Sociedad

Las clínicas portuguesas prevén hacer negocio con la ley del aborto de Gallardón

Las clínicas abortivas portuguesas podrían ser las mayores beneficiadas por la ley del aborto que quiere sacar adelante el Gobierno. La cercanía, la sencillez del proceso y una legislación menos restrictiva son los elementos que podrían atraer a las embarazadas españolas que quieran abortar y queden excluidas por la futura ley.

Si en los años sesenta y setenta las españolas viajaban a abortar a Londres, en el 2014 lo harán en Portugal. Esa es la predicción que hacía el diario portugués Correio da Manhã tras el anuncio del Gobierno sobre la nueva Ley del Aborto. Para este medio luso, la futura legislación, más restrictiva que la que sustituye, abrirá una vía de negocio en el país vecino al que acudirán "miles de españolas".

Con la ley todavía en trámite parlamentario, las clínicas abortivas afincadas en Portugal miran a través de la frontera hacia un negocio potencial de más de 100.000 pacientes. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, en 2012 se practicaron 112.390 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE), el 91,26% de ellas a petición propia de la mujer.

Precisamente es ese 91,26% (algo más de 102.000 mujeres) a quien se dirigen las clínicas lusas, algunas de las cuales no han tardado en anunciar esta posibilidad en español en sus webs. La legislación portuguesa, menos expuesta a cambios al haber sido aprobada en referéndum, permite abortar voluntariamente durante las diez primeras semanas del embarazo, un plazo coherente con los datos de Sanidad, que revelan que el 90,23% de los abortos realizados en 2012 se practicaron en las doce primeras semanas de gestación.

Plazos según supuestos y penalización del aborto clandestino

La ley portuguesa, aprobada tras la celebración de un plebiscito en 2007, permite la IVE en las diez primeras semanas de embarazo a petición de la mujer, hasta las 16 semanas en caso de violación -no es obligatorio que haya una denuncia policial-, hasta las 24 semanas en caso de malformación del feto y en cualquier momento del proceso de gestación en los supuestos de riesgo para la embarazada ("peligro de muerte o daños graves e irreversibles para el cuerpo o la salud física o mental") o inviavilidad fetal. Además, para evitar los abortos clandestinos, la legislación contempla penas de hasta tres años de prisión, que pueden ser superiores si se producen lesiones graves o la muerte de la embarazada como consecuencia del proceso.

Los supuestos de violación, malformación, riesgo para la embarazada o inviabilidad fetal pasan por la sanidad pública, en un proceso que comienza en el médico de cabecera, mientras que las interrupciones libres, es decir, las que se realizan hasta la décima semana, son las únicas que pueden llevar a cabo las clínicas privadas. Las más conocidas son la clínica española Los Arcos, que abrió un centro en Lisboa tras la aprobación de la ley en 2007, y Multimédica Lusa, del mismo grupo que la Clínica Multimédica Centro de Salamanca y situada en el municipio de Vilar Formoso, fronterizo con España.

Estas clínicas, que decidieron dar el salto a Portugal siguiendo el reclamo de la legalización del aborto, miran ahora hacia España y a la Ley del Aborto anunciada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado 20 de diciembre. Con la ley todavía camino a las Cortes, estos centros ya están recibiendo las primeras peticiones de información desde este lado de la frontera, según han indicado a Vozpópuli desde un centro luso que practica este tipo de intervenciones.

Un proceso breve y sin trabas burocráticas

La web de Multimédica Lusa indica que "todas las mujeres que lo soliciten tienen los mismos derechos para abortar en Portugal", independientemente de su país de origen. El proceso en las clínicas privadas no excluye a ninguna mujer por su nacionalidad y en el caso de las que procedan de cualquier país de la Unión Europea, como es el caso de España, bastaría con presentar el documento de identidad.

Tras comprobar que la mujer es mayor de edad (en caso de que sea menor, tendría que estar autorizada por su padre, madre o tutor legal) y firmar su consentimiento, la paciente pasa una consulta previa para, entre otras cosas, comprobar que se encuentra dentro del plazo de diez semanas que marca la ley. Tres días después, respetando el periodo de reflexión al que obliga la legislación, se lleva a cabo la intervención.

La IVE se realiza en un día, ya que "hasta la semana diez la intervención es muy simple", explican las fuentes consultadas. El aborto se lleva a cabo por aspiración y con anestesia local. "Las pacientes no pasan más de tres o cuatro horas en la clínica y la intervención dura unos treinta minutos", por lo que las pacientes regresan a su casa el mismo día. Antes de marcharse, el médico da una serie de recomendaciones, la mayoría de ellas orientadas a evitar infecciones tras la intervención pero también consejos sobre anticoncepción. Si lo desean, también pueden recibir apoyo psicológico.

Además de la sencillez legal y administrativa, las clínicas lusas juegan con la baza de la cercanía para conquistar parte del negocio que perderán las clínicas abortivas españolas cuando la ley del Gobierno de Rajoy entre en vigor. Aunque estos centros aún están a expensas de lo que ocurra en las Cortes españolas, ya prevén un aumento del negocio y asumen que podrían convertirse en una salida como lo fue Londes hace unas décadas.


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