Sociedad

El observatorio estatal denuncia la demolición controlada de la Ley de Dependencia en 2012

El año que acaba de terminar ha arrojado cifras que el ministerio de Sanidad alaba como positivas mientras que las organizaciones y asociaciones de dependientes critican la trampa de las mismas. El incremento de personas atendidas en 2012 es diez veces menor que en 2010. 

En la actualidad hay en espera 230.203 personas con prestación reconocida
En la actualidad hay en espera 230.203 personas con prestación reconocida Gtres

Resulta evidente que 2012 ha sido un año plagado de ajustes y recortes en prácticamente todos los ámbitos. La Sanidad y la Educación, hasta ahora llamadas 'líneas rojas' que nadie iba a tocar, no han sido menos. Respecto al primero, y más concretamente en lo referente a la Ley de Dependencia, han sido muchas las voces que se han alzado contra el Real Decreto-Ley 20/2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la cometitividad. Una de ellas es la del Obervatorio estatal para la Dependencia, que en su balance sobre el sistema de atención a la misma habla de una 'demolición controlada de la ley' a lo largo del año pasado. 

Según los datos de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, el incremento de personas dependientes que han sido atendidas en 2012, 18.944 beneficiarios nuevos, ha sido diez veces menor que en 2010, cuando la cifra fue de 197.638. Por ello afirman que las medidas aprobadas por el Gobierno han sido 'crueles y desalmadas', y han supuesto la destrucción y total paralización del sistema, en el que además asegura que no se ha mantenido la tasa de reposición en diez comunidades autónomas. 

"El ritmo actual supone una espera de doce años para poder atender a la total de expedientes acumulados", critican desde el Observatorio

"Sabemos que al ministerio le molesta mucho que se hable de desatención y fallecimientos, pero considerando que en la actualidad hay en espera 230.203 personas con derecho reconocido, el dato de 18.944 incorporados en todo un año supone una espera de doce años para atender a la totalidad de expedientes acumulados. La nueva 'agilidad' (74.000 personas menos en espera) es fruto sobre todo de restringir hasta 2015 el derecho de atención a las personas con dependencia moderada", explican desde la asociación. 

Además, otra de las medidas criticadas ha sido el recorte de 835 millones de euros al sistema eliminando la financiación del nivel acordado, reduciendo un 15% el nivel mínimo que sigue empujando a las comunidades a la imposibilidad de prestar los servicios y pagar las prestaciones.

Sin embargo, uno de los ajustes más criticados y que ha visto su reflejo en las últimas estadísticas de la Seguridad Social ha sido la salida de los cuidadores no profesionales del sistema de cotización. Desde noviembre este colectivo, con un 93% de mujeres, no figura entre los cotizantes, y ya en ese mismo mes la Seguridad Social perdió 85.233 afiliados por este motivo, mientras que en diciembre la cifra ha sido de 63.440, el 71,8%.

Desde el Observatorio destacan además como ‘inútiles y sangrantes’ la reducción del 15% en las prestaciones económicas a cuidadores familiares, la suspensión de la incorporación de los dependientes moderados hasta 2015, el incremento de las aportaciones patrimoniales de los usuarios del sistema de atención, la creación de un plazo suspensivo de dos años para la posible retroactividad de las ayudas económicas, la suspensión de la retroactividad de esas prestaciones para quienes ya se encontraban en situación de generar derechos por las mismas o la eliminación de compatibilidades entre servicios. 

Lavado de cara en noviembre

En el penúltimo mes del año el Consejo de Ministros aprobaba elevar en 117 millones de euros el nivel mínimo de financiación a la Ley de Dependencia para 2012, defendiendo que así el crédito definitivo ascendía a 1.405 millones de euros, 119 más que el de 2011.

Desde la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales lamentan el intento de demagogia del Gobierno, explicando que dicho incremento obedece sólo al obligado cumplimiento de la financiación de las CCAA en función de las personas dependientes reconocidas y atendidas. “De hecho, la lectura técnica es la de la falta de rigor en la previsión, provocando un desfase entre presupuesto y gasto del 8,3% en dicha partida”, defendían.

Sin embargo las cifras parecen seguir una tendencia negativa. Los datos de paro de noviembre ya se veían afectados por los ajustes en el sistema de atención a la dependencia, y la situación no mejoró tampoco en el último mes del año. Mientras la elaboración de estadísticas no permita diferenciar claramente el número de fallecimientos sin haber llegado a recibir la atención, ministerio y asociaciones podrán seguir desmintiéndose mutuamente sobre los datos de cada uno. 


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