Publicado: 17/03/2013 04:00
Hace casi un mes que el Consejo de Ministros puso negro sobre blanco su intención de atajar las comentadas duplicidades en la administración local, aprobando el anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la misma. Desde entonces, muchos han sido los que han mostrado abiertamente sus dudas ante la viabilidad de la aplicación de la nueva ley, entre ellos la propia FEMP o alcaldes y presidentes autonómicos del mismo signo que el Gobierno. Especial oposición hay en lo referente a la reducción de concejales o al baremo para calcular la remuneración de los alcaldes.
Pero también existen otros puntos de discrepancias, especialmente por sectores. En concreto, en los Servicios Sociales, diferentes asociaciones han venido a alertar del riesgo de la aplicación de la reforma local, en la que se pasará de seguir un principio fundamental de atención a los ciudadanos a un principio rector exclusivamente economicista, como así se recoge en la exposición de motivos del proyecto de ley: "la reforma del artículo 135 de la Constitución española, en su nueva redacción dada en 2011, recoge un principio de estabilidad presupuestaria como principio rector que debe presidir las actuaciones de todas las Administraciones públicas".
Los ayuntamientos pasarán de prestar los servicios sociales a encargarse de evaluar e informar sobre la situaciones de necesidad social
La reforma local supondrá en la práctica que los ayuntamientos y entidades locales perderán la competencia para esa atención cercana que hasta ahora tenían asginada en los Servicios Sociales. Se limitarán a la evaluación de las necesidades y a la 'atención inmediata', mientras que el resto de competencias serán propias de las Comunidades Autónomas o de las Diputaciones Provinciales, que podrán delegarlas expresamente en los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes.
Ésto, traducido al articulado de la reforma propuesta, supone que en el artículo 25 de la actual Ley de Bases de Régimen Local aparezca entre las competencias del Municipio, la "prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social", mientras que en el mismo artículo 25 de la reforma aparece la "evaluación e información de situaciones de necesidad social, y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social". El mismo cambio ocurre en el artículo 26 para los municipios de más de 20.000 habitantes. (En la imagen, a la izquierda aparece la redacción de la actual Ley de Bases, y a la derecha la reforma propuesta).
"Lo que se está intentando hacer es equiparar proximidad con despilfarro. Desde el Gobierno se presupone que aquellos trabajadores sociales que están más cercanos a las necesidades de las personas, actuarán de manera más derrochadora por el hecho de conocer los casos. Por eso quieren trasladar la decisión final a las diputaciones o comunidades, para que sean un mero expediente y sea una decisión técnica, de alguien que sólo lee datos. Se está consagrando a alcaldes y concejales como permanentes sospechosos de ser solícitos con las necesidades de la gente por ser más cercanos", explica José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.
Para Ramírez, la reforma es un atentado contra el municipalismo, y supondrá dejar las competencias de los ayuntamientos en las imprescindibles como suministro de aguas, recogida de basuras, estado de las vías, etc., alejando otras básicas de los Servicios Sociales como la ayuda a domicilio, la promoción comunitaria, el apoyo psicosocial para la integración social, la educación social para la mejora de la convivencia familiar, la pequeña residencia para mayores o la atención para discapacitados hacia el núcleo urbano grande o ciudad más cercana.
"Es una contradicción de los principios ratificados por España en la Carta Europea de la Autonomía Local, ahora los ayuntamientos quedan privados de intervención en material social, poco más que una mera oficina de derivación de casos", matiza.
Consecuencias económicas de la reforma
Uno de los cambios de los que más se quejan los afectados, es el plazo de la transferencia de competencias. El anteproyecto de reforma otorga cinco años para aquellas competencias relativas a Educación o Sanidad, mientras que a los Servicios Sociales les da uno. El carácter inmediato puede verse en la gestión del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales en Corporaciones Locales, en el que el Gobierno ha disminuido su aportación al presupuesto de un 7% en 2012 a apenas un 2% en 2013, y ha anunciado que eliminará la partida para el próximo año.
De las diferentes prestaciones, la más perjudicada será la ayuda a domicilio, que supone casi un 50% del presupuesto total y que podría enviar a 20.000 personas al paro
Esta decisión supone un recorte de unos 532 millones de euros que el Estado dejará de aportar al presupuesto de Sevicios Sociales (que es de unos 1.330 millones de euros en total), y que, para seguir funcionando como hasta ahora, deberían pasar a aportar las Comunidades Autónomas, algo que a día de hoy resulta prácticamente inviable, dado el nivel de ajuste al que se están viendo sometidas para cumplir con el objetivo de déficit. Se da la circunstancia además de que esos 532 millones se recortarán principalmente en prestaciones (dos de cada tres euros se destina a prestaciones, mientras que el tercero es para personal), de la que la ayuda a domicilio será la principal perdedora, ya que supone un 50% del gasto del total de prestaciones, según los último datos oficiales disponibles del Ministerio de Sanidad.
"La ayuda a domicilio, diferente de la del Sistema de Atención a la Dependencia, supone un soporte clave para muchos ciudadanos que necesitan esa atención para poder mantenerse en el sistema. La mayoría de personas que la llevan a cabo son mujeres, en muchos casos suponiendo el único aporte económico con el que cuenta su familia. Este recorte en prestaciones enviará al paro a unas 20.000 personas, auxiliares de hogar, especialmente en este área, y muchos de los 7 millones de personas que cuentan con los Servicios Sociales se verán muy afectados. Se acabará cambiando un modelo de garantía de acceeso a los Servicios Sociales a través de lo público por otro basado en la beneficencia y en la caridad. Las consecuencias las veremos en un tiempo en lo que a cohesión social se refiere ", sentenciaba Ramírez.
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