniciar otro totalmente diferente.

Renovación informática

Hay que recordar que durante el mandato de Alfredo Prada el Gobierno regional puso en marcha un ambicioso Plan de Modernización de los Sistemas Judiciales en la Comunidad de Madrid y los jueces se mostraron especialmente satisfechos con la renovación de los ordenadores. También se quiso instalar un nuevo sistema informático que permitiera interconectar las distintas sedes judiciales para agilizar la tramitación de los procedimientos, así como para mejorar la calidad de la Administración de Justicia en la región. Se trataba, en realidad, de hacer más sencillo el trabajo diario de los profesionales de la Justicia.

Finalmente, el proyecto de renovación de aplicaciones informáticas fue frenado con la llegada de la nueva consejera de Justicia, Regina Plañiol, y se puso en marcha otro nuevo. En este nuevo programa, adjudicado a Indra, también se buscó y pagó la colaboración de los jueces y resto de profesionales de la carrera judicial, que es lo que ahora han revelado los medios de comunicación.


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