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Sociedad

Nuevos trámites para obtener la nacionalidad: ser español será más caro y difícil para los inmigrantes

Colas de inmigrantes en una oficina provincial de extranjería

Nerviosismo, quejas y prisas entre los inmigrantes que han hecho cola en los registros de muchas ciudades de España a lo largo de esta semana para conseguir regularizar su situación antes de que entrara en vigor la reforma del Registro Civil. Éste ha sido el caso de un joven ghanés, que decidió hacer cola en Madrid durante 28 horas porque asegura que a partir de "ahora todo será muy difícil, requerirá mucho papeleo y será más caro". "Hoy no cuesta nada pero estos trámites pueden suponer hasta 300 euros en total", calcula entre la indignación y la urgencia por obtener la nacionalidad española.

Obtener la nacionalidad española por residencia podrá costar a los inmigrantes hasta 306 euros

Con esta nueva reforma que entró en vigor el pasado jueves 15 de octubre, los inmigrantes dispondrán de una plataforma electrónica a través de cual se realizará la solicitud, lo que permitirá, según señalan los expertos, reducir el tiempo de espera que existía a la hora de conseguir una cita para iniciar los trámites:  "Había registros civiles que podían dar cita para dentro de más de dos años, es decir no podías coger la solicitud hasta pasado ese tiempo y a partir de ahí empezar a contar los meses o años para resolverla", explica María Eugenia Blasco Rodellas, directora Inmigración y China Desk del bufete AGM Abogados. Como contrapartida a este nuevo sistema destaca la abogada de AGM que se necesitan unos conocimientos informáticos y un acceso a internet que no todo el mundo tiene. "No es una cuestión de entro en un ordenador y hago la solicitud automáticamente, se necesitan unas claves y es algo que en un principio no va a ser tan fácil".

Ser español costará entre 185 y 309 euros

Con este nueva reforma del registro civil, los inmigrantes deberán pagar una tasa inicial de 100 euros sólo por iniciar el procedimiento y con independencia de cuál sea el resultado final. De otro modo, no se tramitará el expediente, algo que hasta ahora no ocurría pues la gestión en los registros civiles era gratuita. A partir de ahora su precio puede oscilar entre 185 y 306 euros.

"Hasta ahora se hacían exámenes y entrevistas en cada registro civil que eran muy subjetivos y había bastante disparidad de criterio de unos a otros", apunta la abogada Mª Eugenia Blasco

Otra novedad es que todo aquel solicitante de la nacionalidad española deberá enfrentarse a dos exámenes, que se realizan a través del Instituto Cervantes; un test de conocimiento de la Constitución española, sociedad y cultura y otra prueba de idioma para aquellos inmigrantes que no tengan el español como lengua materna. "Hasta ahora se hacían exámenes y entrevistas en cada registro civil que eran muy subjetivos y había bastante disparidad de criterio de unos a otros o dependía del momento en que se hicieran. Así, ha habido años en el que no se han hecho exámenes, todo el mundo se consideraba prácticamente integrado, a no ser que fueran casos extremos, y en otros tiempos hemos estado viendo denegaciones extrañas como el caso de un ciudadano de Bangladés, delegado sindical y representante de los trabajadores tanto españoles como extranjeros de su empresa que se consideró que no tenía una integración suficiente en España", cuenta María Eugenia Blasco.

Así, el primero de los exámenes es una prueba de idioma en el Instituto Cervantes para obtener el Diploma de español DELE, en un nivel A2 o superior, sólo para aquellos extranjeros que no tengan el español como lengua oficial. La matrícula de este test supondrá un coste de 124 euros, cuyas primeras convocatorias tendrán lugar los días 20 y 21 de noviembre. En el caso de que el solicitante no obtuviera ese nivel de idioma, no podría seguir adelante con los trámites para obtener la nacionalidad española. Los ciudadanos que tengan el español como lengua materna también tendrán que pasar un examen y demostrar sus conocimientos en un test sobre la Constitución, sociedad y cultura española. Se trata de una prueba tipo test de 25 preguntas de las que habrá que acertar 15 y cuya convocatoria exige el pago previo de 85 euros que dará derecho a dos intentos, siempre que el candidato no supere la prueba en un primer examen o no se haya presentado en la primera convocatoria. En este caso, debe presentarse a la segunda convocatoria en el mismo centro que haya realizado la primera y en un plazo máximo de 18 meses desde la fecha de inscripción. El primer examen está convocado para el 29 de octubre. Los menores de 18 años y las personas "con capacidad modificada judicialmente" estarán exentos de pasar estas dos pruebas.

La letrada del despacho AGM abogados ve positivo la existencia de un manual que regule las preguntas que entrarían en el test. "Por lo menos ya sabes qué es lo que te tienes que estudiar, el problema que había hasta ahora es que te podían preguntar la receta de la tortilla de patata hasta cuáles son las funciones del parlamento. Ahora regulado a través del instituto Cervantes existe una garantía de que si uno se quiere preparar, puede hacerlo", asegura. Asimismo, valora muy positivamente que todos los documentos para obtener la nacionalidad española están digitalizados, porque "se va ahorrar mucho tiempo en el proceso, ahora los expedientes estaban en papel, lo que complicaba sus traslados del registro de cada ciudad al central. "Todos esos viajes del papel y la posibilidad de traspapelarlos era lo que provocaba en algunos casos que los expedientes quedaran parados en el tiempo hasta pasado tres o cuatro años, algo que no se veía muy normal", apunta la letrada.

La asociación de Red Acoge cree que estos requisitos supondrán un freno para muchas personas que se encuentran en una situación de grave vulnerabilidad

Por el contrario, la responsable del área jurídica de la asociación de inmigrantes Red Acoge, Inés Díaz, considera que estos nuevos requisitos van a suponer un freno para muchas personas que se encuentran en una situación de grave vulnerabilidad y que aspiren a la nacionalidad para intentar reducir su riesgo de exclusión social ya que los costes que se han impuesto les impedirán acceder a ellos. "Además, al ser una tasa su pago no está sujeto a la concesión de la nacionalidad sino que se tendrá que afrontar con independencia de sí se concede o no", argumenta Inés Díaz. Por su parte, para la abogada María Eugenia Blasco aún quedan flecos por resolver como es el caso de esos inmigrantes que son analfabetos y se encuentran perfectamente integrados en España: "Hay mucho analfabetismo a ciertas edades, sobre todo entre la gente mayor, originaria de algunos países que quizá no puedan demostrar su integración a través de esos exámenes y eso no quiere decir que no se encuentran integrados", señala la abogada.

Largas colas en los registros civiles

Con la nueva ley, que se aprobó en el mes de julio, las condiciones para acceder la nacionalidad española siguen siendo las mismas. Así, se exigirá haber residido de forma legal y continuada en España durante al menos diez años para acceder al procedimiento salvo excepciones: cinco años si el aspirante es un refugiado, dos años si procede de países iberoamericanos, Andorra o antiguas colonias españolas o un año si ha nacido en territorio español, ha estado bajo tutela en España o es cónyuge, hijo o nieto de españoles.

La imagen de largas colas en los registros de varias ciudades de España ha sido constante en la última semana, antes de que entrará en vigor esta normativa, en la que muchos inmigrantes intentaban obtener la nacionalidad española por residencia sin necesidad de pagar las tasas. La asociación Red Acoge apunta que el único beneficio para el Gobierno es el económico: "A la espera de ver cómo se desarrolla esta nueva normativa, no se nos ocurre otro que el recaudatorio", señala Inés Díaz.

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