Publicado: 27/11/2012 11:07
La primera comparecencia en la Comisión de Investigación por la tragedia del Madrid Arena, la del consejero delegado de la empresa municipal Madridec, José Rivero, se ajustó casi al milímitro al 'guión' marcado por el informe oficial del Ayuntamiento presentado hace diez días. Rivero, que fue recientemente cesado por la alcaldesa por ocultar un contrato de 'fidelización' entre la empresa promotora de la macrofiesta y Madrid Espacios y Congresos (Madridec), insistió este martes en negar cualquier irregularidad en los pasos dados por el Consistorio en el alquiler del recinto.
El primer compareciente insistió en que la tragedia no se produjo por falta de seguridad del pabellón, sino por el mal uso de los organizadores
Para ello, no dudó el acusar de lo ocurrido a la empresa organizadora, Diviertt, y su propietario, Miguel Ángel Flores, del que dijo hasta en cuatro ocasiones que había engañado a la empresa municipal, y en la.de seguridad, Seguriber. "La tragedia no se debe a que se haya caído un pedazo del techo, sino simplemente a la sobresaturación del aforo, que el Ayuntamiento no ha provocado sino que es responsabilidad de quien tiene que dar explicaciones al juez", aseguró.
En concreto, Riverso acusó a Flores de mentir cuando, al solicitar los permisos para el evento, hizo una primera previsión de afluencia de público a la macrofiesta de entre 4.000 y 6.000 personas. También señaló que no se había ajustado a la realidad cuando anunció que que en el interior del recinto iba a haber esa noche 75 empleados de Kontrol 34, cuando sólo estuvieron 63. También acusó al promotor de mentir cuando envió un SMS horas después de la tragedia para comunicar el número de entradas vendidas y afirmar en el mismo que habitualmente Madridec le daban para este tipo de eventos un aforo de 12.000 personas. "Tal afirmación es rotundamente falsa", aseguró Rivero. El ya cesado alto cargo de la empresa municipal también aseguró que Diviertt no cumplió el plan de seguridad que se le entregó para aplicar.
124 cámaras de seguridad y ninguna alerta
El primer compareciente también dejó caer graves acusaciones contra Seguriber, la empresa de seguridad contratada por la propia empresa municipal. En concreto, Rivero dejó claro que al menos uno de sus vigilantes debería haber detectado cualquier situación de riesgo desde la cabina de control desde las que se visionaba lo que grababan las 124 cámaras de seguridad con las que cuenta el circuito cerrado de televisión del Madrid Arena. y, sin embargo, no se produjo dicha alerta ni siquiera cuando se encendieron bengalas y petardos. Rivero destacó que Seguriber tardó cerca de tres cuartos de hora en alertar a los responsables de seguridad de Madridec sobre el suceso y que, cuando lo hizo, su aviso fue vago.
El alto cargo de la empresa municipal insistió que las imágenes grabadas por estas cámaras desmienten "rotundamente" las "elucubraciones e intoxicaciones" que, en su opinión, señalan al Ayuntamiento como también responsable de la tragedia en la que perdieron la vida cuatro jóvenes. Y puso un ejemplo: "Consta en las grabaciones de la cámara de la explanada del pabellón de Cristal que alguien retiró la valla del acceso directo a la cota cero, [la pista], destinada a los vehículos de emergencia. Consta grabado que, una vez hecho esto, en 23 minutos entraron 2.000 personas, 500 en una primera oleada y luego otros 1.500, porque no había abierto entonces ningún otro acceso. Todos los que entraron, lo hicieron con el beneplácito de los organizadores. Fue la sobreventa de entradas lo que creó una situación de riesgo. Ante la claridad de las imágenes, sobran las hipótesis". remachó.
La comisión de investigación empezó con polémica. Los representantes de IU se negaron a participar en la misma por la negativa del PP, que ha aplicado su mayoría absoluta para fijar el calendario y los comparecientes, en negar la presencia en la misma de Ana Botella, entre otros. PSOE y UpyD también protestaron, aunque finalmente participaron en la sesión. Una sesión la de este martes que se ha caracterizado por la rigidez impuesta por el presidente de la comisión, el popular Pedro Corral, a la hora de aplicar los tiempos de intervención, no sólo de los partidos políticos, sino incluso de los comparecientes.
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