Publicado: 20/09/2014 15:05
Los datos del Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales 2014, presentado este viernes, vuelven a ser demoledores: entre 2011 y 2013 el presupuesto para servicios sociales se redujo en 2.200 millones de euros, pasando de 354 euros por habitante y año en 2011 a 306 en 2013, una caída del 13%. Aunque por primera vez se han utilizado datos de las tres administraciones -hasta ahora no se conocían los de las Entidades Locales-, los profesionales del sector siguen alertando de una tendencia negativa que puede resultar nefasta para la atención social precisamente cuando la crisis genera mayores dificultades entre la población.
País Vasco obtiene la mejor puntuación, mientras que la Comunidad Valenciana se mantiene a la cola. Castilla-La Mancha es la que más ha recortado en estos dos años
La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha destacado que el gasto se ha reducido en todas las administraciones, pasando de un 1,60% del PIB en 2011 a un 1,41% en 2013, y explica que en términos absolutos, han sido las Comunidades Autónomas quienes más han metido la tijera, aunque señalan que la mayor parte de esos 1.253 millones de euros que éstas han reducido en sus presupuestos en estos dos años son consecuencia de la reducción de la financiación estatal. Además, las Entidades Locales habrían duplicado el recorte respeto a las Comunidades Autónomas: un 20,8% las primeras por un 10,5% las segundas, algo que según los expertos supone la pérdida de unos 10.000 puestos de trabajo directos en el sector público local.
Este índice refleja además una enorme disparidad entre las diferentes comunidades. Según los indicadores utilizados, País Vasco obtendría la mejor puntuación (7,5), seguida de Castilla y León (6,65), mientras que la Comunidad Valenciana se mantendría como farolillo rojo en lo que a servicios sociales se refiere, con apenas un 0,6 de puntuación en una escala sobre 10. Sin embargo, es Castilla-La Mancha la que más habría recortado en este presupuesto -144 euros menos por habitante y año-.
Los profesionales del sector defendían una vez más que el gasto en estos servicios supone una inversión, y calificaban los recortes como "criminales". "De cada millón de euros que se invierten, 400.000 revierten al Estado en forma de impuestos, cotizaciones y demás, y se generan entre 26 y 40 empleos directos estables. En estos dos años se ha despedido a 20.000 trabajadores de los servicios sociales públicos. Cuando ocho millones de usuarios acuden a los servicios sociales y se demuestra que éstos son la mejor vacuna para evitar un tránsito de la pobreza a la exclusión social, los gobiernos recortan y los dejan al borde del precipicio. Si esto sigue ocurriendo se puede quebrar la cohesión social en España", decía José Manuel Ramírez.
Además de reclamar desde hace tiempo una normativa estatal básica para unificar criterios, la Asociación critica una vez más la opacidad con que el Ministerio de Sanidad actúa, ya que no facilita el acceso a la información y los datos más actualizados que ofrece son de 2011. Algunas Comunidades Autónomas, como Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana directamente se niegan a aportar estos datos. "El problema es del Ministerio, que no comunica estas cifras desde 2011 pero que tenemos constancia de que las tienen. Lo que pasa es que evidencian que se están recortando estos derechos. Si ocurriera lo mismo con los datos de paro que ofrece el Ministerio de Empleo, ¿qué pasaría? ¿No habría paro entonces? Aquí llevan tres años sin presentar datos", se quejaba Ramírez, que mantiene una perspectiva poco optimista por la tendencia que se está instaurando desde hace años.
Los profesionales critican que el Ministerio de Sanidad no ofrece datos desde 2011, ya que estos "evidencian que se están recortando derechos".
El IMSERSO resta veracidad al índice
Tras la presentación de los datos, el director general del IMSERSO, César Antón, ha querido explicar que la información del Índice DEC no está completa ni contrastada, y ha recordado que los servicios sociales son comepetencia de las Comunidades Autónomas, por lo que las valoraciones que deberían tenerse en cuenta son las del Consejo Interterritorial en Dependencia. "Siempre respetaré las evaluaciones de las entidades pero como vimos el año pasado en su informe creo que es una información no completa, que no está contrastada y sus indicadores y resultados de esa valoración no tienen una validación científica de contraste para los resultados que salen", ha advertido, dando por buena la crítica de los profesionales de la opacidad en la información.
Por ello, ha insistido en que la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales debería ser "más rigurosa" a la hora de formular sus conclusiones sobre el tema porque faltarían datos, como grupos de población atendidos en los servicios sociales que no consideran en sus estadísticas, variables de indicadores que no están "suficientemente justificadas". "Parece que se han elegido unos indicadores para conseguir unos resultados", ha declarado Antón, para subrayar en el caso concreto de la dependencia, que "gracias a las medidas de mejora" el sistema de dependencia "avanza considerablemente hacia la sostenibilidad", se ha mantenido el catálogo de servicios, y "todos los días se incorporan nuevos beneficiarios", aparte de que hay 254.000 nuevas personas con prestación.
- Hay un trabajador de plantilla en los servicios sociales básicos municipales por cada 720 habitantes en Navarra. Uno por cada 7.916 en Madrid.
- El 2,50% de la población entra en el Sistema de Atención a la Dependencia en La Rioja. El 0,54% en Canarias.
- Una de cada 16 personas del País Vasco recibe Rentas Mínimas de Inserción. Uno de cada 355 en Castilla-La Mancha.
- Un 1,7% de personas con derecho reconocido de Atención a la Dependencia están a la espera de recibirlo en Castilla y León. Un 52,7% en Canarias.
- País Vasco destina 541 euros a servicios sociales por habitante y año. La Comunidad Valenciana 196 euros.
- El gasto de Comunidad Autónoma y Entidades Locales de Extremadura en servicios sociales fue en 2013 del 2,57% de su PIB regional. En Madrid, del 0,93%.
- El Gobierno de Asturias financiaba el 47,5% del gasto en servicios sociales en 2013 de sus Entidades Locales. Aragón un 8,05%.
FUENTE: Directores y Gerentes de Servicios Sociales
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