Sociedad

La Junta de Andalucía convoca oposiciones que luego se suspenden o 'quedan a medias'

Los recortes económicos y los conflictos entre Estado y Comunidades Autónomas se han reflejado también en Andalucía en ofertas de empleo público que finalmente se tienen que suspender una vez aprobadas, o en procesos que permanecen a medias 16 meses después de finalizarse las pruebas. 

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán
El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán Efe

Esta semana ha quedado patente queno son buenos tiempos para el empleo, y el empleo público no iba a ser una excepción. Con convocatorias extremadamente reducidas, incluso congeladas en algunos casos, existen numerosos ejemplos de procesos en los que además de mediar con las dificultades económicas, se ha de lidiar con los conflictos de competencias entre Estado y Comunidades Autónomas y con las diferencias de criterio que ello conlleva. 

La Junta de Andalucía, sin ir más lejos, tiene al menos un par de procedimientos de selección de personal que finalmente no han obtenido el resultado esperado: la incorporación de nuevos funcionarios a sus plantillas, algo que viene arrastrando desde hace un par de años. Uno de ellos es el que pretendía cubrir la oferta pública de empleo de 2010 para el Cuerpo General de Administrativos (Grupo C1) de la Junta de Andalucía, una convocatoria de acceso libre en la que se ofertaban 227 plazas

Después de publicarse en julio de 2011, el proceso de selección culminó con la lista definitiva de aprobados -para lo cual tardaron 11 meses-, y desde entonces, 16 meses después, se mantienen a la espera de una comunicación por parte de la Junta para tomar posesión de su cargo. "La situación empieza a ser desesperante, hemos sacado una plaza y no sé a qué están esperando para llamarnos a firmar. Muchos tenemos hijos, estamos en el paro y con un proceso selectivo aprobado, y nadie nos ofrece una solución, en muchos casos ni nos escuchan", explica Juan, uno de los opositores que sacó la plaza. 

Entre administrativos, letrados, profesionales de Ciencias Sociales y Trabajo y administradores suman 357 personas con el proceso aprobado que llevan 16 meses esperando la toma de posesión

Pero el Cuerpo General de Administrativos no es el único que se encuentra en esta situación, ya que también se están viendo afectados los que aprobaron las pruebas para las 30 plazas de Ciencias Sociales y del Trabajo, las 10 plazas del Cuerpo de Letrados o las 90 plazas del cuerpo de Administradores Generales (Grupo A1). ). “Son 357 familias que aún estamos esperando un movimiento por parte de la Administración”, comenta Juan. 

Para mayor indignación de estos opositores, la Junta aprobaba el pasado tres de abril el Decreto Ley 5/2013 de 2 de abrilpor el que se adoptan determinadas medidas sobre el empleo del personal funcionario interino en la Administración General de la Junta para el mantenimiento de la calidad y eficiencia de los servicios públicos a la ciudadanía. En su artículo primero se explica que los procedimientos de selección de personal interino se efectuarán con respeto a los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, y atendiendo, en su caso, a los colectivos prioritarios que se determinen.

Según argumentan los afectados, al cerrarse el grifo del personal interino, la administración ha buscado la manera de dar prioridad a la colocación de ciertas personassin tener en cuenta los principios básicos de la administración de igualdad, mérito y capacidad.

“En el Estatuto Básico del Empleado Público (Ley 7/2007) se fija un periodo máximo de tres años para resolver un procedimiento selectivo, y nosotros ya llevamos 16 meses esperando. Se nos dice que no hay dinero pero se mete personal externo. Se ha aprobado el concurso de movilidad geográfica por el que los interinos perderían su plaza, pero han sacado el decreto que ayuda a recolocarlos. De hecho, si consultas sus plazas, los códigos de estas personas ‘pata negra’ aparecen bloqueados, y nadie nos recibe. Por eso vamos a manifestarnos el próximo 30 de abril desde la sede de la Consejería de Hacienda hasta el Parlamento andaluz, porque necesitamos una solución”, comenta el opositor para Vozpópuli

Conflicto también con los profesores

Otro de los frentes abiertos que mantiene la Junta de Andalucía es con el colectivo de profesores. En este caso, el problema apunta más a un conflicto de competencias entre Estado y Comunidades Autónomas ante el cual la Junta finalmente ha sucumbido. 

La historia se remonta a la última convocatoria de oposiciones de 2012, cuando el gobierno andaluz consideraba que podía ofrecer 2.389 plazas para profesores de secundaria y FP, superando la tasa de reposición que fijaba el Estado.

La Junta ha suspendido la convocatoria de profesores de secundaria y FP (2.389 plazas) a cuyos aspirantes deben devolver las tasas para publicar este año 592 pero de maestros de infantil y primaria

Después de dos años enfrentándose tanto al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) como al de Mariano Rajoy (PP), y con la convocatoria paralizada desde abril en el Constitucional por el recurso de Hacienda, la Junta publicaba el pasado 4 de abril una Orden mediante la cual ponía fin por causas sobrevenidas, a los procedimientos selectivos para el ingreso en los Cuerpos de Profesores de enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes escénicas y Profesores de Artes Plásticas y diseño, y acceso a los Cuerpos de Profesores de enseñanza Secundaria y Profesores de Artes Plásticas y diseño, convocados por Orden de 13 de febrero de 2012. 

Con esta decisión el gobierno andaluz intenta lograr “las decisiones más beneficiosas para consolidad el empleo público en el sector educativo”. Así este año pretende ofertar 592 puestos respetando escrupulosamente la tasa de reposición de efectivos fijada del 10% - es decir, se cubre una de cada diez vacantes-.

El problema, en este caso, es que las plazas publicadas -328 de 2011, 2.061 menos de las que la Junta pretendía cubrir- y 264 de 2012, son de maestros de infantil y primaria, y no de secundaria y FP como las suspendidas.

Además, hasta la citada orden del 4 de abril, los 36.154 opositores aspirantes no sabían qué había pasado con las tasas de examen que habían abonado y que finalmente deberían devolverse, para lo cual serán ellos quienes deban ponerse en contacto con la administración para facilitar sus datos.

Con esta decisión la Junta renuncia a mantener su argumento de que el propio Estatuto Básico del Empleado Público permite efectuar convocatorias para consolidar puestos estructurales ya ocupados por interinos. Sin embargo, el problema no queda resuelto para el cuerpo de maestros de secundaria y FP que han visto su oposición anulada. 


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