Cientos de personas se manifiestan contra la retirada de la tarjeta sanitaria a inmigrantes

Cientos de personas protestaron el sábado contra la anulación de la tarjeta sanitaria de los inmigrantes que no cuentan con permiso de residencia en España, una decisión que han calificado de "apartheid sanitario" y de "xenófoba". El acto se celebró contra la entrada en vigor de esta medida, que afecta a más de 150.000 inmigrantes irregulares, y que está incluida en un decreto de medidas urgentes de ahorro del Gobierno para salvaguardar el futuro de la Sanidad pública.

Una treintena de organizaciones y colectivos de la sociedad civil, asociaciones de inmigrantes y refugiados y de defensa de los derechos humanos, agrupadas en la Red por el Derecho a tener Derechos, convocaron esta concentración frente al hospital madrileño Gregorio Marañón. Los asistentes, muchos de ellos extranjeros que residen en España, corearon proclamas como "ningún ser humano es ilegal" o "Partido Popular, Ku Klus Klan", al tiempo que han pedido la dimisión de la ministra de Sanidad, Ana Mato. También portaban pancartas en las que se podía leer "No a las medidas discriminatorias y racistas" o "Recortes en Sanidad = muerte".

Médicos del Mundo advierte que "se van a colapsar las urgencias"

Mientras se gritaba "no son recortes, son ejecuciones", los asistentes escenificaron la supuesta desatención que van a sufrir a partir de ahora cayendo desfallecidos en el suelo, con la música de fondo de una ambulancia que nunca llegaba. Finalmente, rodearon el hospital unidos por sus manos. En la calle Doctor Esquerdo, donde se desarrolló la concentración, el tráfico se vio interrumpido varias veces, por lo que los agentes de la Policía Nacional exigieron a la gente que desalojara la vía, especialmente ante la imposibilidad de las ambulancias de acceder al centro sanitario. Al mismo tiempo, los organizadores pidieron a los indocumentados que obedecieran sus órdenes dado el peligro de que si tenían conflictos con los agentes pudieran ser expulsados del país.

Yoro, de 22 años y procedente de Gambia, quiso hablar en nombre de su mejor amigo, que padece cáncer de hígado y que no tiene papeles, ante el temor de que se quede sin tratamiento. "Vamos a morir si no nos atienden, el Gobierno tiene que rectificar, no puede abandonarnos a nuestra suerte porque no tenemos dinero para pagar los tratamientos", declaró este joven a Efe. Un inmigrante senegalés de 30 años, de nombre Fallou, rodeado de un grupo de amigos indocumentados y sin trabajo, pidió a las autoridades sanitarias que no les dejen "tirados" porque han llegado a España buscando "una situación mejor" y no tienen "a donde ir". "Si tenemos enfermedades infecciosas y no nos tratan, al final se va a contagiar más gente y el problema va a ser peor", aseveró, para agregar que cuando lleguen a urgencias "lo mismo es demasiado tarde".

El PSOE solicita que se ponga fin al "apartheid sanitario"

Desde Médicos del Mundo, un portavoz, Mario Pérez, exigió al Ejecutivo la derogación del decreto porque vulnera el derecho a la salud, además de advertir de que "se van a colapsar las urgencias" ahora que los inmigrantes irregulares no tienen otro lugar al que acudir, generando "gasto en lugar de ahorro". Para este médico, las personas con enfermedades graves quedarán abocadas a una posible muerte mientras que las que tienen infecciones llegarán tarde a las urgencias, con el consiguiente daño para la salud de la población general.

A la protesta se ha sumado la secretaria ejecutiva de Cooperación e Inmigración del PSOE, Marisol Pérez, quien solicitó al Ejecutivo que "rectifique" y ponga fin a este "apartheid sanitario", que ha tachado de "cruel, inhumano e ineficaz", ya que, a su juicio, no reportará ningún beneficio económico a la Sanidad pública. Diputados de IU en la Asamblea de Madrid, como el portavoz de Inmigración, Mauricio Valiente, denunció que "se va a privar a una parte de la población que vive en el Estado Español de un derecho humano fundamental". Ambos dirigentes políticos se han referido a que el Gobierno debe tomar nota de la "rebeldía" de las comunidades autónomas ante esta decisión, incluidas algunas gobernadas por el PP, y devolver a la Sanidad pública su carácter de "universal y gratuita".