Sociedad

La nueva Ley de Tráfico multará con 1.000 euros a los conductores que dupliquen la tasa de alcohol

Conducir duplicando la tasa de alcohol permitida o ser reincidente será multado con 1.000 euros, mientras que el resto de positivos seguirán estando sancionados con 500 euros, como hasta ahora, según la Ley de Tráfico, cuya reforma ha superado este lunes la votación en el Congreso.

La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes la reforma de la Ley de Tráfico, suavizando las multas por consumo de alcohol respecto al proyecto inicial, por lo que finalmente se sancionará con mil euros a los conductores que dupliquen la tasa de alcohol o reincidan, egún han acordado en el último momento el PPy CiU.

Las multas que establecía el proyecto inicial pasaban de los 500 euros actuales a 1.000 euros por dar positivo, mientras que en la nueva redacción esta cantidad sólo se aplicará en caso de dupllicar la tasa permitida, es decir, cuando se dé un gramo de alcohol por litro de sangre. También se aplicará la multa máxima cuando el conductor se niegue a someterse a la prueba de alcoholemia o cuando ya haya sido multado por consumo de alcohol durante el año anterior.

La enmienda transaccional pactada por PP y CiU ha contado con el apoyo de todos los grupos, a excepción del PSOE, que se ha abstenido en la votación. PP y CiU también acordaron la semana pasada establecer en los 16 años la edad hasta la que será obligatorio para los ciclistas el uso de casco en ciudad, a pesar de que la intención del Gobierno era imponerlo hasta los 18 años.

Tras la votación en el Congreso, la Ley de Tráfico deberá pasar al Senado. La aprobación definitiva de la norma supondrá además la puesta en marcha del nuevo Reglamento de Circulación, que no entrará en vigor al menos hasta marzo.

Polémica por la cuantía de las multas

El informe de la ponencia ha sido aprobado en la Comisión de Interior de la Cámara Baja con los votos en contra del PSOE y la Izquierda Plural, en un debate no exento de críticas a la celeridad con la que se ha tramitado en el Congreso un tema que, según la oposición, requería de mayor sosiego al afectar a un número muy importante de ciudadanos.

Mientras que el uso obligatorio o no del casco en ciudad fue el protagonista estrella de otros debates del proyecto, en esta ocasión ha quedado más en un segundo plano y han sido las multas previstas para el consumo de alcohol al volante las que han centrado la sesión. Casi de forma unánime, los grupos han considerado desproporcionada y poco acorde con los tiempos de crisis la propuesta del Ministerio del Interior de duplicar las actuales multas por esa infracción.

Hasta la diputada del PP Concepción Bravo, a la que el resto de los portavoces ha agradecido su trabajo, ha reconocido que el importe propuesto (mil euros) era muy alto y se ha avenido a pactar con CiU la citada nueva redacción. El diputado nacionalista Jordi Jané ha lanzado el guante, que ha recogido el PP, ha hecho hincapié en el "afán recaudatorio" de la idea inicial de Interior y ha insistido en lo que podría suponer desembolsar 1.000 euros a una familia en tiempos no precisamente de bonanza. Un agujero en el bolsillo para muchas de ellas, ha ratificado la diputada socialista Elena Castellano, al recordar que muchos sueldos ni siquiera alcanzan esa cantidad.

Suavizadas ya las multas, los grupos no han podido ver satisfechas otras de sus peticiones, como la del diputado del PSOE Carles Corcuera de no obligar al uso del casco en ciudad o de implantar la tasa 0,0 para los conductores profesionales o noveles. Ni siquiera la de la Izquierda Plural, cuyo diputado Ricardo Sixto ha vuelto a poner sobre la mesa su propuesta de rebajar de los 16 años, ya acordados en el trámite de ponencia, a los 12 como edad límite para que los menores lleven obligatoriamente el casco en las urbes. Joseba Agirretxea ha ido más lejos y ha reiterado su oferta de que sean los ayuntamientos los que tomen la decisión en virtud de sus competencias en las ciudades.

Toni Cantó, de UPyD, ha criticado que se suban las multas mientras bajan las inversiones en infraestructuras y se "deterioran" las carreteras. Y como otros portavoces, ha reprochado que la nueva ley permita que el futuro Reglamento suba el límite máximo de velocidad a 130 kilómetros por hora en determinados tramos y circunstancias de autovías y autopistas. Para Cantó, una herramienta para "salvar del rescate a autopistas en quiebra". "A mayor velocidad, mayor siniestralidad", ha zanjado Sixto.


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