Sociedad

La reforma local dejará sin prestaciones básicas de los ayuntamientos a más de 7 millones de personas

Diferentes agentes sociales se han manifestado en contra del proyecto de Ley que según su parecer empujará a la desaparición de los servicios locales dejando a millones de personas sin ayudas ante la imposibilidad de las endeudadas Comunidades Autónomas de hacer frente a los pagos. 

La presidenta del CGTS el pasado jueves en el Congreso de los Diputados con la camiseta naranja del sector
La presidenta del CGTS el pasado jueves en el Congreso de los Diputados con la camiseta naranja del sector CGTrabajoSocial

Los nuevos informes económicos presupuestarios enviados a Bruselas y la reforma de la Administración que promueve el Gobierno y que se está debatiendo en el Congreso han dejado esta semana diferentes focos de polémica encendidos ante los ajustes que proponen. Uno de los sectores más afectados es el de los servicios sociales, que se oponen firmemente a los cambios propuestos porque supondrán, según ellos, la desaparición de gran número de ayudas y la desatención de millones de personas

El principal argumento esgrimido para hablar de "desmantelamiento" de estos servicios radica en el nuevo Plan de Estabilidad, que obligará a Autonomías y Ayuntamientos a subir impuestos y tasas por 4.342 millones en los dos próximos años, y que dejará numerosas competencias de los ayuntamientos en las Comunidades Autónomas, algo que éstas ya han criticado por su falta de recursos para hacerse cargo. Las propias Autonomías deberán recortar 8.000 millones en 2014 y 2015. 

Las Autonomías, que deben recortar 8.000 millones en dos años, deberán asumir los costes de los servicios que prestan los ayuntamientos, que gastaron 8.331 en Educación, Sanidad y Servicios Sociales

Precisamente ese dato evidencia la imposibilidad de las autonomías de hacer frente a estos servicios, ya que en 2012, las Entidades Locales gastaron 8.331 millones en Educación (2.410 millones), Sanidad (802 millones) y Servicios Sociales (5.118 millones), según los datos de liquidación de la oficina virtual para la coordinación financiera con las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda. Pero además, las corporaciones locales deberán llevar a cabo su propio plan de ajuste, que les obligará a recortar más de 5.000 millones sólo en 2015. 

Por todos estos avances que arroja ese Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local el sector de los servicios sociales lleva meses denunciando el desmantelamiento que supondrá esta aprobación. "La reforma supone que siete millones de ciudadanos en situación de fragilidad y/o vulnerabilidad se vean aún más desasistidos, los municipios sufrirán las consecuencias de la crisis sin tener ninguna herramienta para actuar, el gasto público se incrementará, los medios rurales se verán absolutamente desatendidos y no se ha considerado o no se ha comentado la complejidad del sistema en cuanto a organización, equipamiento y personal", declaran desde la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.

Para su presidente, José Manuel Ramírez, lo que la actual reforma plantea como pretensión para los servicios sociales es su extracción del ámbito competencial de las administraciones locales "como si se tratase de un gasto molesto, innecesario o supérfluo. La disposición transitoria segunda plantea que esas competencias las asuman las CCAA en el plazo de un año, además, sin que se incremente el gasto para el conjunto de administraciones. Al municipio le queda entonces únicamente la 'evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social", explica. 

La disposición transitoria segunda plantea que las CCAA asuman esas competencia en el plazo de un año sin incrementar el gasto para el conjunto de administraciones

Una de las quejas que mantienen desde la asociación, además de la evidente por el recorte, es por el plazo de tiempo otorgado de un año para hacer la reforma efectiva. "Hay más de 60.000 trabajadores en los servicios sociales básicos (muchos de ellos como funcionarios) cuya transición hacia otra administración o hacia las listas del paro por la amortización de su puesto no puede hacerse en un año. Además, los servicios de proximidad se prestan de manera más eficaz y eficiente desde el ámbito local. Se debe ofrecer un plazo razonable para reordenar y transferir a las CCAA dispositivos como las residencias, con más de 30.000 plazas para mayores en manos de las entidades locales que deberán cerran por la imposibilidad de asunción por parte autonómica", señalan. 

Protestas de los trabajadores sociales

En el mismo sentido se manifiestan desde el Consejo General del Trabajo Social (CGTS), donde denuncian que la reforma local conllevará la desaparición de los servicios sociales municipales al eliminar casi todas las competencias locales dejándolas "en manos de Autonomías endeudadas". 

"El Estado ha pasado de aportar 86,6 millones en 2011 a 32 en 2013, anunciando incluso que dejará de colaborar en esta partida de financiación"

"Hasta ahora los servicios sociales municipales se financiaban a tres bandas entre el Estado, las Autonomías y los Ayuntamientos mediante el Plan Corcertado. El Estado ha reducido en los últimos tres años su aportación un 62% pasando de 86,6 millones en 2011 a 32 en 2013. El Gobierno ya avisó además de que iba a dejar de colaborar en esta partida, por lo que toda la financiación de los servicios sociales de base quedaría en manos de las CCAA", explican desde el CGTS. 

En el debate de la reforma en el Congreso del pasado jueves la presidenta del Consejo, Ana Lima, intentó sin éxito que se tuviera en cuenta la opinión de los profesionales de este sector, aunque ella misma se quejaba de que ni siquiera les habían dejado vestir la típica camiseta naranja que identifica a este sector social. Como parte directamente afectada por la reforma, llevan meses trabajando para intentar minimizar los efectos del debatido proyecto de ley, y han puesto en marcha la campaña "¡Hasta aquí!", con un vídeo en el que critican los recortes en ayudas básicas y con un informe en el que desvelan desde "el punto de vista jurídico y social cómo el proyecto de ley supondrá la desaparición de los servicios sociales municipales". 


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