A Sanidad no le consta que el cierre de urgencias se extienda a otras CCAA pero tampoco podría impedirlo

El PP vuelve a evidenciar cierta falta de coordinación entre sus dirigentes. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha tenido que salir al paso tras las declaraciones de Juan Manuel Moreno, secretario de Servicios Sociales e Igualdad, que aseguraba esta mañana que la decisión del Gobierno manchego de eliminar el servicio de urgencias nocturnas en 21 municipios de la comunidad podría extenderse a otras autonomías. El ministerio que dirige Ana Mato ha declarado que no tiene constancia de que esta medida vaya a ser adoptada en otras comunidades autónomas. Así lo han precisado a Efe fuentes del Ministerio de Sanidad, que han señalado que en caso de que esa medida se extendiese a otras regiones, el Ministerio poco podría hacer, salvo pedir que se garantice la calidad asistencial de todas las personas afectadas, dado que son las comunidades las que tienen la competencia en esta materia.

En esos mismos términos se ha manifestado la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, quien ha apelado a la responsabilidad de las comunidades autónomas para garantizar la mayor oferta sanitaria y los requisitos de excelencia a la hora de reorganizar los servicios de salud. El Gobierno regional justifica el cierre, que será efectivo desde las 15.00 horas en unos casos y desde las 20.00 horas en otros, en la baja afluencia de pacientes que precisan de la asistencia urgente respecto al coste que tiene el mantenimiento del servicio.

En la línea de "racionalizar los recursos públicos disponibles" ha circunscrito la medida el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, quien ha asegurado que el 80 por ciento de los centros afectados por el cierre tenían en torno a dos o tres visitas y el resto, ninguna. Además, según la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, los municipios afectados tienen una población "muy pequeña" y dispondrán de un servicio de urgencias a una distancia de quince minutos. Sin embargo, esa distancia es mucho mayor en casos como los de la localidad de Tembleque, cuyos vecinos tiene que desplazarse 32 kilómetros para trasladarse hasta el centro sanitario de Ocaña.

Protestas, recursos y dimisiones para protestar contra la medida

La decisión de Castilla-La Mancha ha suscitado reacciones de partidos políticos y organizaciones profesionales y protestas de los vecinos. Así, la práctica totalidad de los 21 ayuntamientos afectados van a presentar un recurso contencioso-administrativo contra la medida, según ha anunciado el secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Este lunes, el mismo día en que Castilla La Mancha se quedaba sin el servicio nocturno de urgencias, los cuatro concejales del PP en Honrubia (Cuenca) dimitieron de sus cargos.

El Ayuntamiento toledano de Tembleque ha sido el primero en presentar hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) un recurso contencioso-administrativo contra la orden de la Consejería de Sanidad. Su alcalde, Jesús Fernández, ha confirmado a Efe que esta misma mañana ha remitido al procurador el recurso para su presentación en el TSJ de la región y ha indicado que el resto de los ayuntamientos afectados podrían adherirse al mismo.

Por su parte, los profesionales sanitarios de la comunidad han señalado que el cierre de las urgencias nocturnas dejará "desprotegidos o con menor protección" durante unas horas a la población de más edad, la que mayor riesgo tiene de enfermar. El presidente del Colegio de Médicos de Castilla-La Mancha, Francisco Parra, ha lamentado la supresión de servicios, máxime si afecta a la población más vulnerable como son los ancianos, y ha criticado que la sanidad se vea con "criterios economicistas".

Más allá ha ido el presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado, quien ha advertido de que "estamos sentados encima de un polvorín" como consecuencia de los recortes y las medidas de ajuste que están adoptando el Gobierno central y las diferentes comunidades autónomas. El cierre ha sido también denunciado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, al considerar que supone un "serio retroceso", y esta organización ha apelado a la "movilización social y profesional".