Sociedad

La Generalitat acusa de estar politizadas a las familias que han pedido escuela en castellano

La consellera catalana d'Ensenyament, Irene Rigau, dice que "hay una militancia muy fuerte en las familias que siguen con la vía judicial".

Irena Rigau, consellera catalana d'Ensenyament
Irena Rigau, consellera catalana d'Ensenyament Europa Press

"Hay una militancia muy fuerte en las familias que siguen con ello" (la vía judicial para que sus hijos sean escolarizados en castellano en Cataluña). "Pero la mayoría de padres no quieren que sus hijos lo pasen mal en la escuela", ha dicho la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau. En una entrevista en la mañana del jueves en la emisora Rac1, Rigau ha confirmado que la Generalitat seguirá adelante con el modelo de inmersión lingüística a pesar de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de este miércoles. Recurrirá la resolución porque considera discriminatorio que se tenga que cambiar la lengua de todo el grupo por una sola petición.

Rigau ha destacado como tan sólo hay 11 familias que siguen adelante con el recurso legal para lograr que sus hijos sean escolarizados en castellano como lengua vehicular. Todo ello, de un total de "600.000 familias que tienen escolarizados a sus hijos en Cataluña". Según ha dicho Rigau, las familias que acudieron primero a la vía administrativa fueron 21, "luego quedaron 17 y finalmente las 11 citadas".

"Enfrentar a un hijo de un padre que quiera que se eduque en castellano con la clase estropea la convivencia"

La consellar catalana ha negado estar ante un tema de nacionalismo o independentismo. "lo que se quiere es romper el modelo de país y de convivencia catalán. Lo que han hecho es lo peor que se puede hacer para un padre que quiera que su hijo haga una materia en castellano, porque enfrentarlo a toda la clase estropea la convivencia". Rigau ha recordado que el inicio de este recurso que ha acabado en la sentencia del Supremo y luego del TSJC fue un ciudadano de origen argentino que, tras 11 años en Cataluña, solicitó en una reunión de padres de alumnos que el profesor hablara en castellano para que todos pudieran entenderle, a lo que éste respondió que "le estaba obligado a hablar en catalán dentro del centro".

Rigau ha dicho que, dado que el ciudadano argentino lelvaba 11 años en Cataluña, "el director tiene todo el derecho a hablar en catalán, aunque si acabara de llegar sería otra cosa". La política de Convergència i Unió ha dicho que con esta sentencia "se pretende residualizar el catalán y residualizar Cataluña" y ha zanjado asegurando que "después de 30 años es imposible que cuando más extendido está el dominio del catalán aparezca esta cuestión".


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